El editorial audiovisual de la revista Tempus Octobris del mes de marzo, que dirige el magistrado Jesús Villegas, está dedicado a la investigación del Consejo General del Poder Judicial al magistrado Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), «supuestamente por haber desempeñado actividades incompatibles con su condición de juez».
Villegas, «pone la mano en el fuego por él», pero como asegura él mismo asegura en su video editorial «no le corresponde decidir».
Sin embargo, como magistrado y secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) Villegas tiene muchas dudas sobre la citada investigación.
Unas dudas que no solo muestra la Plataforma o la revista Tempus Octobris. Todas las asociaciones judiciales y más de 80 jueces decanos mostraron su preocupación ante la “noticia relativa a la tramitación por el Consejo General del Poder Judicial de unas diligencias informativas que se han mantenido en secreto durante más de un año en las que podrían no haberse respetado garantías constitucionales fundamentales del juez investigado, como los derechos de audiencia y defensa, lo que ha hecho surgir la duda acerca de la posible existencia de otros expedientes tramitados en similares condiciones”.
En este sentido, desde la Plataforma insisten en que «Si se utilizan las facultades de inspección del Consejo, las facultades disciplinarias del Consejo de manera inquisitorial, ningún juez está a salvo en este país». Por ello, reconocen que «estas circunstancias hacen que estemos muy preocupados».
En su editorial, Villegas subraya que «lo importante es que quien tenga que decidir lo haga con un procedimiento con todas las garantías y, por desgracia, en este caso no se está respetando el derecho de defensa (del magistrado Ruiz de Lara)».
Los propios datos que el Consejo suministra a la Plataforma Cívica evidencian que «se ha utilizado un informe, que desconocemos en qué procedimientos se va a emitir. No tiene soporte y cobertura procedimental alguno».
Además, afirma que «las diligencias informativas se están utilizando en fraude de Ley». El expediente disciplinario tiene un plazo de caducidad de seis meses, sin embargo las diligencias informativas no lo tienen. «En este caso ya se han rebasado esos seis meses, por tanto, se está haciendo un uso torticero de un instrumento legal, cuyo único significado es el beneficio del investigado», señala Villegas.
También señala el editorial que surgen dudas entorno a cuál es el verdadero objeto de esta investigación porque el promotor de la Accción Disciplinaria, en el interrogatorio que hizo al magistrado Ruiz de Lara «le pregunto que quién redactaba los informes que la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) hace sobre los nombramientos discrecionales del Consejo».
Desde hace años, la citada Plataforma «viene elaborando unos estudios jurídicos que ponen de relieve la arbitrariedad en la designación de los altos cargos judiciales».
El magistrado y secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), Jesús Villegas, concluye su editorial pidiendo al legislador «dictar una normativa que evite estas injusticias».
Además, colmo ya han anunciado en otras ocasiones se reservan su derecho a ejercitar las acciones legales oportunas ante las instancias nacionales o internacionales oportuna.
La revista Tempus Octobris
La revista Tempus Octobris surgió en en 2012 para difundir los siete puntos del Manifiesto por la Despolitización y la Independencia Judicial, donde 1500 jueces y magistrados pedían, entre otras cosas, la elección democrática de los órganos de gobierno interno de la magistratura; elaboración de una planta judicial de 20 jueces por cada 100.000 habitantes, conforme a la media europea; inversión en justicia o la adecuación de la carga de trabajo judicial a niveles humanamente soportables que permitan conciliar la vida familiar y laboral.
Y en la actualidad, es uno de los instrumentos utilizados por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial para difundir las ideas y acciones por la despolitización de la Justicia.
