El Comité Ejecutivo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI ) aprobaba hace unos días el ‘Informe de Derechos Humanos y Discapacidad, España 2016′, documento que examina críticamente el estado de situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España en el año 2016, con arreglo al marco de exigencias de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, vigente en España desde el año 2008.
En su condición de mecanismo independiente de seguimiento de ese tratado internacional en España, el CERMI elabora anualmente un informe general de situación, que se nutre de las quejas y denuncias de vulneraciones de derechos recibidas o registradas, de las investigaciones y encuestas realizadas a propia instancia y de la revisión de toda la información relevante disponible en relación con la calidad y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España.
Para Óscar Moral, asesor jurídico de CERMI: “Dentro de esta misión, y en calidad de organismo independiente para el seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPC), el CERMI ha publicado el VIII Informe que describe la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España, año 2016.
Para este jurista “La información que contiene el presente informe permite, a través de la denuncia y la reivindicación, que los operadores jurídicos en particular y la sociedad en general, tomen conciencia de estas realidades vulneradas, y que por tanto puedan conocer los ámbitos de actuación necesaria y de respeto obligado. Ese análisis pormenorizado de los artículos de la CDPC se complementa con propuestas de cambio normativo y también se resaltan y valoran las buenas prácticas”.
Al mismo tiempo sobre el contenido señala que “este informe contiene, además, una mención al informe presentado por la Defensoría del Pueblo y un anexo especial en relación al décimo aniversario de la CDPC, que contiene un informe de las medias adoptadas por España en relación a las principales recomendaciones que le manifestó el Comité de la CDPC en 2011 y un informe sobre los retos pendientes tras diez años de la CDPC”.
En el informe correspondiente al año 2016 se comprueba «la persistencia de violaciones estructurales y sistemáticas de los derechos humanos por parte de los poderes públicos y las autoridades que no han sido corregidas después de 10 años de vigencia del tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas«.
Y se citan ejemplos en cuestiones como la Privación del derecho de voto, educación segregada, ausencia de entornos accesibles, institucionalización forzada, inexistencia de apoyos para la vida independiente y la inclusión en la comunidad son solo algunas de las fallas con más carga vulneratoria que señala y documenta el informe sobre la situación en España en 2016, según se desprende de la lectura del citado informe
Con este informe, son ya 10 los estudios anuales realizados consecutivamente por el CERMI sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, lo que supone la mayor y más prolongada indagación efectuada en España sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad
Por último, Moral destaca que en dicho informe “se recoge el voto particular en el Auto desestimatorio del recurso de amparo en relación al derecho al voto de las personas con discapacidad, la propuesta del CERMI para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad y un informe de la Confederación Salud Mental España relativa al 30 aniversario de la reforma psiquiátrica”.
Nuestro interlocutor recuerda que el CERMI “es una plataforma unitaria de la sociedad civil de incidencia política, que actúa en defensa de los derechos e intereses de las mujeres y hombres con discapacidad y los de sus familias. En España hay en torno a cuatro millones de personas con discapacidad que, junto a su entorno familiar, suponen alrededor de doce millones de ciudadanas y ciudadanos”.
También revela que la misión de esta entidad, que acaba de cumplir sus primeros veinte años de existencia, “es articular y vertebrar el movimiento social español de la discapacidad para alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades con el resto de miembros de la sociedad, y, por tanto, su inclusión efectiva a través del respeto por sus derechos”.
