La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que preside su presidente, Carlos Lesmes, y de la que forman parte siete vocales, se comprometió el pasado miércoles por la mañana con las cuatro asociaciones de jueces en elaborar un mapa de «puntos negros» de riesgos laborales de órganos saturados para finales del próximo mes de enero.
A la reunión asistieron los cuatro líderes de las asociaciones: Manuel Almenar, por la Asociación Profesional de la Magistratura, Raimundo Prado, por la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Ignacio González Vega, por Jueces para la Democracia, y Concepción Rodríguez, por Foro Judicial Independiente; en los tres últimos casos acudieron acompañados por un compañero de cada asociación.
Ninguno de los vocales de la Permanente faltó, empezando por Nuria Díaz Abad, que ayer jueves estuvo en La Haya apoyando la expulsión del poder judicial turco de la Red Europea de Consejos de la Judicatura, Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya, Rafael Mozo, Mar Cabrejas, Pilar Sepúlveda y Álvaro Cuesta.
El encuentro había sido fijado para el 20 de diciembre próximo pero ante la proximidad de la Navidad, los representantes de las asociaciones propusieron cambiar la fecha; tocó el 7 de diciembre pasado.
«Provisionalmente, si se cumple el compromiso adquirido, el Consejo tendrá, a finales de enero un mapa de ‘puntos negros’ para la salud laboral, en los que serían identificados aquellos órganos saturados que tuvieran una carga de trabajo excesiva», explicaron a Confilegal fuentes de las asociaciones. «El Consejo quiere que no sea un mapa genérico sino que a esas cargas de trabajo se articulen otros factores de riesgo que permitan generar una especie de sistema de alertas».
«Por ejemplo, no es lo mismo un juez que lleva trabajando 20 años que un juez que acaba de salir de una enfermedad y se ha reincorporado. O una mujer que ha cogido una excedencia y que ha estado fuera de la carrera judicial durante varios años y que, al regresar, se encuentra con una carga de trabajo superior al 150», añaden las mismas fuentes.
El Consejo se ha comprometido a elaborar una cargas de trabajo de salidas medias, razonables, para finales de la primavera. Esas cargas serían el referente para fijar la productividad y las de salud laboral.
Hasta ahora el referente de cargas de trabajo de salida son las cifras aprobadas por el CGPJ en 2010, con las que se funciona a efectos disciplinarios. En 2013, el Consejo aprobó unas nuevas pero fueron anuladas por el Tribunal Supremo por defectos de forma ya que no se dio traslado al Ministerio de Justicia.
Por otra parte, el CGPJ y el Ministerio de Justicia se encuentran en negociaciones avanzadas para establecer unas cargas de trabajo de entrada, esenciales para definir la Planta Judicial.
La citada Permanente aprobó, en enero de 2015, un Plan de Prevención de Riesgos 2015-2016, con trece protocolos, que fue elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, de la que formaron parte Martínez Moya, y Sáez y representantes de las asociaciones. En ese plan ya se reconocía la carga de trabajo como un factor de riesgo para la salud y se comprometían en regularla realizan la «medición del trabajo» para «determinar la carga de trabajo que puede soportar un órgano judicial”.
