Juan Ramón Liébana, autor del "Manual sobre Derecho Europeo", que verá la luz próximamente.
Cómo protegerse contra la vulneración de derechos y exigir responsabilidades, un nuevo manual cuenta la manera
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10/12/2016 05:58
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Actualizado: 10/12/2016 02:17
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El derecho de acceso a la justicia es un elemento importante del Estado de Derecho. Permite a las personas protegerse contra la violación de sus derechos, corregir ilícitos civiles, exigir responsabilidades al poder ejecutivo y defenderse en procesos penales. El próximo mes de enero verá la luz el primer «Manual sobre Derecho Europeo relativo al acceso a la Justicia» [se puede descargar pinchando sobre el título], centrado en el acceso a la justicia.
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Consejo de Europa ultiman la publicación un Manual sobre el Derecho europeo relativo al acceso a la justicia, cuya traducción de la edición original en inglés ha sido encargada a Juan Ramón Liébana Ortiz, doctor en Derecho, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Internacional de La Rioja.
Se trata, en definitiva, de un estudio de Derecho procesal europeo y de Derecho comparado que en breve podrá adquirirse gratuitamente tanto en formato papel como en PDF en la librería online de la Unión Europea.
“La oportunidad del manual es indiscutible, pues aborda una cuestión nuclear no sólo del ordenamiento procesal europeo sino de los sistemas de protección jurisdiccional de los Estados miembros. Como es sabido, el acceso a la justicia se configura como un elemento fundamental del Estado de Derecho ya que permite a las personas protegerse contra la vulneración de sus derechos, exigir responsabilidades en el ámbito civil o en el ámbito de las Administraciones públicas, y defender sus derechos en procesos civiles o penales”, indica Liébana.
Para este jurista “este nuevo ‘Manual sobre Derecho Europeo’ relativo al acceso a la justicia resume los principios esenciales de la tutela judicial efectiva contenidos en la legislación y la jurisprudencia europea, y se configura como una guía práctica de referencia para todos los profesionales del Derecho que busquen garantizar el acceso a un proceso con todas las garantías y el derecho al recurso efectivo de quienes se enfrentan a obstáculos para el acceso a la justicia de forma plena y eficaz”.
A juicio de este experto, el Manual, que pretende ser de gran ayuda a tanto para los jueces y fiscales como para los abogados y procuradores que sean parte en litigios dentro de la Unión Europea y en los Estados miembros del Consejo de Europa, tiene por finalidad sensibilizar y potenciar el conocimiento de los estándares en materia de tutela judicial efectiva establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derecho Humanos.
Analisis detallado de jurisprudencia del TJUE y del TEDH
Su objetivo es dar a conocer la normativa adoptada al respecto por la Unión Europea y por el Consejo de Europa, especialmente a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), analizando cuestiones tan diversas como el proceso público y equitativo, órgano jurisdiccional independiente e imparcial y órganos afines, asistencia jurídica gratuita, derecho de asesoramiento, defensa y representación, derecho a un recurso efectivo y limitaciones a la tutela judicial efectiva (tasas judiciales, formalismos, plazos de prescripción, inmunidades, duración excesiva del proceso).
También se analiza el acceso a la justicia europea en determinadas áreas: discapacitados, presos, víctimas de delitos y en casos de Derecho medioambiental y de internet
Del Manual destaca varios elementos, “ en primer lugar, su formato pedagógico y su claridad expositiva, sin renunciar por ello a la precisión requerida para analizar las intrincadas cuestiones jurídicas tratadas. En segundo lugar, resulta un acierto el estudio sistemático y de conjunto de la jurisprudencia emanada tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no ya sólo porque le confiere una aproximación holística al estudio de las diversas interconexiones entre las líneas jurisprudenciales de ambos Tribunales internacionales sino también porque, precisamente por ello, se trata de un Manual eminentemente práctico”.
Con el objetivo de servir como guía práctica, el Manual, editado por la Agencia de los Derecho Fundamentales de la Unión Europea y el Consejo de Europa, no se queda en una mera exposición del acervo comunitario, sino que sistematiza y analiza pormenorizadamente la jurisprudencia relativa al acceso a la justicia resultante de los procedimientos prejudiciales resueltos por el TJUE.
“Debe recordarse, que aunque el derecho de acceso a la justicia se configuró inicialmente como un principio del Derecho comunitario europeo, en la actualidad se encuentra expresamente reconocido en el art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que el Manual también analiza extensamente” indica nuestro interlocutor.
Estudio de cuestiones prejudiciales y su repercusión
Ahora bien, aunque el número absoluto de cuestiones prejudiciales continua aumentando, éstas no se plantean por igual por los jueces de todos los Estados miembros. Y sin embargo, siguen existiendo supuestos en los que una interpretación errónea del ordenamiento europeo da lugar a una situación de indefensión no sólo de ciudadanos individuales, sino incluso de un conjunto de la población, incluso en los países en donde los Jueces y los Abogados tienen una mayor familiaridad con el ordenamiento europeo como ocurre en España.
Así, para ilustrar el desconocimiento que en ocasiones existe del Derecho europeo, el Manual analiza el asunto Aziz (Asunto C-415/11), en donde un abogado español tardó dieciséis años en convencer a un juez de lo Mercantil de que resultaba sensato que planteara una cuestión prejudicial respecto de la legislación procesal civil española (artículos 681 a 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civi), ya que podría vulnerar la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
Como se recordará, el 19 de julio de 2011 el titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona planteó una cuestión prejudicial.
El TJUE concluyó que, en efecto, la legislación procesal civil española conculcaba el derecho europeo y, en aplicación de la Directiva sobre protección de consumidores, permitió al juez nacional suspender una ejecución hipotecaria y examinar las cláusulas del contrato firmado entre el consumidor y la entidad financiera para determinar si eran abusivas.
“El Manual sobre el Derecho Europeo relativo al acceso a la justicia lleva a cabo un análisis de los pronunciamientos más novedosos del TJUE respecto de los procedimientos prejudiciales de los que conoce; lo que también permite constatar un cambio considerable respecto de las cuestiones en que se produce la vulneración de la tutela judicial efectiva. En este sentido, resulta llamativo el incremento del número de asuntos relativos a la vulneración del derecho de acceso a la justicia en cuestiones de Derecho penal o de Derecho de internet, o la violación de los derechos de nacionales de terceros Estados” indica Liébana.
A modo de ejemplo, se recuerda que dicha publicación analiza el asunto Schrems (Asunto C-362/14) desde la perspectiva de las lagunas existentes en la seguridad jurídica del llamado Derecho de internet.
En este famoso caso, el TJUE declaró que la política de privacidad de Facebook viola el derecho a la intimidad de los usuarios según los estándares del Derecho europeo puesto que una normativa que no prevé posibilidad alguna de que el justiciable disponga de las vías jurídicas apropiadas para acceder a los datos personales que le conciernen, o para obtener su rectificación o supresión, vulnera el contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, cuando esa posibilidad es inherente a la existencia del Estado de Derecho.
Además, el TJUE declaró inválida la Decisión 2000/520/CE, de la Comisión, de 26 de julio de 2000, con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la adecuación de la protección conferida por los principios de puerto seguro para la protección de la vida privada, que declaraba que los Estados Unidos de América garantizan un nivel de protección adecuado de los datos personales transferidos al considerar que existe una laguna en la seguridad jurídica de los ciudadanos europeos en los Estados Unidos.
Perfil de Juan Ramón Liébana, un jurista inquieto y volcado a la investigación
Nuestro interlocutor, Juan Ramón Liébana Ortiz es autor de cuatro monografías sobre jurisdicción voluntaria y una sobre las subastas electrónicas (judiciales, notariales y administrativas), y una veintena de artículos doctrinales en derecho procesal civil, penal y laboral en diversas publicaciones científicas en cuestiones como procesos civiles especiales de familia, mediación penal de menores, proceso laboral y tasas judiciales
“Acabo de regresar de una estancia de investigación en el Center for Advocacy & Dispute Resolution de la John Marshall Law School (Chicago, Illinois, Estados Unidos de América), en donde he estado investigando sobre solución extrajudicial de conflictos laborales en Estados Unidos de América para preparar una nueva monografía sobre esta temática”.
Al mismo tiempo señala que “he realizado un estudio sobre el derecho penal de menores y el sistema procesal penal de menores en España para la empresa Progressive Public Affairs, Inc. con sede social en Chicago, Illinois (Estados Unidos de América), con el que realizar presión política en representación de la organización no gubernamental Restore Justice Illinois con la finalidad de que se reforme el Derecho procesal penal del Estado de Illinois para que se reduzcan las penas privativas de libertad de los menores de edad”, concluye.
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