El juez instructor de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar como investigados los días 16 y 13 de marzo al al exgobernador del Banco de España (BdE), Miguel Ángel Fernández Ordoñez, y al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, respectivamente, en el marco de la investigación de la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011.
El 13 de marzo comparecerá también el exsubgobernador del BdE, Fernando Restoy.
Esta citación tiene lugar después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ordenase a Andreu, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que instruye el ‘caso Bankia’, que citara a declarar, como investigados a los responsables del Banco de España y de la CNMV, que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y posterior salida a bolsa.
Los magistrados de la sala tomaron esta decisión al admitir parcialmente el recurso de la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), cuya dirección letrada está a cargo del abogado y exlíder de UPyD, Andrés Herzog, contra el auto del juez Andreu que rechazó la práctica de una serie de diligencias solicitadas en el marco de la investigación por la salida a bolsa de la entidad financiera.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal analizó la testifical y los 4 correos electrónicos aportados en la causa del inspector del Banco de España José Antonio Casaus y calificó de «razonable» y «razonada» la pretensión de la CIC sobre la base de la existencia en este procedimiento de indicios «múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados».
En el auto que se dio a conocer este lunes, los magistrados consideran que la declaración de los responsables de ambas entidades en el momento de la constitución de BFA-Bankia y su posterior salida a bolsa porque ellos la autorizaron «pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del BdE de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)».
A raíz de la decisión tomada por el tribunal de la Audiencia Nacional, tres altos cargos, igualmente investigados, presentaron su dimisión. EP.
