La Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa especializado en temas constitucionales, ha respaldado la reforma del Tribunal Constitucional (TC) del año 2015 al emitir un «informe favorable» sobre las últimas modificaciones introducidas que atribuyen al alto tribunal mayores potestades para hacer efectivas sus sentencias y decisiones.
Sin embargo, este organismo europeo ha pedido realizar algunas mejoras. De hecho, la Comisión ha alertado a España este sábado que el Constitucional corre peligro de no ser «un árbitro neutral, como juez de las leyes».
Para la Comisión, el punto más conflictivo de esa modificación es la posibilidad de suspender en sus funciones de un funcionario publico, incluido el presidente del Gobierno o dirigentes autonómicos. En este sentido, la Comisión de Venecia asegura sobre la doble capacidad del TC de juzgar y hacer cumplir una sentencia que, en todos los casos de ejecución, ese tribunal «no debe actuar de oficio, sino sólo a petición de las partes».
Según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa recalca «la importancia» de que «todos los individuos e instituciones cumplan de manera efectiva las sentencias y decisiones» del Constitucional».
«Cuando una autoridad pública se niega a ejecutar una sentencia del Tribunal Constitucional, viola la constitución, incluyendo los principios del imperio de la ley, separación de poderes y el de cooperación leal entre instituciones públicas estatales y las medidas que impulsen la ejecución son legítimas», asegura el departamento dirigido por Rafael Catalá, citando el informe de la Comisión.
Es decir, que la Comisión Venecia del Consejo de Europa considera que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante y deben ser respetadas, por lo que las medidas para hacer efectivas esas sentencias son «legítimas».
Justicia también subraya que el documento «hace un análisis del derecho comparado en esta materia» y concluye que «en Europa son varios los sistemas posibles». Uno de ellos es el de atribuir potestades de ejecución de sus sentencias al propio Tribunal, como sucede en España, país que ha seguido el modelo alemán.
La Comisión valora el carácter general de la ley española que permite a cualquier parte interesada instar la ejecución, las garantías procedimentales que establece previas a la adopción de medidas de ejecución de las resoluciones firmes del Tribunal Constitucional y la obligación de auxiliarlo en su puesta en práctica que incumbe a los poderes del Estado a todos los niveles.
Este lunes se conocerá todo el informe al completo.
RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN PRÁCTICA
Según Justicia, «todos los tipos de medidas previstas» en la modificación legal de 2015, incluida «la posibilidad de suspender transitoriamente en el ejercicio de sus funciones a cargos públicos, se consideran «adecuadas desde el punto de vista constitucional comparado». Eso sí, el Ministerio informa de que la Comisión ha hecho «algunas recomendaciones relativas a su aplicación práctica».
Con todo, destaca que el dictamen confirma «la legalidad» de la norma española aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta reforma tenía como objetivo dotar al Tribunal Constitucional –«institución básica para la defensa y garantía del Estado de Derecho», añade el comunicado– de las herramientas suficientes para asegurar el cumplimiento efectivo de sus sentencias y resoluciones.
Y resalta que la ley que ahora se ratifica preveía que el Tribunal pudiera solicitar el auxilio de cualquier administración o poder público, con el Gobierno de la nación a su cabeza, que tienen la obligación de atender estas peticiones de colaboración de forma preferente y urgente.
«La modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de la X Legislatura conseguía así completar nuestro sistema permitiendo que el TC haga cumplir sus resoluciones tanto cuando afectan a ciudadanos como a instituciones, asegurando con ello la plena eficacia del Estado de Derecho», concluye el comunicado.
