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¿Podrán las redes sociales dejar de ser un canal de expansión para el terrorismo radical?

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YouTube, Facebook, Twitter y Microsoft trabajarán juntas para detectar y eliminar el contenido extremista de sus páginas que fomenta el reclutamiento en el terrorismo islamista. La idea a corto plazo es que compartan información y creen una base de datos con los vídeos e imágenes que promueven el terrorismo. El reto está en que estos grupos terroristas dejen de utilizar las redes sociales en este sentido, cuestión que no será fácil.

Hemos pedido a diferentes expertos que valoren esta colaboración que arrancará este año. Opinan Álvaro Ecija, socio director de EcixGroup, Noemí Britto, socia directora de Legistel, Joaquín Muñoz, socio director área de nuevas tecnologías en ONTIER y Ofelia Tejeria, abogada y directora jurídica de la Asociación de Internautas.

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Para Joaquín Muñoz, “según su propio comunicado, las principales plataformas van a compartir sus bases de datos de “hashes” (una función criptográfica que sirve para realizar búsquedas de manera rápida y comparar dos archivos de manera que se determine si comparten el mismo contenido) que contienen capturas de contenido relacionado con apología o redes de reclutamiento terrorista con la intención de poder así identificar contenidos iguales en cada una de ellas”.

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Joaquín Muñoz, socio director área de nuevas tecnologías en ONTIER.

Para este jurista “ en algunos casos, esto llevará aparejada la eliminación del contenido, en otros, además, la colaboración con las autoridades en caso de que estas lo requieran, pero no de una manera proactiva denunciando a cada usuario o notificando cada contenido”. Desde su punto de vista “esta medida será útil a la hora de limpiar de contenido relacionado con terrorismo que existe actualmente en las redes sociales y que no ha sido identificado o denunciado y esto ya es una buena noticia”.

No podemos esperar, por tanto, que las redes sociales se conviertan en buscadores y delatores ante las autoridades de posibles o potenciales terroristas, seguirá siendo competencia de las autoridades de cada país

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Sobre su viabilidad destaca que “no creo que sea tan útil para detectar y eliminar nuevos contenidos que se publiquen de forma que se erradiquen totalmente de este tipo de redes pero sí que, al menos, servirá para reducir las posibilidades de que usuarios encuentren de forma accidental determinados contenidos y esto les haga interesarse por acceder a mayor información o contenidos similares”.

También señala que por lo que se sabe “en principio no van a tener una actitud proactiva a la hora de denunciar a usuarios que publiquen o interactúen con este tipo de contenido por lo que se van a limitar a seguir colaborando con las autoridades como lo venían haciendo hasta el momento, es decir, a solicitud de estas”.

Pese a esta medida, el socio del área de tecnología de ONTIER aclara que “no podemos esperar, por tanto, que las redes sociales se conviertan en buscadores y delatores ante las autoridades de posibles o potenciales terroristas, sino que seguirán siendo las autoridades de seguridad nacional las que identifiquen estos perfiles de usuario y, tras su solicitud por el cauce legal que cada país tenga previsto al efecto, las redes sociales colaborarán con estos”.

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Acuerdo que no afectará a las políticas individuales de cada empresa

Noemi Britto socia de Legistel “estas medidas pueden generar dudas razonables sobre “si éstas no deberían por el contrario incardinarse en estrategias más amplias y coordinadas de carácter público-privado, o sobre dónde se situaría el límite preciso en cada caso entre el legítimo bloqueo a contenidos o mensajes en línea  y la mera censura de éstos.

Al mismo tiempo habría que estudiar si debería existir exista alguna entidad ajena e imparcial con capacidad suficiente para controlar, revisar y mediar sobre posibles decisiones compartidas de bloqueo o sobre la información que brinda la base común anunciada.

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Noemi Britto socia de Legistel.

Sobre la puesta en marcha ,amén de realizar un comunicado o manifiesto conjunto, también se debería informar de forma necesaria por cada empresa, plataforma o red a sus usuarios acerca de esta posibilidad, por dos motivos fundamentales: el  primero, el de tipo disuasorio, coherente con la  propia finalidad básica pretendida, y el segundo, porque se trata de una medida que afecta a los contenidos y elementos compartidos por usuarios de la red, con independencia de su calificación y/o bloqueo definitivo”.

Debe crearse pronto un debate amplio y profundo capaz de dibujar las líneas maestras de una verdadera coalición público-privada coherente con la ley y con los derechos en juego en esta lucha

En cuanto al alcance de esta medida en común Britto destaca que “parece que este acuerdo no afectará a la aplicación por cada empresa de sus propias políticas y definiciones de contenido terrorista, así como tampoco a sus prácticas de transparencia y revisión para cualquier solicitud gubernamental, conservándose su propio proceso de apelación para las decisiones de retiro y agravios. Tampoco se prevé, con carácter inicial, la compartición de información de identificación personal, ni parece que el contenido coincidente se vaya a eliminar de forma automática”.

A juicio de este experta abogada tic «esta iniciativa, también responde a un intento por parte de estas compañías de adoptar políticas o iniciativas que pudieran aplacar y minimizar los riesgos jurídicos y litigiosidad asociada en aquellos supuestos en que su actuación o pasividad, según se mire, pudiera vulnerar la normativa anti-terrorista que corresponda, o que hipotéticamente pudiera observarse por la autoridad competente una suerte de cooperación necesaria sobre la base de considerar que se trata de un canal que juega un papel fundamental en la posible comisión de ilícitos”.

Como conclusión final “no se puede simplificar esta problemática hasta el límite de hacer pivotar de forma exclusiva sobre empresas privadas la responsabilidad de la lucha en línea contra el terror y el odio. Debe acontecer, y muy pronto, un debate amplio y profundo capaz de dibujar las líneas maestras de una verdadera coalición público-privada coherente con la ley y todos los derechos en juego en esta lucha que, sin duda, concierne a todos y no sólo a unos pocos».

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Cambio de paradigma y búsqueda de soluciones a los ciberproblemas

Para Álvaro Ecija, socio director de ECIXGROUP “una vez más, son las propios sitios o lo que llamo islas normativas (como Instagram o Facebook),  las que tienen el poder legislativo y judicial de resolver si estas manifestaciones tienen la calificación de ser correctas o incorrectas. Esto plantea un dilema ético si por ejemplo Facebook tenga ese poder de calificar lo que está bien y lo que está mal. Además este filtro lo realiza con aplicaciones automáticas y de inteligencia artificial, ya que no hay capacidad humana de leer todos los comentarios de millones de internautas. Y esta actividad de revisión automatizada realizada por robots se podría calificar de CiberJuez”.

Álvaro Écija, socio director de Ecix Group; su despacho destaca en el derecho de las nuevas tecnologías. Confilegal.

Álvaro habla de un cambio de paradigma sin precedentes. “A mi entender, la clave para resolver estos y muchos otros ciberproblemas, pasa por la creación de cibertribunales independientes de las islas normativas que resuelvan estos cibersucesos”. Dese su punto de vista sería mejor que Facebook, crease un cibertribunal independiente y autónomo se evitarían futuros problemas reputacionales».

Este nuevo sistema jurídico futuro debería conformar, a mi entender, el ciber ordenamiento jurídico que ordenada la convivencia pacífica y segura de Internet

En este nuevo contexto, cree que “el Derecho debería comenzar a estudiar los mismos con una visión nueva y sobre todo más innovadora. Y uno de los pilares que habría que definir como un nuevo postulado jurídico sería el del Principio de Virtualidad. Este Principio de Virtualidad debería establecer que el orden jurídico aplicable a las ciberconductas debería conformarse por Cibernormas emanadas de la propia Internet”.

Para este experto “debería superarse el concepto de derecho positivo, entendido como el sistema por el cual el Estado es el órgano creador de Leyes aplicables a un territorio concreto delimitado por fronteras y comenzar a construirse un nuevo derecho, el CiberDerecho.Y en este sentido, la elaboración de este nuevo postulado jurídico podemos validar que sean las propias Islas Virtuales o ciberislas (Facebook, Google, etc.) las creadoras y fuente de las nuevas cibernormas privadas”.

Sobre dichas Islas Virtuales apunta que “deberían también colaborar y ponerse de acuerdo con otras Islas para promulgar nuevas normas “públicas” y generales que ordenen los principales problemas de Internet. Y esta colaboración entre estas cuatro organizaciones es un claro ejemplo de ello. Este nuevo sistema jurídico futuro debería conformar, a mi entender, el ciberordenamiento jurídico que ordenada la convivencia pacífica y segura de Internet, y que sin duda es el gran cambio de paradigma que sufrirá el Derecho en los próximos años”.

Desarrollar una medida de carácter preventivo al crear una base de datos común

Para Ofelia Tejerina “hasta ahora los prestadores de servicios se habían negado a ofrecer información de sus usuarios bajo la “noble” idea de evitar espionajes masivos y preservar la intimidad de sus clientes, pero era (especialmente) por el coste que ello les acarrearía. Ahora parece que plantean una solución viable, una forma de ayudar a combatir el terrorismo desde la Red, eso sí, sin comprometer sus intereses económicos o la confianza de sus clientes. Que lo justifiquen como quieran, el caso es que sea realmente efectivo”.

Ofelia Tejerina, autora del libro “Seguridad del Estado y Privacidad”. Abogada y directora jurídica de la Asociación de Internautas.

Para esta experta autora del libro “Seguridad del Estado y Privacidad”, donde aborda los conflictos entre la potestad del Estado a nivel de seguridad y como puede dañar a ciertos derechos fundamentales, se trata de “una medida de carácter “preventivo”, o eso parece. Con la creación de una base de datos común y algoritmos de detección de contenidos “extremistas”, van a “identificarlos y eliminarlos”. Evitarán su difusión, y conseguirán el objetivo principal: evitar la “creación” de sujetos activos (convencimiento). Lo que no se sabe aún es qué planes tienen respecto a la localización de quienes “utilizan las redes sociales como megáfono global” para este tipo de finalidades.

Plantean una solución viable, una forma de ayudar a combatir el terrorismo desde la Red, eso sí, sin comprometer sus intereses económicos o la confianza de sus clientes

Sobre estas medidas hay que plantearse varias cuestiones, comenta “la primera de las cuestiones que entiendo cabe plantearse, si el proyecto prevé medidas de investigación del verdadero origen de los contenidos. Una segunda cuestión, es evidente, la de “qué se considera contenido terrorista y qué no”, porque los criterios no siempre son los mismos entre los diferentes países, ni siquiera dentro del mismo, pongamos por ejemplo las ridículas, e incluso groseras, dificultades que tienen algunos en España para distinguir entre contenido “político” y “pro-etarra”.

Y por último, “la tercera cuál es la finalidad última de la interceptación de estos contenidos. Si son almacenados (fuera del alcance de los internautas, se entiende) para ponerlos exclusivamente a disposición de las autoridades para este tipo de investigaciones, que es lo deseable y lógico, o si los Gobiernos podrán exigirlos para otros pretextos”.

Respecto a los riesgos, apunta algunos “la modificación intencionada de algoritmos para deformar los resultados de la captación de contenidos, su calificación, o la identificación de responsables. Estoy pensando en la existencia de falsos ciberactivistas que quieran tomarse la justicia por su mano. Y estoy pensando, totalmente de acuerdo con estos ISPs, en que se “echa de menos un organismo imparcial que monitoree la base de datos”.