El Gobierno ha pactado con el PSOE que el Real Decreto sobre las cláusulas suelo obligue a los bancos a pagar dentro del plazo de 3 meses a los afectados por este tipo de cláusulas hipotecarias y a que informen a todos sus clientes del proceso extrajudicial al que pueden acudir. Así se recogerá en el texto que previsiblemente se aprobará el Consejo de Ministros de este viernes.
No obstante, los consumidores que firmaron este tipo de cláusulas hipotecarias podrán acudir a la vía judicial si lo desean y con carácter general las entidades financieras no se verán eximidas de pagar las costas del juicio.
Así lo han confirmado en rueda de prensa los el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, y la presidenta de la Comisión de Justicia, Margarita Robles.
El Grupo Socialista se abstendrá en la votación de la convalidación del real decreto ley cuando llegue a la Cámara Baja tras su aprobación en el Consejo de Ministros, tras haber sido aplazada su aprobación por el Gobierno en dos ocasiones para poder llegar al consenso en su tramitación con los socialistas, puesto que ya contaba con el apoyo de Ciudadanos.
Saura ha explicado que se trata de un mecanismo extrajudicial «rápido» y «transparente», que no implica ningún tipo de quita para el consumidor, obligatorio para todas las entidades financieras y voluntario para los usuarios, que siempre podrán acudir en última instancia a los tribunales.
En este sentido, ha celebrado que tras un mes de negociación el Gobierno haya realizado cambios en el decreto ley presentado en un primer momento. Con ello se consigue que se consoliden todos los derechos de los consumidores, frente a los anteriores textos del mecanismo, «desequilibrados en favor de las entidades financieras».
Así, ha explicado que los bancos tendrán que informar a todos los consumidores que tengan una cláusula suelo la opción de acudir al procedimiento extrajudicial, con previsión expresa y desglosada de los correspondientes intereses de demora, ha precisado Saura.
Las entidades están obligadas al establecimiento de un procedimiento para atender las reclamaciones de los consumidores al objeto de facilitar el acuerdo extrajudicial.
15 DÍAS PARA ANALIZAR LA PROPUESTA DE LA ENTIDAD
El procedimiento de reclamación extrajudicial tendrá carácter gratuito y contempla un plazo máximo de tres meses para poder alcanzar el acuerdo, con lo que no haría falta acudir a la justicia.
Esto permite evitar una avalancha de demandas en los tribunales que «colapsarían los órganos judiciales«, ha señalado Robles, quien ha precisado que los usuarios dispondrán de 15 días para estudiar la propuesta de la entidad y tomar una decisión.
Cualquiero tro acuerdo entre las partes, como por ejemplo la devolución mediante amortización parcial del capital del préstamo, tendrá carácter subsidiario y dependerá de la aceptación expresa y por escrito del cliente, en documento parte, con las debidas garantías de transparencia e información.
PAGO DE COSTAS Y ÓRGANO DE SEGUIMIENTO
En cualquier caso, Saura y Robles han asegurado que no exime con carácter general a las entidades de crédito del pago de costas si la reclamación finalmente termina en los tribunales. Si el consumidor obtuviese una sentencia más favorable que la oferta recibida de las entidades de crédito, el juez podrá imponer a estas la condena en costas.
En el ámbito fiscal, las cantidades devueltas no estarán sujetas al gravamen por IRPF, ya sea por este procedimiento o por la vía judicial.
Los excesos que pueden aflorar como consecuencia de la devolución en la deducción por adquisición de vivienda habitual o en relación con gastos que hayan tenido la consideración de deducibles no devengarán intereses de demora, recargos ni sanción de ningún tipo.
El real decreto que ultima el Gobierno, consensuado con Ciudadanos y el PSOE, creará una Comisión de Seguimiento y Evaluación de las reclamaciones efectuadas que podrá proponer las medidas a su juicio necesarias para impulsar una correcta implantación del mecanismo extrajudicial.
En este órgano estarán representados los consumidores, la abogacía y el Ministerio de Economía y Justicia, tal y como reclamaba el PSOE.
SE PODRÁ RECLAMAR EN CUALQUIER SUCURSAL
Por su parte, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se ha mostrado satisfecho porque su formación ha logrado introducir varias de sus reivindicaciones como que los afectados puedan recuperar en efectivo el dinero pagado indebidamente y reclamar ante cualquier entidad.
También ha destacado la importancia de que la banca asuma las cosas del proceso si pierde en los tribunales, que las entidades estén obligadas a informar a los afectados y no puedan cobrar recargos ni intereses y que los usuarios de banca estén presentes en el órgano de control del arbitraje.
