Incrementar notablemente el millar de inspectores de trabajo que hay en nuestro país parece ser una de las claves para luchar de manera efectiva contra la economía sumergida, contexto en el que muchas empresas operan de forma fraudulentamente. Pese a ello Trabajo ha convertido 265.170 contratos temporales en indefinidos y recuperado entre 2012 hasta febrero del 2017 18.237 millones de euros. Sin embargo, la tarea aún es ardua sobre todo por la falta de medios que hace que esas inspecciones muchas sean documentales.
La propia Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado en diferentes foros públicos que “el fraude laboral supone una agresión intolerable contra los derechos laborales básicos de los trabajadores”. Por ello ha resaltado que “gracias a la labor desarrollada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha logrado la conversión de más de 265.710 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos”.
Sin embargo expertos como Carlos Javier Galán, socio director de Alberche Abogados y presidente de la sección de Derecho Laboral del ICAM, aún hay mucho por hacer “Creo que es importante reforzar los medios de la Inspección de Trabajo. Un millar de inspectores aproximado para todas las empresas del país es claramente insuficiente. Estamos a la cola de Europa en la ratio entre número de inspectores y número de empresas y empleados”.
Para este experto, la situación actual lo que está generando es que “ se tenga que hacer una actuación inspectora más documental que de visitas. Y a su vez lleva a la paradoja de que se controle más al que está dado de alta que al “pirata”: se vigilan los incumplimientos concretos de las empresas que sí están regularizadas más que el incumplimiento absoluto que supone la economía sumergida”.
Desde el propio Ministerio de Empleo aseguran que el impacto global de las actuaciones entre los años 2012 y 2017 asciende a unos 18.237 millones de euros. Se insiste también que La calidad del empleo comienza con el derecho a tener un contrato, a estar afiliado a la Seguridad Social, a tener formación, pensión de jubilación, o prestación por enfermedad. Desde agosto del 2013 funciona un buzón anónimo contra el fraude laboral que permite diferentes denuncias que luego comprueba la inspección de trabajo. Según sus primeros datos en sus dos primeros años de vida afloró 4.000 empleos sumergidos.
A juicio de nuestro experto, el problema reside en la falta de medios antes citada que deja situaciones sin atender “No me parece que la cuantía de las sanciones sea baja, en términos generales, sin perjuicio de que se pueda hacer algún ajuste. El problema no es que se actúe y el resultado sancionador sea insuficiente, el problema son las numerosas situaciones de incumplimiento ante las que no se llegar a actuar por esas limitaciones existentes”.
Otros datos que se conocen señalan que en nuestro país, desde 2012, gracias a la actuación de la Inspección, han aflorado 430.773 empleos, que antes no tenían derechos. Y al mismo tiempo se han detectado 6101 empresas sin actividad real, creadas únicamente con el objeto de acceder de forma indebida a diferentes prestaciones
Sobre la tipología de fraude existente en nuestro país, Galán destaca que “El gran problema sigue siendo el volumen de economía sumergida en este país: empresas sin dar de alta a las que nadie controla y trabajadores sin dar de alta. Esto implica detraer ingresos a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, pero además una inadmisible competencia desleal para las empresas que sí cumplen”.
Al mismo tiempo subraya que “dentro de las empresas registradas, la irregularidad más generalizada creo que es el fraude de ley en la contratación temporal, especialmente los contratos para supuestas obras o servicios determinados que realmente no tienen autonomía ni sustantividad propia, así como los falsos contratos formativos”:
Junto a ellos también se puede señalar como “otro fraude extendido tiene que ver con la jornada: altas a tiempo parcial que encubren realmente jornadas a tiempo completo, horas extraordinarias no retribuidas, etc. “
Además, este experto abogado laboralista señala que “no podemos olvidar las situaciones en las que no se reconoce una laboralidad que sí existe: los numerosos falsos autónomos que realmente son empleados y las subcontrataciones que encubren cesiones ilegales de mano de obra”. También cree que “podría citarse la imposición en la práctica de condiciones de trabajo inferiores a las reconocidas en convenio y todo lo que son prácticas antisindicales en las empresas”.
