El ministro de Justicia, Rafael Catalá, comparecerá esta tarde en el Congreso para aclarar las «presiones» que algunos fiscales, como el superior saliente de Murcia, Manuel López Bernal, denuncian haber recibido por parte del Ministerio Público para que no continuase adelante con su investigación contra el expresidente de Murcia, el ‘popular’ Pedro Antonio Sánchez imputado por el llamado ‘caso Púnica’.
Catalá acumula ya once peticiones de comparecencia por parte de los distintos grupos de la oposición para que dé cuenta también de otros asuntos, como los últimos relevos de fiscales decididos, algunos de los cuales estaban investigando distintas causas de corrupción.
En concreto, se le solicita su presencia en la Comisión de Justicia para que aclare por qué el Gobierno rechazó mantener a Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado al comprobar que no estaba dispuesta a aceptar algunos cambios en la cúpula del Ministerio Público, que afectaban, entre otros, a las jefaturas de Anticorrupción y Audiencia Nacional, según publicó el diario ‘El Mundo’.
EL FISCAL Y EL MINISTRO NIEGAN INJERENCIAS
La polémica abierta tras la denuncia del exfiscal de Murcia provocó una catarata de peticiones de comparecencia por parte de toda oposición, que consiguió que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, compareciera de inmediato en la citada comisión para explicar el criterio del Ministerio Público en casos de corrupción donde hay implicadas autoridades.
Una solicitud que sirvió para que la oposición le interpelara por los casos que afectan al presidente de Murcia y también al expresidente riojano, Pedro Sanz. Y es que, según el mismo periódico, la Fiscalía intervino en la investigación del chalé del actual vicepresidente del Senado para cambiar el criterio del fiscal encargado del caso.
En su comparecencia, el fiscal general del Estado rechazó haber recibido presión alguna por parte del Gobierno, la misma posición que viene defendiendo el ministro de Justicia, quien ha negado en multitud de ocasiones cualquier injerencia en la actuación del titular del Ministerio Público. Ahora bien, sí apuntó sobre las denuncias realizadas, entre otros, por López Bernal, que «lo anómalo» es que los fiscales «no acaten el criterio de sus superiores».
ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO
Por su parte, el grupo de Unidos Podemos ha registrado dos preguntas al ministro relacionadas con las sentencias al cantante de Def Con Dos, César Strawberry, y el rapero Valtonyc, ambos condenados a uno y tres años y medio de prisión respectivamente por delito de enaltecimiento del terrorismo.
En concreto le pedirán que explique «las reformas legislativas a poner en marcha para evitar que la libertad de expresión se vea menoscabada». Sobre ese tema se ha expresado este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en la cámara baja donde ha dicho que el artículo 578 del Código Penal que sanciona el delito de enaltecimiento del terrorismo no supone «ningún ataque a la libertad de expresión», sino que protege a las víctimas de cualquier humillación.
El ministro de Justicia ha explicado que en el caso de la tuitera murciana Cassandra, condenada a un año de cárcel en la Audiencia Nacional por 13 tuits sobre Carrero Blanco, y en casos similares, lo que se ha condenado es la vejación producida a través de los chistes, bromas y burlas.
Podemos también solicitará al ministro que informe sobre una declaraciones que realizó el pasado 14 de marzo en las que aseguraba que había derechos fundamentales, como el de huelga, que tenían que ser «equilibrados» con el desarrollo de la actividad económica.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
El grupo Mixto, pedirá a Catalá que explique qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar la independencia y objetividad de la Justicia, Fiscalía y Poder Judicial en España, visto que el Estado español ocupa el puesto 23 de entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea, según el Informe sobre indicadores de la justicia en la Unión Europea.
Además, le reclamarán que explique «su concepto de democracia y de numerito impropio en una democracia», en relación a la concentración de más de 40.000 personas apoyando al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, en una manifestación previa al juicio por la consulta del 9N, en el que han sido condenados por un delito de desobediencia.(CONFILEGAL/EP)
