El ministro de Justicia, Rafael Catalá, acabó ayer con los temores de la privatización de los Registros Civiles al destaparse con una propuesta que apuesta, sin ambages, porque sigan siendo públicos.
«Propongo que la llevanza del Registro Civil sea cien por cien pública. Confiando que su atribución, a un determinado cuerpo de empleados públicos, pueda surgir de las negociaciones con las organizaciones sindicales. Pueden ser los letrados de la Administración de Justicia o los que acordemos con los representantes de los trabajadores en esta Comisión», dijo ayer Rafael Catalá a los componentes de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, ante los que compareció ayer tarde-noche.
«Además, también con la idea de crear oficinas generales del Registro Civil que tengan plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia singularizadas dentro de los Juzgados que atienden esta función junto con otras del ámbito civil o penal», añadió.
Según el ministro su compromiso es impulsar un Registro Civil público, gratuito, electrónico, más seguro y operativo.
La propuesta del ministro tiene lugar en el principio de la cuenta atrás, pues en junio de 2017 tendría que entrar en vigor la implementación del nuevo Registro Civil contemplado en la Ley 20/2011, aprobada con el consenso de todos los grupos políticos. De esta forma, Catalá despeja definitivamente la amenaza de la privatización que había sido contestada de un modo muy combativo por los trabajadores de los Registros Civiles y por las organizaciones sindicales.
«Los funcionarios tienen que estar absolutamente tranquilos de que no va a haber ninguna amenaza al empleo, más bien todo lo contrario, continuidad, de un proyecto desde lo público, de un Registro Civil único, actual, telemático y cercano al ciudadano», concluyó sobre este punto.
