Josep Jover, el abogado coordinador del grupo de letrados defensores del exteniente del Ejército de Tierra, Luis Gonzalo Segura, en la foto pequeña. Confilegal/Twitter.
Un equipo de 17 abogados prepara el recurso del exteniente Luis Gonzalo Segura ante el Tribunal Constitucional
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09/1/2017 05:59
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Actualizado: 09/1/2017 08:55
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Un equipo de 17 abogados especialistas en ocho disciplinas legales, liderado por el letrado catalán Josep Jover i Padró, preparan ya el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional del teniente expulsado del Ejército, Luis Gonzalo Segura, por una supuesta vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión.
«Tenemos hasta mediados de febrero para presentarlo», explica Jover. «Desde nuestro punto de vista, en el caso del teniente Segura se ha vulnerado, de forma flagrante, el artículo 20 de la Constitución y el artículo 11 de la Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Unión Europea, que no ponen límite alguno a ningún militar que ejerza ese derecho».
«Estamos casi seguros de que el Tribunal Constitucional tumbará nuestro recurso. Tumban el 98,5 por ciento de los asuntos que se les presentan. Por eso nuestro objetivo, una vez que lo desestimen, es presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo», añade.
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo confirmó, el pasado 16 de diciembre, la expulsión del Ejercito del teniente Segura, dictada por el Ministerio de Defensa, por una falta muy grave cometida al realizar reiteradamente actos contrarios a la disciplina y la subordinación a los superiores.
La sentencia recoge como hechos probados que el teniente del Ejército de Tierra, después de cumplir una sanción de dos meses de arresto y con pérdida de destino por dos faltas graves, continuó realizando declaraciones en medios de comunicación contra las Fuerzas Armadas y las autoridades militares.
Una de ellas se produjo, el 14 de octubre de 2014, durante una entrevista en el programa El Intermedio de La Sexta, que presenta diariamente José Miguel Monzón, «El Gran Wyoming», donde acudió con el uniforme reglamentario de teniente en horario de máxima audiencia.
Posteriormente, siguió vertiendo opiniones contra los militares en Canarias 7, en El Día y La Provincia.
Libertad de expresión: piedra angular de la democracia
«El derecho a la libertad de expresión es una pieza angular de la democracia. Sin libertad de expresión no puede existir ninguna democracia. Gracias a ella se puede denunciar la corrupción. Este caso, el del teniente Luis Gonzalo Segura, es un buen ejemplo. Porque lo que se denuncia es la imposición del miedo a no hablar de corrupción en un estamento tan vital como el Ejército. La disciplina militar no puede tapar abusos y corrupción que en los demás estamentos son pura y llanamente delictivos», agrega el abogado coordinador del grupo, formado gracias al esfuerzo de la Plataforma por la Honestidad.
Esta Plataforma se creó para ayudar a Ana Garrido Ramos, la funcionaria que destapó el caso Gürtel en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Madrid, y para impulsar iniciativas legislativas para la protección de los denunciantes de corrupción, conocidos internacionalmente como «whistleblowers».
Actualmente apoya a otros denunciantes, como Roberto Macías, que desveló el caso de los ERE de Andalucía.
Según Jover, el equipo multidisciplinar que ha conseguido reunir esta compuesto por 17 abogados, de los cuales son constitucionalistas Jorge Páez Mañá, exconsejero técnico del Tribunal Supremo, Verónica Luque, letrada especialista en el derecho a la libertad de expresión, Mercé Pigem Palmes, abogada, exdiputada por Convergencia i Unió y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y Alfons López Tena, notario en excedencia, exvocal del CGPJ y exdiputado autonómico por Solidaridad Catalana per la Independencia, los especialistas en derecho del TEDH Jordi Morató Aragonés, abogado, exmagistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, especialista en Derecho Administrativo y consultor internacional en temas de Derechos Humanos y Javier Lanaspa Sanjuán, abogado procesalista.
Y en derecho de la Unión Europea: Carmen Moliné Jorques, y Víctor Almonacid Lamelas, exsecretario Ayuntamiento de Alzira y vicepresidente del Consejo General de los Colegios Profesionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL).
En derecho administrativo, Jover cuenta con Juan Miguel Pulpillo Fernández, abogado especialista en estructura y ciberseguridad en Instituciones, y Pilar Esquinas Rodrigo, abogada administrativista.
Como penalistas tiene a Oriol Rusca decano del Colegio de Abogados de Barcelona y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, José Muelas, homónimo de Rusca en Cartagena, y María Jesús García, jurista de Plataforma por la Honestidad.
En transparencia en Administraciones Públicas destaca Carlos Urrestarazu, exletrado y exdirector de varias empresas públicas; en filosofía del conflicto, tiene a David Companyon, exsecretario de la mesa del Parlament de Cataluña y miembro de la Comisión de Interior del Parlament.
Para cubrir el frente del derecho militar, el propio Josep Jover, quien además de abogado es auditor y especialista en gestión de conflictos, y Laura Pérez Lacueva, letrada penalista y gestora en el mismo campo de Jover.
El grupo se completa con la aportación de Carles Sánchez Ruiz, geógrafo, exsubdirector general de la Policía de Cataluña, gestor de conflictos sociales, como los anteriores, y la empresa Capa8 Tecnologías en Seguridad, especialista en ciberseguridad.
De acuerdo con el abogado coordinador, el exteniente Luis Gonzalo Segura tiene cuatro asuntos pendientes, de diversa índole, aparte del recurso ante el Constitucional, que también serán defendidos por el grupo de letrados.
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