El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha aprobado por unanimidad estudiar la convocatoria de una huelga del Turno de Oficio y movilizaciones de todos los Colegios de Abogados, así como una concentración de las Juntas de Gobierno ante el Ministerio de Hacienda, en el caso de que no se suspenda con carácter inmediato la aplicación del IVA al servicio público de asistencia jurídica gratuita.
La Abogacía entiende que considerar el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita como “un bien de mercado”, aplicándole el IVA, «pone en peligro un sistema de naturaleza pública y obligatoria que garantiza el acceso universal a la Justicia en España desde hace décadas».
Además, emitir una factura con IVA a los beneficiarios de un servicio público, que el Estado presta a través de los Colegios de Abogados, a quienes carecen de recursos para defender sus derechos puede ser fácilmente percibido por el ciudadano como un trato escasamente digno.
El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, reiteraba tras reunirse con la Sectorial que el Ministerio de Hacienda decidirá en las próximas semanas si se aplica el IVA a la asistencia jurídica gratuita tras la interpretación hecha por la Dirección General de Tributos a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que obligaba al pago de este impuesto en Bélgica.
Algo que a su juicio no debería hacerse, pues el turno de oficio en España tiene una «naturaleza singular».
También incidió en que en el caso de que se gravase el IVA a este servicio público, no recaería en los beneficiarios del mismo ni en los abogados, sino en la Administración.
Algo que exigen desde la Abogacía. Por ello, reclaman que «se busque urgentemente una fórmula que permita suspender de forma inmediata la aplicación del nuevo criterio interpretativo de la Dirección General de Tributos», contrario a la legalidad vigente, que afecta a un servicio esencial para el mantenimiento del Estado de Derecho y que, además, supone un innecesario cargo para las arcas públicas en un contexto de asignación de recursos escasos a la Administración de Justicia.
En este mismo sentido, también se expresó la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española reunida en Barcelona en sesión celebrada el viernes 17 de febrero de 2017, que subrayó que este cambio de criterio sobre el IVA, «pone en riesgo tanto el sistema público vigente que garantiza el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad para todas las personas como la estructura organizativa ejemplar y única en Europa que lo hace posible».
