Los jueces decanos de Madrid y 14 ciudades cercanas a la capital de España, y los representantes de la Comisión Interasociativa de Madrid de Jueces (CIM), expresaron su profunda preocupación por la ausencia de noticias del titular de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, o de cualquier otro responsable, tras el anuncio, a bombo y platillo, ante los medios de comunicación, ante el Parlamento y ante ellos mismos, del «Plan de Choque» o «Plan de Urgencia».
Supuestamente iba a ser publicitado el 13 de febrero, un día después de la celebración del Congreso Nacional del Partido Popular. Pero no ha sucedido nada. A la Consejería se la ha tragado la tierra.
Los jueces decanos de Madrid, Móstoles, Getafe, Collado Villalba, Coslada, Getafe, Leganés, Valdemoro, Alcorcón, Colmenar Viejo, Torrejón de Ardoz, Pozuelo, Fuenlabrada, Torrelaguna y Navalcarnero, y los magistrados María Jesús López Chacón, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Ramón Rodríguez Jackson y Natalia Velilla Antolín, de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV); Leandro Martínez Puertas, de Jueces para la Democracia (JpD); y Amaia Castaño Aguirre, de Foro Judicial Independiente (FJI) -todos ellos miembros de la CIM- se reunieron la tarde del pasado lunes en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.
Ninguno de los representantes de la carrera judicial, según ha podido saber Confilegal, ha recibido noticia alguna del mencionado «Plan de Choque».
Los representantes de las asociaciones judiciales y los de los distintos partidos judiciales de Madrid, durante esa reunión, estudiaron diferentes propuestas de actuación.
Finalmente decidieron exponer a la opinión pública en rueda de prensa cuáles son las acciones que van a acometer para alcanzar el objetivo de mejorar la Justicia de nuestra Comunidad.
Para ello, han fijado el próximo 14 de marzo, martes, a las 17 horas, en el Salón de Actos de los Juzgados de Plaza Castilla la celebración la mencionada rueda de prensa, con el fin de volver a poner en la agenda pública la solución a los graves problemas que aquejan a la justicia madrileña, desde su visión, visto que la Consejería de Justicia no parece estar ni contestar.
La Comunidad de Madrid es una de las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia. El Gobierno regional tiene la obligación de facilitar los medios materiales y humanos -quitando jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, que dependen salarialmente del Ministerio- para que la maquinaria funcione.
Un reciente incendio en una de las dependencias de Torrejón de Ardoz, población al este de Madrid, un desprendimiento de fachada en los Juzgados de Leganés, al sudoeste de la región, y un techo en los Juzgados de la capital han puesto de relieve el gran nivel de deterioro de los edificios que la Consejería está obligada a mantener. Deterioro que el consejero Garrido se comprometió a afrontar.
