«Aquí yace media España; murió de la otra media» — Mariano José de Larra, «El día de difuntos de 1836»
El 7 de octubre de 2026 España recibió dos noticias en una misma tarde. El Sindicato de Inquilinas comunicó que María del Carmen Abascal, Maricarmen, había muerto a los 87 años en el hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada desde el 23 de septiembre, el día en que la sacaron en camilla del piso de Retiro en el que había vivido siete décadas.
En las mismas horas trascendía que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil había remitido a la Audiencia Nacional un escrito de 32 páginas con el testimonio de una mujer de un clan de Badajoz: según su relato, un exjuez vinculado a la trama que investiga el magistrado Santiago Pedraz le dijo que a la magistrada Beatriz Biedma, la instructora que llevó al banquillo al hermano del presidente del Gobierno, «había que eliminarla».
No hizo falta esperar a la noche para saber qué iba a hacer cada cual con las dos noticias. «No es una muerte, es un asesinato», proclamaron Ione Belarra e Irene Montero.
«Han matado a Maricarmen», respondió Vox, con Pedro Sánchez como responsable. «Sánchez apuntaba y las cloacas del PSOE actuaban», sentenció Miguel Tellado, secretario general del PP. Alberto Núñez Feijóo pidió, con razón, que nadie hiciera campaña con la muerte de una anciana, y cerró su mensaje con una frase que no era precisamente de tregua: «No más piedras en el muro».
Hasta la petición de concordia llegó con una piedra en la mano.
Hay una España goyesca que creíamos guardada en los museos y que vuelve a la calle cada vez que dos bandos pronuncian la misma frase, han matado, para señalar con ella a culpables opuestos.
Lo que sigue es un intento de explicar por qué ha vuelto, y por qué la campaña que acaba de abrirse es la mejor ocasión, quizá la última que nos saldrá barata, de decir basta.
Un epitafio en la fachada de los Ministerios
En plena guerra carlista, un día de difuntos de 1836, Larra salió a pasear por Madrid y decidió que toda la ciudad era un cementerio.
Fue leyendo epitafios en sus edificios. Leyó el del trono, muerto en La Granja «de un aire colado», alusión al motín de los sargentos de aquel agosto, y el del Estatuto Real, que «vivió y murió en un minuto».
El más célebre, el que encabeza estas líneas, no lo encontró en ninguna tumba. Lo leyó en la fachada de los Ministerios.
La ubicación no es un capricho. Larra sabía dónde se certifica la muerte de media España: no en las trincheras, sino en los despachos desde los que se decide que la otra media no es un adversario, sino un culpable.
La guerra que tenía delante no terminó hasta el abrazo de Vergara, en 1839, y él no llegó a verla acabar. Lo que Larra entendió es que la división de un país no empieza con los fusiles, sino con el lenguaje: el día en que el adversario pasa a llamarse culpable y la discrepancia, crimen. Algo de aquel día hubo en la tarde del 7 de octubre.
La palabra asesinato
Conviene empezar por lo que ocurrió. Maricarmen vivía en el piso con un contrato de renta antigua. La empresa que compró el inmueble sostuvo que ese contrato se había extinguido; ella ganó en primera instancia, la Audiencia Provincial de Madrid revocó la sentencia y el Tribunal Supremo acabó dando la razón a la propiedad.
Pagaba unos 500 euros al mes; le pedían más de 2.700. Tras el desahucio vinieron una manifestación de decenas de miles de personas, la acampada de Sol, los dos decretos de vivienda que el Congreso tumbó el 2 de octubre y, tres días después, la disolución de las Cortes. Pocas veces una sola vecina ha movido tanto la política de un país.
Todo eso es política, y política legítima. Que la muerte de Maricarmen se discuta en campaña no es una profanación; es lo natural en una democracia donde la vivienda se ha convertido en la gran angustia de una generación.
Ella misma lo entendió así.
Cuando una periodista de RTVE le preguntó a quién responsabilizaba de lo que le estaba pasando, nombró a Pedro Sánchez, a Isabel Díaz Ayuso, a José Luis Martínez-Almeida y a la empresa propietaria, a cuyos responsables llamó inhumanos. Repartió la culpa con más ecuanimidad que muchos de sus herederos políticos.
Lo que no es legítimo es la palabra asesinato. Pasé 38 años en la carrera judicial, en salas donde esa palabra tenía un precio. Para pronunciarla hacía falta un autor, una conducta, un dolo y un juicio con todas las garantías, y aun así se pronunciaba con cuidado, porque de ella dependía la libertad de alguien.
En un mitin basta con un adversario. Y conviene reparar en quiénes son los asesinos implícitos de esa frase. Belarra incluyó a la Justicia entre los responsables, junto a los fondos y a las administraciones.
La Justicia, en este caso, son tres instancias que, con resultados distintos, aplicaron la ley vigente a un contrato. Se puede criticar esa ley, y yo lo he hecho en estas páginas.
Pero quien convierte una sentencia firme en un homicidio no está pidiendo otra ley. Está diciendo que los jueces matan.
El verbo eliminar
El segundo caso es de otra naturaleza, y conviene decirlo sin rodeos: aquí sí hay materia penal. Beatriz Biedma instruyó la causa contra David Sánchez, que terminó con la condena del hermano del presidente a nueve años de inhabilitación.
Mientras instruía, según la investigación que dirige Pedraz, la magistrada se convirtió en objetivo de una trama vinculada a Leire Díez.
En las notas intervenidas aparece la consigna «Paso 1: destruir el procedimiento». Un exjuez expulsado de la carrera intentó apartarla con una recusación que fue desestimada. Se fabricaron con inteligencia artificial imágenes falsas para humillarla.
La Fiscalía Anticorrupción aprecia «solventes indicios» de actuaciones dirigidas contra ella, y Pedraz la ha admitido como perjudicada, al menos por un delito de calumnia, y la citó a declarar el pasado 8 de octubre.
El escrito de la UCO añade la pieza más grave. Una mujer del clan de los Rocho declaró a los agentes que el exjuez contactó con ella a finales de 2024, dedicó a la magistrada un insulto que no hace falta reproducir y le dijo que había que eliminarla.
Los investigadores sitúan esas palabras en el terreno de una actuación física y aprecian, «siempre según su relato, la intención de causar un daño físico». La mujer asegura que se negó. Y el propio informe advierte que es un escrito meramente expositivo, no un análisis definitivo.
La pregunta que todos se hacen es si querían matarla. Un miembro del clan ha sostenido en un periódico que eliminar significaba eso, y la respuesta corresponde al tribunal.
Pero quien ha leído atestados durante media vida sabe leer también sus cautelas, y sabe que «meramente expositivo» no significa tranquilizador: significa que la investigación sigue.
Lo que ya consta en la causa basta para el diagnóstico: vídeos que aludían al colegio de los hijos de la jueza y un testimonio que sitúa a un clan del narcotráfico en la conversación. En una democracia sana, la pregunta de si querían matar a una jueza no llega siquiera a formularse. Que aquí se formule es ya la noticia.
Lo inquietante es lo que ocurrió en las horas siguientes. Lo que, de confirmarse, sería uno de los ataques más graves a la independencia judicial en nuestra democracia se convirtió en cuestión de minutos en munición de campaña.
El PP dictó una sentencia que la UCO no firma: el escrito no acredita que el presidente ni ningún ministro ordenaran nada, y ese «Sánchez apuntaba» es una condena sin juicio, idéntica en su mecánica al «asesinato» de Retiro, solo que en la dirección contraria.
Del otro lado, cuando el asunto llegó al Congreso en septiembre, el ministro de Justicia pidió que se dejara trabajar a la Justicia y reprochó a la oposición que quisiera difamar a todos los socialistas. Lo que debía decirse desde el Gobierno era otra cosa: que una instructora que investiga al hermano del presidente tiene derecho a que el presidente sea el primero en protegerla.
El daño no termina en Biedma: alcanza al próximo instructor, el que mañana reciba un asunto incómodo y se pregunte cuánto le va a costar.
Lo que se dice desde la otra media
Hay tres objeciones serias a todo lo anterior, y merecen respuesta.
La primera: pedir que no se politice una muerte es una forma de politizarla, y suele beneficiar a quien está cómodo con las cosas como están. Es verdad, y ya lo he concedido: la muerte de Maricarmen debe discutirse en campaña con toda la crudeza que haga falta.
El error no es politizar, sino criminalizar. Se puede reprochar a un gobierno, a una comunidad autónoma o a una empresa que no hicieran lo que debían; no se les puede llamar asesinos sin convertir la discusión en otra cosa.
La segunda: equiparar los dos casos es injusto, porque uno es una tragedia social y el otro un presunto delito de personas vinculadas a la órbita del partido del Gobierno.
También es verdad, y lo suscribo entero. Precisamente por eso los he puesto juntos. La España goyesca no consiste en que los dos bandos digan lo mismo, sino en que el país ha invertido su vocabulario: se reserva la palabra asesinato para una muerte precedida de un desahucio que pasó por tres instancias judiciales y se trata como munición electoral lo único que de verdad está en manos de un juez instructor. La hipérbole va donde no se ha acreditado un asesinato; el ruido, donde se investiga un posible delito.
La tercera: la política es conflicto, y la concordia, una ingenuidad de tertulia. No lo discuto. La democracia no suprime el duelo; cambia el arma. Sustituye la fuerza por el voto y la venganza por el proceso, y solo exige a los contendientes una cosa: que nadie dicte en la plaza la sentencia que corresponde a una sala.
Manuel Azaña lo dijo en Barcelona, en 1938, con una frase que debería colgar en todas las sedes de partido: «España no está dividida en dos zonas delimitadas por la línea de fuego». La dijo cuando la guerra llevaba ya dos años.
Una campaña en positivo
La campaña empieza oficialmente el 13 de noviembre y termina el 27; entre la convocatoria y las urnas, la ley electoral concede 54 días. Es poco para resolver la vivienda o reformar la justicia, pero suficiente para decidir cómo se pide el voto. Alguien tiene que decir basta, y decirlo democráticamente, es decir, sin otra piedra en la mano.
La dificultad es que la bronca ya no es un exceso de la política española, sino su método. La política se ha convertido en una profesión, y lo digo con pesar, y quien vive de ella necesita ante todo movilizar a los suyos. Nada moviliza tanto ni cuesta tan poco como un enemigo.
Una propuesta hay que estudiarla, presupuestarla y defenderla ante quien conoce la materia; un insulto cabe en una frase y circula en una hora. Por eso la bronca no es un defecto de carácter, sino una estrategia racional.
Toda estrategia, sin embargo, tiene un punto de saturación, y sospecho que lo hemos alcanzado. Los españoles estamos más cansados de la bronca de lo que creen quienes la diseñan, y quien se atreva a hacer una campaña en positivo tiene, me parece, mucho ganado.
No hablo de buenismo ni de eslóganes amables, sino de lo más difícil que puede hacer un candidato: presentarse con propuestas serias y realistas, con su coste, su calendario y su financiación, y defenderlas sin necesidad de que el adversario sea un asesino.
En vivienda, cuánto suelo, con qué plazos de licencia, con qué presupuesto y con qué incentivos fiscales, y no a quién culpar. En justicia, qué garantías tendrá el próximo instructor que reciba un asunto incómodo, gobierne quien gobierne.
Un país que ha llorado a una anciana desahuciada y ha leído que alguien quería eliminar a una jueza no necesita que le digan a quién odiar. Necesita que le digan qué van a hacer.
Las reglas del juego, además, no cuestan nada. Desterrar el vocabulario penal contra el adversario, porque nadie es un asesino ni un delincuente de Estado hasta que lo diga una sentencia. No señalar a ningún juez desde un atril, sea quien sea el investigado.
Y tratar la vivienda como lo que será a partir del 30 de noviembre: una negociación que el ganador necesitará con los mismos a quienes insulta en campaña, porque las competencias están repartidas entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Hay también una razón práctica, y es la que debería convencer a los estrategas. Nadie construye nada con quien ha llamado asesino. Quien gane el 29 de noviembre tendrá que pactar presupuestos, renovar órganos constitucionales y legislar sobre vivienda con al menos una parte de quienes recibieron sus insultos.
Cada insulto de campaña es una hipoteca sobre la legislatura siguiente. Y el basta puede pronunciarlo también el votante: castigando en las urnas a quien siga tirando piedras y premiando a quien llegue con algo que construir.
Azaña encontró sus tres palabras, paz, piedad y perdón, el 18 de julio de 1938, cuando la guerra llevaba ya dos años y el daño era irreparable. La ventaja de este otoño es que todavía puede evitarse casi todo.
El último epitafio
Larra terminó su paseo de vuelta en casa, convencido de que también su corazón era un sepulcro, y leyó en él un último letrero: «¡Aquí yace la esperanza!».
Poco más de tres meses después murió por su propia mano. El próximo día de difuntos caerá en plena precampaña, con Maricarmen recién enterrada y la causa de Badajoz todavía abierta.
La generación que describí en «Las dos Españas», la que prefiere inventarse el sueldo antes que esperarlo, aún no ha escrito ese letrero. Lo que se proponga, y no solo lo que se grite, hasta el 29 de noviembre decidirá si alguien se lo escribe.
Media España ha sobrevivido muchas veces a la otra media. A la esperanza enterrada no sobrevive ninguna de las dos.
