La Plataforma Cívica y la carrera judicial exigen explicaciones al CGPJ sobre la investigación al juez De Lara

La Plataforma Cívica y la carrera judicial exigen explicaciones al CGPJ sobre la investigación al juez De Lara

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27/2/2017 05:59
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Actualizado: 31/3/2022 14:53
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La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) y la carrera judicial exigen explicaciones sobre la actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en las diligencias informativas relacionadas con el magistrado Manuel Ruiz De Lara. Además, se preguntan si existen más “informes secretos” sobre otros magistrados, elaborados «sin cobertura de procedimiento alguno».

Desde la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), exigen, según consta en su comunicado, «la inmediata asunción de responsabilidades del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, el promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, y por la jefa del servicio de Inspección, Esperanza Córdoba Castroverde, así como las explicaciones públicas oportunas».

De no producirse estas explicaciones, la PCIJ, y «en atención a la gravedad de los hechos y la amenaza que suponen para la Independencia Judicial y el Estado de Derecho», no descartan ejercer «las actuaciones que legalmente correspondan ante instancias nacionales e internacionales para que hechos como los descritos no vuelvan a suceder».

Desde la Plataforma rechazan también la irregular investigación abierta contra Ruiz De Lara, «que parte de un informe de 22 de mayo de 2015 sin cobertura de procedimiento alguno, elaborado un año antes de la “apertura oficial” de las diligencias Informativas». un informe «elaborado a propuesta del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, sobre una actividad privada de un magistrado».

Además subrayan su «estupor» a la existencia de un segundo informe elaborado también a propuesta de Carlos Lesmes y realizado por la jefa del servicio de Inspección Esperanza Córdoba Castroverde, «sin que el mismo se enmarque en ningún tipo de procedimiento y elaborado antes de la “apertura oficial” de las diligencias informativas 632/2016».

Y en este sentido, se preguntan si esos informes elaborados desde el CGPJ se guardan «a la espera de ser utilizados de forma arbitraria y si el objetivo de todo consiste en la elaboración de listas negras de magistrados a los que suministrar los “célebres palos” o “negar las zanahorias” a las que se refirió en su día el presidente del Tribunal Supremo«.

APOYO DE UN 70 POR CIENTO DE LA CARRERA JUDICIAL

Esta semana todas las asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura -APM-, Jueces para la Democracia -JpD-, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria -AJFV- y Foro Judicial Independiente -FJI-), han mostrado su apoyo al magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil 10 de Barcelona, Manuel Ruiz de Lara y han sido muy críticas con la actuación del órgano de gobierno de los jueces. Ellos representan a 2.800 jueces de los 5.500 de toda la carrera.

Además, habría que sumar, todos los  jueces a los que representan los cerca de 100 Jueces Decanos de toda España, quienes a través de un comunicado al que ha tenido acceso Confilegal, se han adherido a los escritos suscritos por las citadas asociaciones judiciales. Para los Decanos, en este asunto se «podrían no haberse respetado garantías constitucionales fundamentales del juez investigado como los derechos de audiencia y defensa».

Desde la APM, JpD y AJFV, indicaban que en la investigación abierta a Ruiz de Lara, se está haciendo uso de un “procedimiento disciplinario incompatible con las garantías constitucionales”. Considera que no es de recibo que las diligencias informativas abiertas a Ruiz de Lara hayan sido incoadas el 22 de mayo de 2015 y que no fueran comunicadas hasta el 2 de agosto de 2016. Y piden al CGPJ que aclare si son ciertas las informaciones publicadas.

Además, conminan al presidente Lesmes a que impulse desde su Presidencia la “elaboración de un procedimiento de régimen disciplinario, en el que, de manera transparente, se determinen las actuaciones a realizar para analizar la posible responsabilidad de los jueces, trámites, plazos y garantías, con inmediato traslado de la denuncia, queja o acuerdo de incoación al interesado, para que pueda desde el primer momento ejercitar su derecho de defensa”.

Por su parte, desde el Foro Judicial Independiente (FJI), en un durísimo comunicado señalaban que “Es inconcebible que en un Estado de Derecho puedan desarrollarse procedimientos sancionadores, del tipo que sean, de espaldas al investigado, al margen de todo procedimiento, de forma totalmente secreta y durante más de un año”. Y por ello, exigían “la inmediata dimisión de los responsables en caso de confirmarse todos” los extremos del asunto.

DECLARACION DE RUIZ DE LARA

Desde la Plataforma Cívica subrayan que «todos los requerimientos efectuados por el Promotor de la Acción Disciplinaria han confirmado que el magistrado investigado no ejerce ningún cargo en ninguna entidad, que no percibe ninguna retribución y que ha sufragado con sus recursos personales diversos gastos de traslado, alojamiento y manutención de universitarios. Y, denuncian que, aún así, continúan las diligencias informativas contra él.

Incluso, citando a declarar al magistrado Ruiz De Lara, como ocurrió el pasado viernes, «sin informarle de los derechos que le asisten ni qué infracción disciplinaria se le imputa».  En este sentido resaltan que dice citación se «produce sólo tres días después, de que la Plataforma difunda un vídeo sobre la politización del Consejo General del Poder Judicial».

Critican especialmente la actuación del Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca, careciendo de competencias para ello, procede a citar a dos personas ajenas al Poder Judicial, el presidente de la Plataforma, Agustín Azparren, y a una alumna universitaria, Ana Fúnez.

Por todo ello, denuncian que «Antonio Jesús Fonseca-Herrero ha convertido las diligencias informativas en una suerte de ‘causa general’ contra el magistrado Ruiz De Lara, en el que ante la imposibilidad de obtener indicios de infracción disciplinaria, ya no sólo investiga debates celebrados por alumnos universitarios en los que participa, -sufragando gastos con sus recursos personales-,» sino que ahora investiga también la condición del magistrado de portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial».

Y recuerdan que ante la imposibilidad de obtener indicios contra el magistrado Ruiz de Lara sobre su participación en los debates universitarios, le requirió «careciendo de competencias para ello», concretar las actividades que realiza una entidad privada como la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) e indentificar quienes desde la Plataforma elaboran los informes sobre nombramientos del CGPJ.

Conviene señalar que La PCIJ es una  una asociación transversal formada por jueces, magistrados, fiscales, catedráticos, abogados y ciudadanos preocupados por la situación de la Justicia que preside el exvocal del órgano de gobierno de los jueces, Agustín Azparren, y cuyo secretario general es el magistrado Jesús Villegas.

Por ello, al presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), Agustín Azparren le parece «muy preocupante que el promotor del CGPJ se interese por nuestros informes”. “No tiene ningún sentido que el promotor se haya interesado por esta actividad que llevamos a cabo de forma periódica. Intentamos que nuestros informes sean objetivos y parece que dichos informes no gustan al CGPJ”, señala Azparren.

Lo cierto es que el pasado viernes, durante la hora que duró el interrogatorio al magistrado Ruiz de Lara, Fonseca-Herrero le preguntó expresamente: “Esos informes que emite la Plataforma, ¿quién los hace?”. 

A lo que Ruiz de Lara contestó que “en la Plataforma Cívica hay magistrados, hay notarios, hay abogados… ¿Y quien en concreto los hacen? Pues mire, yo soy portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial pero desconozco la identidad concreta de las personas que hacen esos informes”. 

“¿Son personas individuales o es la Plataforma como tal?”, volvió a preguntarle el promotor de la Acción Disciplinaria. A lo que Ruiz de Lara contestó que no hay una aprobación de los informes en sí. Nosotros no funcionamos a modo de Consejo de Administración.

Fonseca-Herrero quiso conocer específicamente si dichos informes los aprueba la Asamblea o la Junta Directiva de la Plataforma, de acuerdo con unos estatutos y un sistema de funcionamiento.

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