Manuel Ruiz de Lara y el promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, el interrogador.
El CGPJ quiere saber quiénes, dentro de la PCIJ, hacen los informes sobre sus nombramientos discrecionales
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25/2/2017 05:59
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Actualizado: 25/2/2017 10:18
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El promotor de la Acción Disciplinaria (pAD), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, preguntó al magistrado Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), quienes elaboran los informes sobre los nombramientos discrecionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva a cabo periódicamente el Observatorio de Nombramientos Judiciales, unidad de análisis del PCIJ, y quiénes los aprueban después, antes de hacerlos públicos.
La PCIJ es una una asociación transversal formada por jueces, magistrados, fiscales, catedráticos, abogados y ciudadanos preocupados por la situación de la Justicia que preside el exvocal del órgano de gobierno de los jueces, Agustín Azparren, y cuyo secretario general es el magistrado Jesús Villegas.
Dichos informes -elaborados por sus miembros, algunos de ellos magistrados, en total anonimato- son muy críticos con los nombramientos que realiza el Pleno del CGPJ porque desde la PCIJ se considera que no cumplen con los principios de mérito y capacidad y que adolecen de «rigor y seriedad».
Una situación que han denunciado tres veces ante el relator especial sobre la independencia de magistrados y jueces del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la última en 2016 por la politización de los miembros del CGPJ y el carácter arbitrario de sus nombramientos.
La vicepresidenta de la PCIJ, Elisa de la Nuez, que fue recibida junto con Azparren y Villegas, por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el pasado 16 de enero, se lo dijo a la máxima autoridad de la Justicia en persona: «Hay amiguismo en los nombramientos judiciales».
El último de los informes realizados fue sobre la elección de la nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, sobre la que dictaminaron que incurría en causa de incompatibilidad para tal cargo al estar casada con el presidente de la Audiencia Provincial de Granada, como establece el artículo 391 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Una hora de interrogatorio
Durante la hora que duró el interrogatorio al magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil 10 de Barcelona en la mañana de ayer, Fonseca-Herrero le preguntó expresamente: «Esos informes que emite la Plataforma, ¿quién los hace?».
A lo que Ruiz de Lara contestó que «en la Plataforma Cívica hay magistrados, hay notarios, hay abogados… ¿Y quien en concreto los hacen? Pues mire, yo soy portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial pero desconozco la identidad concreta de las personas que hacen esos informes».
«¿Son personas individuales o es la Plataforma como tal?», volvió a preguntarle el promotor de la Acción Disciplinaria. A lo que Ruiz de Lara contestó que no hay una aprobación de los informes en sí. Nosotros no funcionamos a modo de Consejo de Administración.
Fonseca-Herrero quiso conocer específicamente si dichos informes los aprueba la Asamblea o la Junta Directiva de la Plataforma, de acuerdo con unos estatutos y un sistema de funcionamiento.
Y volvió a preguntarle: «¿Usted ha hecho algún informe en concreto sobre estas cuestiones?».
El magistrado investigado contestó que no, que sabía que había determinados miembros encargados de esos informes, «pero desconozco su identidad concreta, porque quieren permanecer en el anonimato. No le puedo concretar si son magistrados», volvió a repetir.
A lo que Fonseca-Herrero rápidamente contestó, «No, si yo no le pregunto la identidad concreta de quiénes los hacen, sino si los informes de esta asociación se hacen públicos con una decisión previa de los órganos de esta asociación».
«No hay una decisión previa para hacerlos públicos. Los elaboran las personas a las que se les encarga este cometido y después el secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, después de estudiarlos, decide hacerlos públicos en la extranet de la carrera judicial y en la página web de la asociación», añadió. «Hasta ahí le puedo contar».
«¿Y ninguna Junta Directiva los aprueba?», volvió a remachar el promotor de la Acción Disciplinaria. »
No, pero las personas que los realizan están fuera de toda sospecha. Son muy objetivos, como lo prueban los resultados», aclaró Ruiz de Lara.
Preguntado sobre este punto, después, Jesús Villegas, el secretario general de la PCIJ, dijo: «El promotor de la Acción Disciplinaria me recuerda a la Inquisición española».
Consejo General del Debate Judicial
Sobre su relación con el club de debate Consejo General del Debate Judicial, objeto también de la investigación, Ruiz de Lara dejó claro que es un mero colaborador externo, que no recibe remuneración alguna.
«No tengo ningún cargo, ni gestiono el Consejo General del Debate Judicial, o la Fundación o cualquier otra asociación universitaria que haya», afirmó. «Mi relación es totalmente altruista».
Fonseca-Herrero, llegado a ese punto, quiso saber si las actividades de Ruiz de Lara, impulsando en 2015 y 2016 la Liga Nacional Universitaria de Debates Jurídicos -en los que puso dinero de su propio bolsillo- tenían relación con la Plataforma Cívica; si había alguna conexión entre ambas.
El magistrado de lo Mercantil 9 le contestó al pAD que no. «Para mí promocionar este tipo de debates, que se conozca el derecho entre los jóvenes, al estilo de cómo se hace en otros países democráticos de nuestro entorno, es muy importante», añadió.
«Entonces, perdóneme la expresión, ¿es usted un benefactor? Le paga usted viajes a muchos universitarios de España para que realicen actividades privadas suyas en las que usted no tiene más participación que ir a verlos.
«Pues sí, esa es la única realidad de los hechos. En eso consiste mi vinculación concreta con esta asociación de debates», concluyó.
Precisamente, la asociación Consejo General del Debate Judicial informó al pAD que la participación del magistrado De Lara consiste en “sufragar gastos de manutención de algunos universitarios en los torneos a los que acude como público, contactar con algunos magistrados para que a título gratuito puedan actuar como juradosen debates jurídicos y a consultar a título particular la posibilidad de celebrar los referidos debates en algún ayuntamiento o institución. Actividades que realiza sin contraprestación ni remuneración alguna“.
Las asociaciones de jueces respaldan a Ruiz de Lara
Las diligencias informativas abiertas por el pAD a Ruiz de Lara desde hace un año y siete meses han provocado la reacción de las cuatro asociaciones judiciales que han criticado duramente esta investigación y han mostrado su respaldo al magistrado. Por una parte el Foro Judicial Independiente y por otra la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y la Francisco de Vitoria.
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