Los presupuestos son «insuficientes» para atender a las 350.000 dependientes en lista de espera
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04/4/2017 04:58
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Actualizado: 03/4/2017 21:20
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La Asociación de Directores y Gerentes Sociales denuncia la partida de 100 millones de euros adicionales que los presupuestos dedican a los programas de dependencia es insuficiente. De no alcanzarse los 450 millones, previos a la crisis, seguirán falleciendo 90 dependientes cada día. En los últimos cinco años unas 150.000 personas dependientes con derecho reconocido a recibir algúna prestación han fallecido.
Vertebrada en toda España, este colectivo de profesionales formado por psicólogos, trabajadores sociales o graduados sociales, que ahora preside el malacitano José Manuel Ramírez ya presentó el pasado mes en el Ateneo Madrileño un estudio sobre la situación de abandono de la dependencia en España. Ahora la perspectiva es más negra porque los PGE del 2017 solo contemplan 100 millones para el gasto social en dependencia.
«Incorporar 100 millones de euros en la partida 231 de la Seguridad Social (transferencias a las comunidades autónomas para atención a la dependencia por el nivel mínimo garantizado) no supone absolutamente nada», aseguran.
Desde esta asociación independiente, formada por expertos que gestionan recursos para colectivos con dependencia en residencias públicas o privadas, no se entiende porqué el presidente Rajoy “no cumple la ley y da respuesta a las cerca de 350.000 personas que aún esperan una ayuda en lista de espera. No hay leyes de primera o segunda categoría y el sr Rajoy debería cumplir la Ley de Dependencia”.
Para Ramírez el anuncio hecho desde el Gobierno de que con 100 millones de presupuesto que incrementan en gastos sociales solucionarán esta cuestión “es algo cruel y no se ajusta a la verdad. Con esa cantidad, solo se podría atender a 15.000 personas, que es el 4% de las personas en lista de espera”, apunta. Eso haría que las 330.000 personas seguirían sin estar atendidas, como hasta ahora. “Calculamos que 35.000 personas se morirán sin recibir la prestación por dependencia”, denuncia.
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes Sociales.
Falta voluntad política para ayudar a los dependientes
A su juicio, no se entiende porque no hay voluntad política de volver a la situación de antes de la crisis, cuando la financiación estatal previa a los recortes era de 450 millones además de otras medidas. Tambien muestra su disgusto por la presencia en este pacto del Gobierno con Ciudadanos donde «aseguraban, cuanto menos, la vuelta a la financiación estatal previa a los recortes de 2012″, que se estimaba en unos 450 millones».
Desde esta entidad se señala que o «los de Rivera se han dejado engañar; o son ellos los que nos han engañado a todos; o el equipo de Garicano tiene averiada la Excel. Ponemos de nuevo la nuestra a su disposición. O los de Rivera son torpes o son crueles, haciéndose cómplices de la decisión más canalla de este presupuesto 2017».
Desde este colectivo se denuncia que en los últimos cuatros años se viene haciendo una derogación encubierta de la Ley de Dependencia a través de Reales Decretos. Así José Manuel Ramírez recuerda que la semana de llegar Rajoy al Gobierno “en diciembre del 2011 firmo un RD para retrasar la atención a los moderados dependientes hasta el 2015. La siguiente medida fue en el PGE del 2012, en enero, tras su aprobación, suprimió el nivel acordado de financiación a las CCAA y ocasionó a éstas un quebranto económico de 285 millones de euros por la citada Ley de Dependencia, este dinero aún no se ha recuperado a fecha de hoy”.
Ramírez explica que el tercer Real Decreto “que ya supone la derogación encubierta de la Ley de Dependencia fue el de junio del 2012, donde se incluían diferentes reformas en el reino de España y se modificaban hasta catorce artículos de la Ley de Dependencia: se redujo el nivel de financiación mínimo en un 13%; se puso un plazo suspensivo de dos años para atender a las personas dependientes. Y en diciembre del 2013 otro Real Decreto para bajar la intensidad de la ayuda a domicilio y declarar incompatibles ciertas prestaciones”.
Este experto en servicios sociales recuerda que los avances de este colectivo han sido en los juzgados siguiendo la via contenciosa administrativa “en el 2013 se habló que se iban a solucionar estos asuntos en los juzgados de lo social, pero se siguen solventando en la via contenciosa. Así, familiares con personas con discapacidad han tenido que litigar durante cuatro o cinco años para que le reconozcan la Ley de Dependencia”.
Situación crónica
La situación es compleja y dura para muchas familias. Falta financiación desde hace años para que las personas dependientes reciban sus ayudas “El Estado en lugar de aportar el 50% que le corresponde de ese dinero, en este momento no aporta ni el 18% del total”. Ahora mismo, según datos de esta asociacion, las CCAA con más retrasos en este tipo de ayudas son Canarias y Catalunya, con una lista de espera por encima del 40%
Es papel mojado porque el aumento del gasto de 100 millones, más un 10%, lo que significa que teniendo en cuenta que la atención media de un dependiente cuesta 6.833 euros al año, en el mejor de los casos se podrían atender a unos 15.000 de la lista de espera, lo que condena al 96% restante de la lista de espera a no recibir prestación o servicio de la ley de dependencia durante este año.
Desde este colectivo resulta indignante y cruel porque supone que las administraciones seguirán incumpliendo la Ley y violando derechos subjetivos. En lo que resta de año fallecerán 35.000 personas que tenían un derecho reconocido sin recibir servicios o prestaciones. Eso sí, bajará la “lista de espera”.
La solución a esta situación está en invertir en servicios sociales y en apoyo a los numerosos dependientes de nuestro país. “Por cada millón de euros que se invierta en esta actividad se genera 35 puestos de trabajo directos y estables. Si atendiéramos a todas las personas que están en lista de espera se podría generar 90.000 puestos de trabajo estable y se recuperaría de la inversión pública un 40 % via impuestos diversos”.
Sobre el debate que habrá en el Congreso respecto a los PGE, estos profesionales descartan que algún grupo parlamentario denuncie la situación ya comentada en esta noticia y se puedan modificar con posterioridad, situación compleja por lo visto en los años anteriores “Lo peor de todo es que si nadie lo remedia muchas personas dependientes van a morir por no recibir la ayuda que deberían tener por la Ley de Dependencia».
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