Confilegal ya lo adelantó el pasado mes de diciembre. La decisión del la Sección 17 de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid de apoyar la inhibición de la querella por falsedad en documento público -interpuesta por la Asociación para la Defensa del Procurador (ADP) contra 17 miembros de la Junta Directiva del Colegio de Procuradores de Madrid- , del Juzgado de Instrucción 52 al 30 suponía su archivo.
Y así ha ocurrido.
Jorge Israel Bartolomé Moriano, titular del 30 de Instrucción, ha aceptado, primero, la inhibición, y, segundo, ha decretado su sobreseimiento provisional y archivo. Por segunda vez.
«No ha lugar a la reapertura de las mismas [diligencias previas] manteniéndose el sobreseimiento provisional y archivo de la causa decretado», dice el auto suscrito por el magistrado y que lleva fecha de 14 de febrero.
A su entender, no ha lugar a reabrirlas porque no se han aportado nuevas pruebas.
«No procede la reapertura interesada, por no aportarse nuevos indicios que justifiquen la presencia de elementos novedosas que no fueran ya considerados, o que por su suficiencia y contundencia, desplieguen tales efectos como para neutralizar las consideraciones en las que se basó este órgano judicial para decretar el sobreseimiento con base en actos de instrucción practicados de manera personal», se puede leer en el documento oficial.
De acuerdo con el Colegio de Procuradores de Madrid, que ha hecho público un comunicado oficial, «Dicho auto viene a ratificar que el Colegio actuó en todo momento dentro de la legalidad, lo que avala jurídicamente las tesis del Colegio de Procuradores de Madrid y desmonta, de una vez por todas, la persecución indiscriminada de siete miembros que se han atribuido el carácter nacional contra los órganos rectores del Colegio de Madrid».
El Colegio avanza, asimismo, que «ejercitará de manera contundente todas las acciones legales en su mano para perseguir a la ADP, que ha querido manchar sin éxito el nombre del Colegio y la de sus miembros».
Para Gabriel María de Diego Quevedo, decano del mencionado colegio, «esta resolución restituye el enorme daño personal y profesional causado a los querellados y a la profesión, y subraya el desmesurado afán incriminatorio de los querellantes”.
