La fiscalía ha solicitado provisionalmente nueve meses de cárcel para un miembro del Grupo Antimilitarista Tortuga por negarse a participar por motivos ideológicos en una mesa electoral en Elche (Alicante) durante los comicios generales celebrados el 26 de junio de 2016.
Jafet Pinedo, ha publicado una carta en la página web del citado colectivo en la que explica que el Ministerio Público reclama para él dicha condena y la inhabilitación para formar parte de una lista electoral durante 2 años, tras acusarle de un delito electoral.
El artículo Artículo 143, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), relativo a los Delitos por abandono o incumplimiento en las Mesas electorales, indica que «El Presidente y los Vocales de las Mesas Electorales así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley, incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses».
Pinedo señala que en su día se declaró «objetor electoral» y se negó a participar en la mesa porque está en contra del «actual modelo parlamentario», pues, en su opinión, incurre en «graves contradicciones con los valores democráticos» y encuentra cobijo en un sistema económico, el capitalismo, «basado en la exclusión y la desigualdad».
«Con mi acto quiero evidenciar un modelo del todo injusto que necesita imponer su poder con el uso de la fuerza y por el que se invalida a sí mismo», apunta el militante del Grupo Tortuga, que dice apostar por la «desobediencia civil y la no violencia».
Pinedo recuerda que otro compañero de su colectivo, Vicent Soriano, natural del municipio valenciano de Albaida, fue juzgado por los mismos motivos el pasado 24 de febrero.
«Quiero solidarizarme con él porque su causa es la de todos los que queremos profundizar en un modelo participativo y diverso que no excluya a nadie», asegura.
Adrián Vaíllo, otro integrante de este colectivo, fue condenado el pasado mes de junio por el Juzgado de lo Penal 2 de Elche a pagar una multa de 360 euros como autor de un delito electoral.
En este caso, el acusado se negó a participar como primer vocal en una mesa para las elecciones generales celebradas el 20 de noviembre de 2011 tras alegar razones ideológicas.
