Hace unos días conocíamos la posible intención manifestada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) de modificar el sistema de costas judiciales actual y la publicidad en el sector.
Creo que esta batería de propuestas del CGAE está influenciada por presiones de los bancos y del poder político y va directamente en contra de los intereses de los abogados, además de estar diseñada especialmente para intentar dañar a las empresas que defendemos de forma masiva y accesible los intereses de los consumidores.
En reclamador tenemos mucha experiencia en la defensa de los derechos de los consumidores frente a bancos, aerolíneas, operadoras de telefonía, etc, y creemos que, más que limitar las costas, como se ha insinuado, lo que hay que hacer es aumentarlas.
Y por aumentarlas no me refiero a la cuantía, sino a otro tipo de procesos. En reclamaciones de cantidad inferiores a 2.000 euros con el actual sistema no hay costas, salvo que se condene por temeridad, lo que es infrecuente.
En nuestra experiencia, en reclamaciones a aerolíneas (casi siempre inferiores a esa cantidad) nos hemos visto obligados a llevar al juzgado el 90 por ciento de nuestros casos.
El dato no deja lugar a dudas.Hay que recordar que, según el propio CGAE, cada proceso de escasa cuantía le cuesta al sistema (es decir, a los españoles) unos 1.300 euros. La cuantía media en nuestros pleitos frente a aerolíneas viene a estar en unos 700.
Mención específica para los pleitos frente a la Administración, donde no existen este tipo de costas.
Me refiero por ejemplo a pagar impuesto de plusvalía cuando se ha vendido una vivienda con minusvalía, o a pagar impuestos basados en valores no fundamentados por la administración tanto en compra-venta de viviendas como en herencias.
La Administración (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos…) es consciente de que está incumpliendo la jurisprudencia pero continúa aún así recaudando y quién quiera recuperar su dinero tiene que pleitear en procesos largos donde rara vez hay costas.
Dicho de manera clara, la Administración, a la que pagamos con nuestro dinero, también se aprovecha del sistema y debería de estar más penalizado.
En definitiva, un sistema de costas bien fundamentado tiene como resultado consumidores más protegidos y con mayor acceso a servicios legales, un sistema judicial menos saturado, y esto es sin duda un elemento de disuasión de prácticas abusivas por parte de las grandes corporaciones.
