La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha enviado a prisión sin fianza por delitos de terrorismo a Daniel Fernández Aceña, un sicario de los GAL en los años 80, quien tras abrazar la doctrina yihadista y hacer labores de adoctrinamiento llegó a manifestar la posibilidad de inmolarse en un transporte público.
Fernández Aceña, fue condenado por el asesinato del ferroviario francés Jean Pierre Leiba en Hendaya en 1984.
Ahora, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acuerda prisión sin fianza por delitos de terrorismo para Aceña, detenido el pasado martes en Segovia en un operativo en el que ha participado la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil y en el que se registraron una vivienda situada en el barrio de Santa Eulalia y otro inmueble de la localidad de Valsaín.
Entre el material incautado, los agentes han encontrado vídeos «escabrosos», que incluyen imágenes de decapitaciones y que el detenido poseía con el objetivo de «adoctrinar a otros» y continuar con su convencimiento.
En el operativo se detuvo además a una segunda persona para quien también se ha decretado prisión. Fuentes jurídicas han aclarado que este arrestado no tiene vinculación alguna con delitos terroristas y que la magistrada le ha enviado a la cárcel por delito contra la salud pública al encontrar droga en su domicilio.
Natural de Irún, Daniel Fernández Aceña había viajado a Afganistán, Siria y Palestina, «donde dijo haber estado dispuesto a cometer atentados suicidas si hubiera tenido la ocasión», según ha informado el Ministerio del Interior. Había sufrido un proceso de radicalización desde este verano, hasta el punto de que «tenía la determinación de cometer un atentado terrorista».
CONDENADO POR ASESINATO
Fernández Aceña fue condenado por el asesinato del francés Jean Pierre Leiba, que trabajaba en la misma empresa en la que estaba empleado Juan Carlos García Goena, fallecido en 1987 tras activarse una bomba en el coche que conducía en el que fue el último atentado de los GAL.
En 1999, Fernández Aceña admitió ante el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que había espiado a ciudadanos vascos en el sur de Francia y que sospechaba que esos datos pasaban después al servicio de información del Cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo (San Sebastián), en la época en la que era dirigido por Enrique Rodríguez Galindo.
Los investigadores, en coordinación con el Juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional, consideran a Fernández Aceña como un individuo muy peligroso. En su arresto en Segovia ha participado la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, ya que no descartaban que pudiera tener acceso a armas de fuego. También se ha registrado otra vivienda en La Granja (Segovia), donde almacenaba efectos de interés para la investigación. (EP)
