El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha acordado el ingreso en prisión de la agente de policía municipal Raquel Gago, condenada a catorce años de privación de libertad por su colaboración en el asesinato de la que fuera presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ocurrido el 12 de mayo de 2014.
Así la ha decido el TSJCyL después de que la pasada semana la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estimase la petición del fiscal e incrementase en dos años –hasta los 14 en total-, la pena impuesta a Gago, quien se encontraba en libertad.
Desde el momento en el que reciba la resolución, Raquel Gago dispondrá de un plazo de 72 horas para su ingreso voluntario en prisión.
El incremento de la pena a Raquel Gago responde a su condena por tenencia ilícita de armas, que se suma a la de 12 años de cárcel que le fue impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) como cómplice del asesinato.
Entiende el Supremo en su fallo que también es responsable de tenencia por hacerse cargo del revólver con el que se cometió el crimen.
Por otro lado, el Tribunal Supremo confirmó por otra parte las condenas a 22 y 20 años de cárcel impuestas a Montserrat González y a su hija Triana Martínez por el crimen de Isabel Carrasco.
GAGO AGOTARÁ TODAS LAS VÍAS LEGALES
El abogado de Raquel Gago, Felipe Lozano, ya ha anunciado que que agotará todas las vías legales a su alcance contra la condena que le ha sido impuesta, y precisó que presentará un recurso de amparo ante el Constitucional y además solicitará el indulto al Gobierno.
Tras la condena Gago perderá su empleo como agente de la Policía Local de León después de la sentencia del Supremo, ya que el Ayuntamiento mantenía un expediente de suspensión de funciones vigente hasta el fin del procedimiento judicial, que concluye ahora y conllevará su expulsión del Cuerpo.
En la actualidad, Gago recibía un sueldo de casi mil euros, correspondiente a su salario sin los complementos y ahora deberá devolver a las arcas municipales las cantidades cobradas desde la apertura de su expediente, unos 24.000 euros.
