Las últimas declaraciones del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro han tranquilizado a nuestro tejido empresarial. Desde CEPYME, patronal de las pymes, se pide, no obstante, que se avance más en materia de morosidad y se generalice mantener los aplazamientos de los pagos de las obligaciones tributarias de pymes y autónomos.
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) valora positivamente el anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de penalizar fiscalmente a las empresas que demoren sus pagos por encima de los 60 días que establece la Ley.
En este sentido, la entidad que preside ahora Antonio Garamendi recuerda que la elevada morosidad tanto pública como privada tiene efectos adversos para la actividad empresarial, especialmente en el caso de las pymes, ya que supone una merma de recursos financieros y un deterioro de su competitividad y de la capacidad de inversión y de generación de empleo.
Desde hace más de tres años, la Confederación viene impulsando una estrategia de lucha contra la morosidad, entre cuyas propuestas figura la penalización a los agentes que incumplan los plazos de pago.
El propio Garamendi ha reclamado en diferentes comparecencias que se bajen las cotizaciones sociales de nuestro país a un nivel similar al de países europeos. Sin ello ha indicado que las subidas salariales son complicadas de realizar. También se ve con preocupación la subida de impuestos y la necesidad de crear empleo para mantener el sistema de pensiones sabiendo que el 75 por cien de las empresas españolas son pymes.
Desde CEPYME se indica que es imprescindible, además de la adopción de estas medidas fiscales, se diseñe e implante un efectivo y objetivo régimen proporcional de infracciones y sanciones, que sirva de instrumento disuasorio para combatir, a corto plazo, el retraso intencionado de los pagos. Este régimen sancionador es especialmente importante en los casos en los que se produce un abuso de posición dominante en el mercado.
Asimismo, desde la misma organización empresarial se propone que se tipifiquen como actos desleales, según la Ley de Competencia Desleal, la inobservancia grave de los plazos de pago legal o contractualmente exigibles y de los Códigos de buenas prácticas voluntariamente asumidos. Hay que darse cuenta que la morosidad empresarial, sobre todo a nivel de administración pública ha hecho que muchas empresas tuvieran que cerrar.
Garantizar el cobro de los pagos
Por lo que respecta a las Administraciones Públicas, CEPYME considera imprescindible que, junto con las medidas extraordinarias de liquidez para la financiación de dichas administraciones, se apliquen de manera efectiva las actuaciones preventivas, correctivas y coercitivas destinadas a garantizar el cobro por parte de los proveedores de dichas administraciones, establecidas en la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.
En esta misma línea, CEPYME presentará distintas enmiendas a la Ley de Contratos del Sector Público, con el objetivo de reforzar jurídicamente la facultad de comprobación de las Administración contratante respecto del cumplimiento de los pagos que los contratistas hacer a los subcontratistas o suministradores, penalizando el acceso a la contratación pública de quienes incumplan este requerimiento.
Obligaciones tributarias de pymes y autónomos
Por otro lado, CEPYME acoge también con satisfacción el anuncio del ministro Cristóbal Montoro sobre el mantenimiento para las pymes y los autónomos de la posibilidad de aplazar o fraccionar sus obligaciones tributarias. CEPYME reclamó el mantenimiento de la posibilidad de recurrir a estos aplazamientos en el documento de valoración de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno en diciembre del pasado año.
Tal como señaló la Confederación, la aplicación de manera indiscriminada de la restricción de esta posibilidad afectaría particularmente a las empresas de menor dimensión, que son las que tienen mayores dificultades de acceso a la financiación necesaria en muchos casos para cumplir con sus obligaciones tributarias.
Para CEPYME, la intención del ministerio de Hacienda, adelantada por su titular, de trabajar en un procedimiento para evitar que empresas que tienen una facturación más baja, como es el caso de pymes y autónomos, no se vean afectadas por la imposibilidad de aplazar el IVA resulta esencial y solicita que esta excepción se amplíe a todas las figuras impositivas que afectan a la actividad de las empresas de menor dimensión.
