El juez turco, Aydin Sefa Akay, para el que la ONU pide su inmediata liberación.
La ONU exige a Turquía que libere a un juez del Tribunal para la exYugoslavia y Ruanda
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07/2/2017 05:59
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Actualizado: 06/2/2017 20:30
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El presidente del Mecanismo de las Naciones Unidas para los Tribunales Penales Internacionales (MICT) que en la actualidad sustituye a los dos tribunales de la exYugoslavia y Ruanda ha reclamado al Gobierno de Turquía que cese todos los procedimientos legales contra el juez, Aydin Sefa Akay, actualmente encarcelado, y que tome las medidas necesarias para garantizar su liberación, antes del 14 de febrero para que pueda reintegrarse en sus funciones judiciales en el MICT en el caso Ngirabatware.
Este juez lleva en prisión desde el 21 de septiembre acusado de estar relacionado con el golpe de Estado en Turquía, a pesar de que al ser miembro del MICT tiene la inmunidad que le otorga el Estatuto del tribunal. El ministro de Justicia turco niega tal condición de inmunidad.
“El caso del juez Aydin Sefa Akay es una muestra de la falta de respeto del Gobierno de Erdogan con la independencia judicial, principio mínimo de la separación de poderes consustancial con las democracias occidentales”, han comentado a Confilegal fuentes judiciales de nuestro país.
A más tardar, el 14 de febrero de 2017 el magistrado debe estar en libertad para que pueda reanudar su trabajo en el caso Augustin Ngirabatware.
El decreto del organismo de la alta institución obliga a Turquía en virtud de la Resolución 1966 (2010) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exige que todos los Estados cumplan las órdenes dictadas por el Mecanismo.
El ministro de Justicia de Turquía, Bekir Bozdag, ha negado que el juez Aydin Sefa Akay, tenga inmunidad diplomática y no pueda ser procesado por su presunta vinculación con la intentona golpista de julio de 2016, según declaró al periódico Hurriyet, información que ha recogido Europa Press.
Añadió Bozdag: “Cuando examinas los artículos, cuando realizas evaluaciones, está muy claro que este juez no tiene inmunidad diplomática». Anunció asimismo que el Gobierno solo colaborará con los países y organizaciones que reaccionen solidariamente con los acontecimientos que han tenido lugar en Turquía y tomará medidas contra quienes lo hagan de forma negativa.
El fallido golpe de estado de Turquía dio lugar a una represalia salvaje que abarcó todos los ámbitos, incluido el judicial.
Más de 2.700 jueces y fiscales fueron detenidos el sábado 16 de agosto de 2016 horas después de evidenciarse el fracaso del golpe. En el escrito de acusación consta la ley que los sospechosos habrían vulnerado, “pero no se dice qué exactamente han hecho, ni se aporta prueba alguna, ni siquiera hay un dossier individual, sólo hay un supuesto delito y una lista de nombres de personas acusadas de haberlo cometido” según denunciaron entonces los abogados de los detenidos.
Días después, la información oficial indicaba que 1.700 profesionales de la Justicia habían pasado a prisión preventiva.
Multitud de jueces turcos siguen aún encausados y presos sin que se conozcan con exactitud las cifras y entre ellos se cuentan jueces internacionales como el magistrado Akay
Inmunidad diplomática
De acuerdo con el Estatuto del Mecanismo -que fue aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el apoyo de Turquía que era entonces miembro del Consejo – los magistrados del Mecanismo gozan de los privilegios e inmunidades otorgados a los enviados diplomáticos en virtud del derecho internacional cuando participan en el MICT .
Esto es así aun cuando ejerzan sus funciones en su país de origen. Por ese motivo el Secretario General de Naciones Unidas declaró formalmente la inmunidad diplomática del Magistrado Akay a las autoridades turcas pidiendo su liberación inmediata.
La orden fue emitida por el juez Theodor Meron, presidente del Mecanismo y juez presidente del caso Ngirabatware quien subrayó que «la inmunidad diplomática es una piedra angular de un poder judicial internacional independiente, tal como lo prevén las Naciones Unidas».
El MICT rechazó la propuesta de la Fiscalía de sustituir al juez Akay por el caso Ngirabatware, afirmando que «decir que el juez Akay puede ser reemplazado fácilmente para facilitar el proceso judicial -en esta etapa inicial y antes de que se agoten otras vías- es decir que no valoran la independencia judicial ni la justicia».
Según la Orden, reemplazar al juez Akay como primera medida en vez de última “tendrá un efecto desalentador en la administración de justicia porque permitiría la interferencia de un autoridad nacional en la tramitación de un caso y el ejercicio de funciones judiciales».
Augustin Ngirabatware, ex ministro de Planificación de Ruanda, fue condenado a 30 años de prisión por cometer incitaciones directas y públicas a cometer genocidio e instigar y ayudar y fomentar el genocidio. El 8 de julio de 2016, Ngirabatware presentó una solicitud de revisión de su condena sobre la base de nuevos hechos que afirma pueden exonerarlo.
A causa de la detención del juez Akay, los procedimientos en el caso se han detenido. Se ha denegado además la solicitud de Ngirabatware de «liberación temporal provisional» que había solicitado en vista del presunto retraso indebido en el proceso de revisión causado por el arresto y la detención del juez Akay. Esta decisión requiere un pleno de la Sala de Apelaciones.
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