El Pleno del Congreso ha convalidado el real decreto ley que amplía hasta 2020 la moratoria de suspensión de desahucios así como los colectivos afectados, como familias con hijos menores de 18 años o las víctimas de violencia de género. Además, estos colectivos podrán recuperar sus viviendas al finalizar el periodo de suspensión.
El Real Decreto Ley, que ha sido pactado con PSOE, Ciudadanos, PNV y CC, además de ampliar la moratoria de las ejecuciones hipotecarias -que estaba en vigor desde 2013-, incluye otros supuestos para que más familias puedan acogerse tanto al Código de Buenas Prácticas como a la suspensión del lanzamiento, la comunicación de que deben abandonar el inmueble.
Uno de los objetivos principales es que las familias vulnerables que no pueden afrontar el pago de su hipoteca puedan quedarse en su vivienda pagando un alquiler social.
El Gobierno considera que en la coyuntura actual «resulta conveniente ampliar el ámbito de aplicación de las medidas de protección de los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad«, lo que supone tanto modificar el ámbito de aplicación del Código de Buenas Prácticas, con la opción de alquiler de la vivienda ejecutada a precio reducido, como el de aquellas personas que se pueden beneficiar de la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas.
Por ello, se amplía en tres años adicionales, desde la entrada en vigor de esta norma la moratoria de los desahucios a colectivos especialmente vulnerables, y se amplía este concepto a las familias numerosas, con hijos menores de edad, las monoparentales, las que cuenten con un miembro con una discapacidad del 33 por ciento o con una persona víctima de violencia de género, y a los deudores de más de 60 años.
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Floriano, ha celebrado este jueves en el Pleno del Congreso el Real Decreto-Ley que prorroga la moratoria contra los desahucios hasta 2020, “tratando precisamente de resolver los problemas de miles de familias que se encuentran en una solución muy difícil”.
Floriano ha arrancado su intervención señalando que “echar a una persona de su casa porque no tiene dinero para pagar su hipoteca por circunstancias sobrevenidas es, posiblemente, la cara más dramática de la crisis económica, y lo peor por lo que pueda pasar una familia, porque desahucio significa eso mismo, es decir, quitarle la esperanza a miles de personas”.
El parlamentario popular ha hecho hincapié en que lo deseable es que para entonces, llegados a 2020, una vez termine la vigencia de dicho decreto, “no tenga que volver a convalidarse, porque el problema se hubiera resuelto, y que con 20 millones de trabajadores en 2020 el paro ya no sea un problema como es hoy, y que los desahucios, al menos en su parte más dramática, hayan desaparecido de nuestro escenario”.
LA OPOSICIÓN PIDE UNA REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA
Por su parte, el resto de grupos de la oposición han pedido al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, que la reforma de la Ley Hipotecaria incluya una solución «permanente» a los desahucios de familias vulnerables que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca.
Para Ana Oramas de Coalición Canarias asegura que » siguen existiendo razones que justifican las ampliaciones de plazos y las medidas a tomar». Y ha asegurado que «estamos a a favor de que se establezcan mecanismos de alquiler en favor de los deudores ejecutados sobre los inmuebles cuyo lanzamiento sea objeto de ejecución. Nos parece de justicia».
En este sentido, la diputada del PSOE María del Mar Rominguera ha pedido al ministro de Economía que «busque soluciones permanentes» para evitar este tipo de desahucios ya que este real decreto es sólo «un parche» y ha urgido la elaboración de una ley que «evite este sufrimiento».
Y ha subrayado que la ejecución de viviendas a familias vulnerables es un «drama social cuyas consecuencias se agravan por la crisis» y ha valorado la pertinencia de poder recuperar la vivienda ejecutado.
El diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral ha recordado que España vulnera la legalidad europea porque viola el derecho a la tutela judicial efectiva y permite los desalojos forzosos sin garantía habitacional. Y ha indicado que «El real decreto sigue planteando la posibilidad de ejercer la violencia contra familias vulnerables».
Mayoral ha insistido «en que aquí no se han conseguido parar los desahucios, no nos equivoquemos. Aquí no han sido donde han puesto las moratorias. Estas se han conseguido gracias a los defensores de derechos que se han jugado el tipo, la integridad y la dignidad para impedir violaciones fragantes de los derechos humanos que es lo que han sido los desalojos forzosos sin alternativa habitacional».
La diputada de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz ha señalado que «perder una casa supone el peor de los fracasos» ya que se trata «no sólo de perder el capital de toda una familia sino de perder la autoestima o la fe en el futuro».
Ha valorado que el nuevo texto permita una «segunda oportunidad» para recuperar la vivienda perdida y ha abogado por que el «consenso» político de hoy para convalidar este real decreto ley pueda verse reflejado en otras políticas que necesita España.
