La Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado a favor de reabrir el caso de la caja B del PP para imputar al exdueño de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo y a Francisco Correa, en vista de las confesiones que hicieron en el macrojuicio de Gürtel apuntando al pago de comisiones por adjudicaciones.
La ampliación de la investigación fue solicitada por dos de las acusaciones populares personadas en distintas piezas de la trama Gürtel (Izquierda Unida y Adade), después de que el empresario Francisco Correa revelara nuevos datos sobre comisiones pagadas por constructoras como OHL o ACS durante el juicio por la primera época de actividades de la red (1999-2005).
Así lo han confirmado fuentes fiscales, que han señalado que la reapertura ha sido solicitada ante el Juzgado Central de Instrucción 5 por el fiscal Antonio Romeral, a la vista de las declaraciones de Correa y para la práctica de nuevas diligencias de investigación.
El líder de la trama detalló durante su declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga junto a otras 36 personas que empresas como OHL, ACS y Dragados recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros. A cambió, aseguró que tras intervenir en la concesión de «muchas obras, ni en 10, ni en 20, ni en 30», abonó comisiones de entre el dos y tres por ciento al extesorero del PP Luis Bárcenas.
«Eran carreteras, autopistas, obras del AVE, de Medio Ambiente, diferentes…», explicó, al tiempo que indicó que con esta práctica «ahorró mucho dinero al PP». «No sé si 1.000 millones o más o menos», dijo y precisó que entregaba el dinero a Bárcenas en la sede del PP, en la calle Génova, o en su casa y que el exgerente se encargaba de gestionar la cuestión con el Ministerio «correspondiente».
PETICIONES DE DECLARACIONES DE ANTICORRUPCIÓN Y ACUSACIONES
Ante estas afirmaciones, el pasado mes de octubre, IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) remitieron sendos escritos al juez instructor en los que se reclaman que se investiguen estas declaraciones. Además, pidieron la citación del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, del propio Correa, Bárcenas y de los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asíns –se acogió a su derecho de no declarar durante la instrucción–, Plácido Vázquez –quien también intermedió, según dijo el ‘cabecilla’ de Gürtel– y Rafael Palencia.
También interesaron que se remita oficio a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, para que envíe testimonio de las declaraciones prestadas durante la vista oral relativas al presunto pago de estas comisiones.
Por su parte, Anticorrupción se adhiere a la petición de que declare todas estas personas como imputados en los ‘papeles de Bárcenas’, salvo el caso de Villar Mir, Bárcenas y Palencia.
Las constructoras anunciaron que interpondrán querellas contra Correa por estas declaraciones que aseguras que son falsas. En sendos comunicados, OHL aseguró que «no ha pagado comisiones ilegales ni ha tenido relación alguna» con este empresario y que iba a defender el «buen nombre y reputación de la empresa, labrados tras décadas de trabajo y siempre con escrupulosa observancia de la legalidad».
ACS y Dragados (que se integró en el grupo en diciembre de 2003) tacharon las afirmaciones del líder de la Gürtel de «notoriamente falsas» y negaron haber pagado a «él o a cualquiera otra persona para que se hicieran adjudicaciones a su favor, ya sea en el Ministerio de Fomento o en el de Medio Ambiente o en cualquier otro».
‘CAJA B’ DURANTE 18 AÑOS
La instrucción de los ‘Papeles de Bárcenas’ concluyó el pasado 23 de marzo de 2015 cuando el entonces juez instructor Pablo Ruz, al considerar que está acreditado que el PP «se sirvió durante 18 años» –desde 1990 hasta al menos 2008– de varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entrada y salida de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal Cuentas.
En un auto de 190 folios, el juez concluyó que existen «indicios sólidos y fundados» para llevar a juicio a los extesoreros ‘populares’ Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta –exonerado de cualquier responsabilidad en el juicio de la primera época de Gürtel por demencia sobrevenida–, y al exgerente Cristóbal Páez por delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida.
Ruz consideró al PP responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y el pago en negro de 1.552.000 euros de las obras de su sede a la empresa Unifica y propuso juzgar a otras tres personas, los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero, a los que le atribuyó, además del delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental.
El juez apuntó que en el «plano indiciario» el PP sería «responsable» de un delito contra la Hacienda Pública por «no haber presentado la declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2008», pues esas donaciones, que superaban el millón de euros, «no cumplían con los presupuestos, requisitos y limitaciones, tanto formales como materiales, establecidos en la normativa vigente reguladora de la financiación de los Partidos Políticos».
Y, consideró a los extesoreros del PP «incorporaron al patrimonio del primero determinados fondos de la formación política que fueron empleados para la suscripción de acciones en la ampliación de capital de Libertad Digital». (EP)
