El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha dictado la apertura de juicio oral contra un médico y una enfermera por un delito de imprudencia en relación a la muerte de la congoleña Samba Martine, una inmigrante que murió el 19 de diciembre de 2011 tras pasar 38 días recluida en el Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Aluche sin recibir asistencia médica.
El auto de apertura de juicio oral se dictó el pasado 13 de marzo, según ha confirmado a Europa Press el abogado que representa la acusación popular de SOS Racismo Madrid en las redes sociales. En la causa hay otro médico imputado que se encuentra en Paraguay.
El Estado, el Ministerio del Interior y una empresa privada que gestionaba el servicio médico figuran como responsables civiles subsidiarios.
En su auto, que adelantó este lunes el diario ‘El País’, el juez instructor reclama para sendos acusados 80.000 euros de fianza para hacer frente a la responsabilidad civil que se deriven de una posible sentencia condenatoria.
El fiscal deberá ahora dictar su escrito de acusación. SOS Racismo Madrid pide en su escrito dos años de cárcel y seis años de inhabilitación por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.
En 2014, la Audiencia de Madrid ordenó la reapertura de la causa penal que investigaba su muerte tras estimar los recursos interpuestos por la familia de la fallecida y por las acusaciones populares ejercidas por SOS Racismo Madrid, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino y la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO).
Samba Martine llegó al CIE de Madrid el 12 de noviembre de 2011 procedente del Centro de Estancia Temporal (CETI) de Melilla, donde le habían realizado analítica de VIH que dió positivo.
En los 38 días que permaneció encerrada en el CIE de Aluche requirió asistencia médica, al menos, en diez ocasiones, sin que en ningún momento se le practicara prueba diagnóstica alguna tendente a averiguar su mal estado de salud, han señalado los recurrentes.
Los magistrados de la Audiencia consideraron que la investigación se archivó indebidamente, sin indagar los múltiples indicios de posible responsabilidad penal por parte del servicio médico del CIE.
Además, señaló que en función de los informes médicos aportados a la causa, que los síntomas de Martine obligaban a sospechar de la existencia de una enfermedad grave y que “de haber sido tratada correctamente, se podría haber evitado el fatal desenlace”.
Este tribunal también indicó que como los internos en un CIE no pueden acceder a más personal sanitario que el del propio centro, la «posición de garante» de este servicio médico es especialmente relevante.(EP)
