La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD) y la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) lo tienen claro en el caso de las investigaciones al magistrado Manuel Ruiz de Lara: se está haciendo uso de un «procedimiento disciplinario incompatible con las garantías constitucionales».
Así lo han hecho saber a través de un comunicado conjunto, que tiene su origen en las informaciones publicadas por Confilegal.
«Tales acusaciones o ‘diligencias informativas’ deben respetar los principios constitucionales básicos y garantizar la audiencia y defensa del afectado», añaden.
Las tres asociaciones de jueces citadas considera que no es de recibo que las diligencias informativas abiertas a Ruiz de Lara hayan sido incoadas el 22 de mayo de 2015 y que no fueran comunicadas hasta el 2 de agosto de 2016.
«Más de 15 meses después de su inicio», dicen en su comunicado. Diligencias que hoy, casi dos años después, siguen abiertas.
Según la APM, JpD y AJFV, los jueces asumen la responsabilidad penal, disciplinaria o civil por su trabajo.
«Sin embargo, y precisamente porque disfrutamos de un Estado de derecho, la exacción de esa responsabilidad debe respetar las formalidades y garantías básicas exigibles», afirman en la nota.
Por ello, piden al presidente del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes, que ratifique la información publicada y le conminan a que impulse desde su Presidencia la «elaboración de un procedimiento de régimen disciplinario, en el que, de manera transparente, se determinen las actuaciones a realizar para analizar la posible responsabilidad de los jueces, trámites, plazos y garantías, con inmediato traslado de la denuncia, queja o acuerdo de incoación al interesado, para que pueda desde el primer momento ejercitar su derecho de defensa».
La cuarta asociación, Foro Judicial Independiente, también se pronunció horas antes con un comunicado individual muy duro.
