El 25 de Enero de 2023, se produjo el asesinato de Diego Valencia, sacristán de la Iglesia de La Palma, a manos de Yassine Kanjaa, que ha sido calificado por el Ministerio Fiscal, y acusaciones particular y populares como asesinato terrorista, y cuyo juicio está previsto se celebre en la Audiencia Nacional, el próximo mes de octubre.
Junto a la víctima, sus familiares -esposa, ya fallecida, sus hijos, hermanos y nietos-, son, por esa pérdida, víctimas colaterales, y así se ha recordado a lo largo de estos dos últimos años; y esta fecha, será un día triste de recuerdos, al tiempo de tener conciencia de que fue Diego Valencia, fue una persona bondadosa, y un buen padre, y sobre todo, querido por todos quienes le conocieron.
Pero existen otras víctimas colaterales, derivadas de aquel acto terrible, que se hallaban en el momento de la agresión junto a Diego Valencia, en la sacristía de la Iglesia de La Palma.
Son aquellas personas que, en ese lugar, se sintieron amenazados y con la incertidumbre de poder ser ellos los siguientes en ser agredidos tan brutalmente.
Me refiero al padre Rubén, sacerdote de dicha Iglesia, y un grupo de personas -mujeres en su mayoría- colaboradoras en temas eclesiásticos, quienes a consecuencia de tener tan cercano al presunto asesino, si bien no sufrieron lesiones físicas, sí en cambio y más importante, lesiones psíquicas; aún persisten en ellos las imágenes de la ocasión, y tardarán en salir de sus cabezas.
Y mantienen la sensación de que podrían haber muerto, al hallarse indefensos ante una persona violenta, y con la catana amenazadora.
Estas secuelas emocionales, intervienen en su vida cotidiana, y conllevan un estrés postraumático, que no remiten con el paso del tiempo, y se reflejan en la aparición de rasgos de personalidad, al pensar que, pueden suceder los mismos hechos en cualquier momento.
Y es que, tras producirse ese atentado, aparecen de forma inmediata, diversas reacciones psíquicas en quienes lo han padecido, en gran parte debido a la angustia que sufren, y a la ruptura del sentimiento de seguridad de cada uno de ellos.
Son los olvidados, y gran parte de ellos han debido acudir a consultas de profesionales en psicología para tratar de borrar lo vivido. Nadie les ha reconocido su sufrimiento vivido en aquellos instantes, ni cómo se encuentran en la actualidad. Tampoco han querido protagonismo alguno, pero no por eso deben ser olvidados.
Merecen, desde mi punto de vista un reconocimiento público, donde puedan sentir cómo la ciudadanía les apoya y entiendan la situación vivida e imposible de olvidar y eliminar de sus retinas.
La Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del terrorismo, 29/2011, de 22 de Septiembre, contempla, la acción honorífica del Estado, con el fin de honrar a las víctimas del terrorismo; con el grado de Insignia, a los que hayan sido amenazados o salieren ilesos de un atentado. Este precepto podría encajar en el caso que comento, y ser propuestos para ello ante el Ministerio de Interior.
Se haría Justicia, ya que padecieron momentos fatídicos y siguen en la actualidad con las secuelas. Se les ha arrebatado su tranquilidad y sosiego, y ello por pertenecer y practicar la religión católica.
