José de la Mata, titular del Juzgado Central 5 de Instrucción de la Audiencia Nacional.
El juez De la Mata reabre el caso sobre la caja B del PP
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01/3/2017 18:37
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Actualizado: 25/3/2021 13:22
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El juez José de la Mata ha acordado reabrir el caso de los papeles de Bárcenas sobre la caja B del PP y ha citado el 23 de marzo como investigados al cabecilla de Gürtel Francisco Correa y al expropietario de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo, y el 24 al empresario Plácido Vázquez.
De la Mata adopta esta decisión en un auto con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción y después de que lo solicitaran las acusaciones Izquierda Unida y ADADE a raíz de las revelaciones de Correa, en el juicio por la primera época de Gürtel que se está celebrando en la Audiencia Nacional, sobre las dádivas pagadas por constructoras como OHL o ACS.
De la Mata considera que ante la aportación de estos nuevos elementos de comprobación es pertinente reabrir la causa de la presunta financiación ilegal del PP. Es más, subraya que las declaraciones de Correa, las de García-Pozuelo –que se acogió a su derecho a no declarar en la instrucción– y las del intermediario Plácido Vázquez son «relevantes y útiles», así como «novedosas».
«Basta destacar, como hace el fiscal —Antonio Romeral-– en su informe, que son los únicos testimonios que apuntan a una relación entre las entregas de dinero para la realización de gestiones tendentes a la consecución de contratos públicos, ofreciendo además un relato consistente sobre la metodología aparentemente seguida para ‘gestionar’ (en los términos del propio Correa Sánchez) las solicitudes de las empresas, y la mecánica de la distribución de las ganancias obtenidas por las comisiones entregadas por las empresas en caso de ‘éxito’ en la adjudicación pretendida», afirme el magistrado en su auto.
Asimismo, recuerda que el objeto de esta investigación es comprobar si existe una ‘caja B‘ del partido y si en las determinadas anotaciones en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, «por rudimentario que sea», reflejan las «contraprestaciones en metálico» obtenidas por el PP y determinadas personas a cambio de «interceder o presionar» con el fin de obtener determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de las comisiones ilícitas.
COMISIONES DE ENTRE EL DOS Y EL TRES POR CIENTO
El líder de la trama detalló durante su declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga junto a otras 36 personas que empresas como OHL, ACS y Dragados recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros. A cambió, aseguró que tras intervenir en la concesión de «muchas obras, ni en 10, ni en 20, ni en 30″, abonó comisiones de entre el dos y tres por ciento al extesorero del PP Luis Bárcenas.
«Eran carreteras, autopistas, obras del AVE, de Medio Ambiente, diferentes…», explicó, al tiempo que indicó que con esta práctica «ahorró mucho dinero al PP». «No sé si 1.000 millones o más o menos», dijo y precisó que entregaba el dinero a Bárcenas en la sede del PP, en la calle Génova, o en su casa y que el exgerente se encargaba de gestionar la cuestión con el Ministerio «correspondiente».
García-Pozuelo afirmó en su intervención en el juicio que el destino del dinero entregado a Correa eran de «organismo centrales», que se referían –según indican las acusaciones en sus escritos–, a los Ministerios de Medio Ambiente y de Fomento y al PP, así como que las cuatro empresas que abonaron comisiones son OHL, ACS, Dragados y Degremont.
PETICIONES DE ACUSACIONES Y FISCALÍA
Ante estas afirmaciones, el pasado mes de octubre, IU y ADADE remitieron sendos escritos al juez instructor en los que se reclamaban que se investiguen estas declaraciones. Además, de las citaciones de Correa, García-Pozuelo y de Vázquez, pidieron que llamase a declarar al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, al extesorero Luis Bárcenas y al empresario Rafael Palencia.
Por su parte, Anticorrupción se mostró favorable a la reapertura de esta causa en febrero de este año y solicitó las comparecencias de los citados anteriormente, salvo Villar Mir, Bárcenas y Palencia.
Finalmente, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha decidido llamar a declarar como investigados a García-Pozuelo, el próximo 23 de marzo a las 10.00 horas; a Correa, el mismo día a las 12.00 horas; y a Vázquez, un día más tarde a las 10.00 horas.
No obstante, el magistrado rechaza por el momento la declaración de las otras personas que han solicitado las partes, en cuyo auto no ofrece ningún tipo de motivación. Únicamente se refiere al exministro de Medio Ambiente y expresidente del Gobierno Balear Jaume Matas, alegando que no consta que haya prestado declaración ante el fiscal u otro juez.
Además, De la Mata solicita a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le remita el procedimiento sobre el que su antecesor Pablo Ruz acordó dar por finalizada la instrucción en marzo de 2015 y pide incorporar a la causa las declaraciones prestadas por Correa y García-Pozuelo en el juicio oral por la primera época de actividades de la trama Gürtel.
‘CAJA B’ DURANTE 18 AÑOS
La instrucción de los ‘Papeles de Bárcenas’ concluyó el pasado 23 de marzo de 2015 cuando el entonces juez instructor Pablo Ruz, al considerar que está acreditado que el PP «se sirvió durante 18 años» –desde 1990 hasta al menos 2008– de varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entrada y salida de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal Cuentas.
En un auto de 190 folios, el juez concluyó que existen «indicios sólidos y fundados» para llevar a juicio a los extesoreros ‘populares’ Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta –exonerado de cualquier responsabilidad en el juicio de la primera época de Gürtel por demencia sobrevenida–, y al exgerente Cristóbal Páez por delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida.
Ruz consideró al PP responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y el pago en negro de 1.552.000 euros de las obras de su sede a la empresa Unifica y propuso juzgar a otras tres personas, los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero, a los que le atribuyó, además del delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental.
El juez apuntó que en el «plano indiciario» el PP sería «responsable» de un delito contra la Hacienda Pública por «no haber presentado la declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2008», pues esas donaciones, que superaban el millón de euros, «no cumplían con los presupuestos, requisitos y limitaciones, tanto formales como materiales, establecidos en la normativa vigente reguladora de la financiación de los Partidos Políticos».
Y, consideró a los extesoreros del PP «incorporaron al patrimonio del primero determinados fondos de la formación política que fueron empleados para la suscripción de acciones en la ampliación de capital de Libertad Digital». (EP)
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