«Lo advertimos al comienzo de esta legislatura. La situación de las sedes judiciales en la Comunidad de Madrid es penosa e insostenible. El incendio de las dependencias de Torrejón de Ardoz ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ahora hay que actuar. Estamos casi a la mitad de nuestro mandato y lo que no se hace en los primeros dos años no sale. Por eso a Ángel Garrido, al consejero de Justicia se le está acabando el tiempo para actuar, para solucionar el problema de las sedes judiciales «. Son declaraciones de Pilar Llop, la diputada regional del Grupo Socialista y magistrada en servicios especiales en Madrid.
Precisamente por su condición de juez, Llop es uno de los diputados regionales que mejor conocen la situación de la Justicia en la Comunidad de Madrid, región que tiene las competencias en esta materia transferidas. Le corresponde al Gobierno autonómico -y tiene la obligación- de dotar de los medios necesarios y apropiados, y de mantenerlos, a la Justicia madrileña.
«Lo más preocupante de todo es la inactividad del consejero Garrido. Porque esa inactividad pone en peligro la vida e integridad de los usuarios y trabajadores de los órganos judiciales», añade Llop.
La diputada del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid recuerda que al comienzo de la actual Legislatura propusieron la creación de una comisión de estudio de las sedes judiciales con el fin de conocer y analizar su estado actual a través de una auditoría en profundidad.
Ni el PP, ni Podemos, ni Ciudadanos apoyaron la propuesta y quedó en vía muerta.
«Ahora Ciudadanos propone un Pacto por la Justicia en Madrid. No vamos a criticarles. Sin embargo, el Pacto que proponen retrasaría todo varios meses. Nos iríamos a 2018. Ni nosotros ni los ciudadanos madrileños nos lo podemos permitir. No es realista ni posible. Lo que se precisa ahora es tomar decisiones rápidas y urgentes. El riesgo de que pueda repetirse lo de Torrejón es latente. La situación de las dependencias judiciales en la Comunidad de Madrid es tercermundista», explica.
Hay que hacer algo
De cualquier manera, PSOE, Ciudadanos, los 21 jueces decanos, las cuatro asociaciones de jueces, el Colegio de Abogados de Madrid y los sindicatos de funcionarios ya se han pronunciado públicamente para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haga algo.
Las organizaciones sindicales ya han ido más allá, pidiendo públicamente la dimisión del consejero.
Con sus representantes –Juan José Carral (CSIF), Felicidad López (CC.OO.), Jesús Vicente Santos (UGT) y Alberto García (STAJ)- se reunió ayer la «diputada-magistrada» para estudiar la situación y las soluciones a la crisis de la justicia madrileña.
«Nos trasladaron su gran preocupación ante esta situación de inactividad de la Consejería de Justicia. Llegamos a la conclusión de que no hay otra que cambiar este estado de cosas. Si la Justicia funciona en Madrid es gracias al esfuerzo desinteresado, y muchas veces altruista y desinteresado, de los trabajadores, hombres y mujeres. Pero una cosa es trabajar duro y otra cosa poner en peligro su salud y su seguridad porque a quien corresponde no pone los medios necesarios», cuenta Llop.
«Lo de Torrejón, vuelvo a decirlo, se puede repetir, con consecuencias más graves, como bien han señalado los 21 jueces decanos, las asociaciones de jueces y los sindicatos. Garrido tiene la obligación de prevenirlo, porque es su deber. La Justicia tiene que dejar de ser invisible para Garrido, que es, en realidad, consejero de Presidencia y Portavocía, sin Justicia. Si no se dota de medios suficientes y adecuados a la Justicia de Madrid se está poniendo en peligro la propia democracia», concluye la diputada socialista.
