A falta de conocer la Memoria de la Fiscalía de este 2016, la fiscal coordinadora de sala contra la criminalidad informática, Elvira Tejada, avanzó en el transcurso de su intervención en la mesa redonda sobre “Delitos en redes sociales”, que ha abierto estos IX Encuentros en Madrid, que los datos provisionales señalaban que los escritos de acusación en materia de delitos sobre redes sociales se habían incrementado en un 93% el pasado año con respecto al 2015.
En este acto, que organiza el ICAM,Tejada que estuvo en una mesa acompañada por el exmagistrado y colaborador de CONFILEGAL, Javier Puyol, Francisco Pérez Bes, secretario general de INCIBE, Ghassan Hadadd, Asesor Jurídico Senior pera el grupo Chouieri de Dubai, Blas Imbroda, presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional y Roberto Fernández, inspector jefe de la Policía Nacional, Sección Redes Sociales de la Unidad de Investigación Tecnológica, señaló la necesidad que la suplantación de identidad en redes sociales sea tipificado como delito.
“Hasta ahora no lo hemos conseguido y el legislador no lo ha tenido en consideración. Pero creemos que son graves aquellas situaciones en que utilizan tu perfil en redes sociales con el ánimo de cometer algún delito”. La fiscal recordó que ya hay determinadas suplantaciones relacionadas con la estafa o los ataques informáticos que tienen cierta cobertura legal “pero esta nueva situación se da cada vez más con frecuencia y debería tener una regulación penal adecuada”.
En su opinión es un acierto con la última reforma penal incluir el tipo de acoso permanente en el ordenamiento penal “referido a llamadas o mensajes que hacen sentirse a la «víctima acorralada”». Tejada recordó que hay mucha cooperación internacional en temas relacionados con pornografía infantil y terrorismo “cuestión que cambia cuando hablamos de conflictos relacionados con la privacidad y libertad de expresión, porque lo que es delito en un país en otro no hay infracción real”, apuntó.
Para esta jurista, el legislador ha ido adaptándose a nuevas conductas que fueron surgiendo en redes sociales en los últimos años y que han modificado el ordenamiento jurídico de forma progresiva. Aún así reveló que el trabajo de su red de fiscales, que ahora cumple cinco años desde que se puso en marcha, es complejo “Así también en el 2015 hubo otra reforma del Código Penal que penaba la difusión de videos que cedía una persona a otra que mantenían algún tipo de relación y que luego se difundía a terceros sin consentimiento de la persona perjudicada.
Por su parte, Roberto Fernández, inspector jefe de la Policía Nacional, explicó a los asistentes el funcionamiento de su unidad y cómo en muchas ocasiones esa investigación queda frenada porque no acaba de llegar la pertinente autorización judicial.
Recordó la fuerza del crimen organizado, redes internacionales que cuentan con poderosos medios y explicó que la práctica llamada sextorsion, chantaje sexual en redes sociales había generado durante el pasado año unas 5.000 denuncias, cantidad parecida a la de países como Italia, Catar o Marruecos. “Hay que ver la fórmula de potenciar la cooperación internacional en estos temas”, apuntó.
Ponentes como Javier Puyol y Francisco Pérez Bes, juristas especializados en el mundo del derecho tecnológico, insistieron en sus intervenciones en la necesidad de ser prudentes en cuanto al comportamiento en redes sociales. “Hay que darse cuenta que derechos como el de la privacidad o el de la libertad de expresión se están adaptando a los nuevos tiempos”, apuntó Puyol. “En un mundo tan interconectado y global hay que ver como se plantea el derecho a la intimidad y los interrogantes que lo rodean”, destacó Pérez Bes.
En su intervención Blas Imbroda abrió el debate sobre si las redes sociales deben estar sujetas a algún tipo de control externo. Desde su punto de vista hay algún tipo de delitos que se cometen en redes sociales que deberían tener una prescripción mayor de la que tienen en estos momentos. También mostró su desagrado por las campañas difamatorias que se hacen sobre determinadas personas desde el anonimato. “No nos ponemos de acuerdo si hay que controlar Internet para intentar evitar estas campañas de desprestigio que sufren determinadas personas”.
