Joaquín Bernaldo de Quirós ha sido presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía y de la Comisión Nacional de la Competencia. Carlos Berbell/Confilegal.
Joaquín Bernaldo de Quirós: «Una de las peores cosas de nuestra Justicia es que no es predecible»
|
20/4/2017 04:59
|
Actualizado: 19/4/2017 23:33
|
Joaquín Bernaldo de Quirós, de 56 años, pasa por ser una de las cabezas mejor amuebladas con las que cuentan en Ramón y Cajal Abogados. Su trayectoria vital y profesional así lo atestigua, al igual que sus múltiples «testigos» a lo largo de su carrera profesional, como juez, que comenzó en 1984.
Hasta 2011, y por espacio de 10 años, fue presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (2001-2011). También fue miembro de la Comisión Mixta de Normalización de Procedimientos y Aplicación informática de ese tribunal y miembro de la Comisión de Informática del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Conoce, por lo tanto, las entrañas del «Leviatán» de la Justicia como pocos.
A ello se une una larga experiencia docente como profesor asociado de derecho administrativo en la Universidad de La Laguna y en la Universidad de Málaga, además ser autor de numerosas publicaciones sobre derecho administrativo.
En 2011 -y hasta 2013-, Bernaldo de Quirós asumió la Presidencia de la Comisión Nacional de la Competencia, el órgano regulador que luego se integró en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Aquel año renunció a volver a la judicatura y optó por darle un giro a su vida, fichando como socio por este influyente despacho, cuyo presidente es Pedro Ramón y Cajal, sobrino bisabuelo de nuestro Premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal.
En ese bufete lleva el área de Derecho Público Regulatorio. «Actúo en algunos asuntos penales que tienen una gran conexión con el derecho público. El derecho penal es casi todo ya y hay muchos tipos penales en blanco que se remiten a normas de derecho público. Esencialmente me ocupo de contencioso-administrativo procesal y, sobre todo, urbanismo, planificación territorial, ambiental…», explica el magistrado en excedencia.
No sabemos lo que puede decir el juzgado o el tribunal tal sobre un determinado asunto. Eso es tremendo.
Cuando les llega un cliente, una gran empresa extranjera, y les pregunta cuánto de predecible es nuestra justicia, ¿qué les suele contestar?
Qué pasa si algo sale mal y hay que judicializar una controversia, ¿verdad? Esa es una de las peores cosas de nuestra justicia. No es predecible.
Cuando hablo de falta de predecibilidad me refiero a las miles de resoluciones que uno puede encontrar aguas abajo, que no son las del Tribunal Supremo. El Supremo puede decir en cualquier momento que cambia su jurisprudencia. Para eso está. No, yo me refiero a la incertidumbre que se produce en las resoluciones me refiero de aguas abajo.
¿Qué sucede en esa cantidad ingente de órganos judiciales que todos los días producen resoluciones? No sabemos lo que puede decir el juzgado o el tribunal tal sobre un determinado asunto. Eso es tremendo.
¿Por qué esos tribunales de “aguas abajo”, como usted los describe, no siguen la doctrina del Tribunal Supremo?
El Tribunal Supremo puede acertar o equivocarse. Una persona con criterio jurídico puede analizar una sentencia del Tribunal Supremo y ver las posibles carencias. Incluso, ver que es una solución correctísima en unos casos concretos, pero que no se puede aplicar en otros porque produciría unos efectos perversos.
Cuando el máximo órgano decide hay que acatar esa decisión, si no, no existe la lógica jurídica y la cambiamos por el subjetivismo. No podemos comparar la decisión de un órgano colegiado, con experiencia, con la opinión de una persona –que puede ser muy lúcida- pero que no está contrastada con la experiencia o por la decisión de un órgano colegiado.
Como dijo un magistrado del Tribunal Supremo norteamericano cuando alguien cuestionó las decisiones de esa institución, “no somos los últimos por ser los mejores, somos los mejores por ser los últimos”.
Bernaldo de Quirós tenía su despacho pared con pared con el de la desaparecida Carme Chacón, exministra de Defensa y exministra de Vivienda, con la que mantenía una buena amistad. Confilegal.
¿Y en el caso de aquellos jueces que piensan que no les vincula la jurisprudencia?
Las personas que opinan que no están vinculados por la jurisprudencia en el ejercicio de su función jurisdiccional confunden los valores esenciales. Se amparan en la independencia judicial, algo consagrado en la Constitución, pero no conviene olvidar que la Constitución también consagra el principio de legalidad y evitar la arbitrariedad.
Vestir la arbitrariedad judicial de independencia es un sacrilegio gordo al ejercicio de la función jurisdiccional.
Los que opinan así, olvidan algo mucho más serio. La sociedad confía a los jueces la función jurisdiccional como poder judicial difuso. No es un poder judicial concentrado. La Constitución prohíbe los sindicatos de los jueces porque quiere un poder difuso. Ese poder difuso de cada juez no significa que el sistema de predicción del derecho no sea un sistema predecible, lógico.
Es decir, un sistema judicial basado en la independencia, con desconocimiento de la lógica, de la aplicación normal de las resoluciones, de una cierta predicción en la aplicación de una ley, ajustada al caso concreto.
Lo que no puede ser es blanco o negro, según el juez o el tribunal que te toque.
Las personas que opinan que no están vinculados por la jurisprudencia en el ejercicio de su función jurisdiccional confunden los valores esenciales
¿Cómo se valora esta falta de certeza en el sistema judicial cuando hay que aventurar un posible resultado de cara a un cliente?
Está claro que los jueces de primera instancia van a tener siempre criterios dispares, pero luego el sistema tiene unos mecanismos de corrección y unificación. El problema es cuando el sistema se aplica al revés. Lo primero que se intenta es que los mecanismos de corrección y de unificación cada vez tengan más trabas.
Antes existía un sistema perfecto, con una base muy amplia, con unos escalones superiores que iban depurando la doctrina y, al final, el sistema daba una solución.
Sin embargo, ahora, fruto de la sobrecarga, tenemos un escenario donde los órganos superiores cada vez tienen menos capacidad de resolver las discrepancias. Además, cada vez se limita más el acceso.
¿Hablamos de los 25 folios de los recursos ante el Supremo?
Esas cosas que están apareciendo. Esa especie de obsesión de los tribunales garantes finales de la eficacia del sistema. Esa obsesión de los tribunales de cada vez tener un trabajo más limitado produce aguas abajo una lectura distinta. Y esto provoca que como no me van a corregir impongo mi criterio.
Es el sistema el que está dando la ausencia de cierta certeza.
La arbitrariedad en las decisiones judiciales, sin una unificación, implica que ningún abogado se atreva a decir a su cliente qué va a pasar con su asunto.
Antes, según Bernaldo de Quirós, existía un sistema perfecto, con una base muy amplia, con unos escalones superiores que iban depurando la doctrina y, al final, el sistema daba una solución.
¿Existe una solución para esto?
Para solucionar esto ya está todo inventado, desde mecanismos de solución de conflictos extrajudiciales (mediación), mecanismos de solución de conflictos intrajudiciales, agilidad procesal, un sistema de unificación de criterios que funcione.
Hay que poner a disposición de los magistrados del Supremo todos los medios necesarios para que pueden realizar ese trabajo de unificación.
La solución no es limitar el acceso al Tribunal Supremo, limitar el acceso a la segunda instancia, sino que esos órganos funcionen con lógica.
Pues vamos en la dirección contraria
Lamentablemente. Hace años que vamos en un proceso inverso porque la legislación procesal se hace con criterios presupuestarios. Pensando además en un coste a corto plazo y pensando que ese coste en justicia es un coste hundido, es decir, que no tiene retorno económico y eso es una equivocación.
El coste en justicia sí tiene un retorno económico. El catedrático de econometría, Santos Pastor, tenía magníficos estudios sobre la eficiencia económica del sistema judicial. En uno de sus trabajos valoró la pérdida económica de un mal sistema judicial en medio punto del PIB. Es decir, lo que nos cuesta incrementar medio punto del PIB se iba en el mal funcionamiento del sistema judicial. No es verdad que la inversión en justicia sea un coste hundido.
Hay que poner a disposición de los magistrados del Supremo todos los medios necesarios para que pueden realizar ese trabajo de unificación
Hay alguna diferencia entre ser juez y abogado a la hora de abordar los asuntos
No, eso es algo que me sorprendió. Algunos compañeros jueces, tras mi paso a la abogacía, me preguntaban: “qué se siente en el otro lado, en la otra parte”. Siempre les he respondido que “yo estoy en el mismo sitio”.
Si te gusta el derecho y piensas que todo lo que aprendes a lo largo de tu vida es para conseguir una solución que se considera justa todas las funciones, la de juez, la de abogado, la del inspector de Hacienda o la de cualquier jurista son muy parecida. Todos sabemos interpretar el derecho y dónde está la solución correcta o justa.
Yo no considero que el paso a la abogacía sea la parte final de uno que ha sido juez. Puede ser la parte intermedia, incluso la parte inicial. La abogacía se enriquece cuando uno ha sido juez, y se enriquece la judicatura si has tenido la ocasión de ser abogado.
La experiencia previa, antes de entrar en la Judicatura, es muy valiosa, según Bernaldo de Quirós. Confilegal.
Usted fue un «pata negra».
¿A qué se refiere con “pata negra”?
Como usted bien sabe, a aquellos jueces que han entrado en la carrera mediante la consabida oposición se les denomina, entre sus antiguos compañeros, “patas negras”…
Yo aprobé la oposición y las pruebas restringidas de fiscalista. O sea, que debo tener, por lo tanto, dos “patas negras” (se ríe).
Muchos excompañeros suyos que se hicieron jueces por el tercer o por el cuarto turno dicen que la experiencia previa de haber trabajado de abogado antes que de juez conlleva un enriquecimiento evidente en la gestión de juzgar. Ahora que está en el otro lado, ¿lo comparte?
Sí. Cuando yo era juez, como usted dice “pata negra”, o sea venía desde la Universidad a la judicatura, y, por lo tanto, sin conocimiento de otra cosa que no fuera el conocimiento teórico de los temas, es decir, derecho positivo, y el ejercicio en la función jurisdiccional, curiosamente, no había ni un solo tema que enseñara lógica jurídica.
En la oposición no había ni un solo tema que te dijera cuál era lo justo. No había ni un solo tema que de dijera cómo había que analizar con lógica un caso. Todo era derecho positivo. Lo aprendí ejerciendo la jurisdicción. Lo podía haber aprendido ejerciendo la abogacía, de la misma forma.
Lo que pasa es que entré por esa vía. A mí no me parece mal, en absoluto, que para ser juez haya que ser otras cosas. Y eso, si es aprovechado, te genera un conocimiento para analizar la vida.
En el fondo, los jueces deciden qué es lo correcto, sin haber estado en la escena, sin haber tenido conocimiento previo de lo que pasa, y según se lo cuentan otros.
Para acertar en esa decisión es bueno tener unos conocimientos muy amplios.
Sí, en eso se basa la objetividad.
Así es. Pero la objetividad como rigor científico. Porque el problema es cuando se sustituye la objetividad por el subjetivismo de lo que piensa uno.
Hay que tener un distanciamiento, que solo el ejercicio continuo de una lógica, lógica normal, humana, aplicada al derecho, pero lógica, te permite analizar sin pasiones.
En la oposición no había ni un solo tema que te dijera cuál era lo justo. No había ni un solo tema que de dijera cómo había que analizar con lógica un caso
Cambiando de tema, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante reciente su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, hizo referencia a la posible regulación de la presentación de demandas colectivas. ¿Cuál es el punto de vista de un despacho como el suyo, que tiene a tantos bancos como clientes?
Lo que no se puede parar es un sentimiento social de obtención de una solución a un problema. No se puede evitar que los ciudadanos demanden una solución.
Si hay un problema en los que controles preventivos han fallado, obviamente nuestro sistema jurídico tiene que tener establecido que esa injusticia se repare mediante una acción judicial.
Si las leyes no son suficientemente buenas, si los órganos que tienen que velar para que se apliquen bien determinadas condiciones que afectan a consumidores, a ciudadanos, no funcionan, a estos ciudadanos les queda el 24 de la Constitución, la búsqueda de tutela judicial efectiva.
Si no nos gusta ese escenario lo lógico no es ponerle trabas al ejercicio de la acción judicial.
Nosotros hemos optado por el sistema que hemos optado. Tenemos una acción colectiva que es la que es y los jueces la interpretan como la interpretan. Y tenemos un efecto perverso que es el pleito masa, que no deja de ser una salida, a modo de agua, que encuentra una salida por otro sitio.
Para mí el problema no es tanto la acción colectiva y si hay que especializar juzgados, o subir las costas. Esas medidas de carácter presupuestario que implican una restricción de la tutela judicial efectiva, ni antes, como juez, ni ahora, como abogado, me parecen correctas.
Todo eso está inventado. Está más que estudiado. Nos viene de un país desarrollado, que es Estados Unidos. Y todo eso ya estaba en España, organismos de supervisión, de control, de defensa de la competencia, como el que dirigí. Su función era esa, descargar a los tribunales la solución de conflictos.
Todo eso estaba creado. Si no ha funcionado, el debate que hay que abrir es qué hacer con los organismos que han fallado.
Desde el punto de vista del magistrado en excedencia, habría que abrir un debate para saber por qué fallaron los organismos en los escándalos bancarios. Confilegal.
¿Y por qué fallaron?
Porque no se adaptaron al nuevo cambio de circunstancias, porque posiblemente el regulador no comprendió el problema que tenía ante sí. Y porque las instituciones son imperfectas y a veces fallan.
Hay que detectar el error y corregirlo.
Lo que no tiene sentido es, al primer ajuste que haya que hacer, cambiar el sistema completamente.
En términos de coste es costosísimo. Decía Winston Churchill, “orden, contraorden, desorden”.
Si algo no funciona hay que ajustarlo y ya está.
¿Por dónde cree que puede ir el avance que hizo Catalá?
Pues no lo sé. Posiblemente, buscar mecanismos alternativos de resolución de conflictos y aplicarlos.
No me parece lógico que se abran más juzgados, que se especialicen. Eso está ya muy rodado y no siempre ha funcionado muy bien.
Ramón y Cajal Abogados es un despacho de bajo perfil mediático, ¿qué opinión le merece que los abogados hagan publicidad?
Pues por haber venido de la judicatura, por haber estado en la Comisión Nacional de la Competencia, por la educación que recibí de mi padre, es que yo soy muy respetuoso con las personas.
Cada persona tiene el derecho a pensar que si nada se lo prohíbe puede hacer una cosa.
Carme Chacón dejó una huella muy buena en Ramón y Cajal; se notaba muchísimo la experiencia en la gestión. Era una perfecta organizadora del trabajo y eficaz gestora de tiempos y resultados
Lo que no está prohibido está permitido, principio general del derecho.
Esa es la base de la convivencia en occidente. Sólo la sociedad me puede prohibir que haga algo que en principio puedo hacer. Y sólo se puede hacer a través de leyes, lógicamente democráticas.
Si hay abogados que consideran que deben salir en los medios, me parece muy bien. De la misma forma que a oros les parecerá muy bien que otros no salgamos en los medios. Es un problema de respeto.
Recientemente su despacho fue protagonista de un hecho. Uno de los suyos, una abogada, exministra de Defensa y exministra de Vivienda, Carme Chacón, murió. Usted estaba particularmente afectado. ¿Tenía mucha relación con ella?
Sí, teníamos el despacho uno al lado de otro. Dos días después de su fallecimiento miraba a través de la puerta para ver si estaba su luz encendida para saludarla. Era un acto tan rutinario que…
Carme Chacón estuvo poco tiempo entre nosotros en términos cronológicos pero mucho tiempo en términos de intensidad. Dejó una huella muy buena. Era una persona muy fuerte. Jamás se quejaba de su problema cardiaco. Lo sabíamos por la prensa.
Tenía mucho interés en todo y ponía mucha ilusión. Para ella era muy importante.
Se notaba muchísimo la experiencia en la gestión. Era una perfecta organizadora del trabajo y eficaz gestora de tiempos y resultado.
Después tuve la suerte de ver algunos escritos en materia constitucional, que yo le pedí. Eran muy brillantes. Tenía un gran poso de conocimiento de derecho constitucional de sistemas comparados.
Noticias Relacionadas:
