Imagen de los juristas catalanes que apoyan el referéndum de independencia.
Más de medio millar de abogados catalanes piden celebrar el referéndum y advierten de abrir «otras vías» si el Estado se opone
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04/5/2017 04:57
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Actualizado: 04/5/2017 08:45
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Más de 600 juristas firmaron ayer un manifiesto que sostiene que el marco constitucional ampara la celebración de un referéndum en Cataluña y en el que se advierte de que si el Estado se opone a su celebración, «legitimaría abrir otras vías para que la ciudadanía de Cataluña expresase cómo quiere decidir su futuro».
Así lo han defendido en un debate celebrado en el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) cuatro firmantes del manifiesto: el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Asens (Barcelona en Comú, plataforma formada por Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Equo, Procés Constituent y Podemos.), la exdiputada de Esquerra Republicana de Catalunya Gemma Calvet, el abogado Miquel Sàmper y el catedrático de derecho penal de la Universidad de Barcelona Joan Queralt.
Al acto han asistido el conseller de Justicia, Carles Mundó; los diputados de JxSí Jordi Turull, Lluís Llach y Marc Sanglas; el coordinador nacional de Inicativa per Catalunya Verds y miembro de la dirección de los ‘comuns’, David Cid; el secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin; el líder de la coordinadora del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, junto con otros miembros de la coordinadora, y el presidente de Òmnium -entidad separatista catalana-, Jordi Cuixart.
En el documento, los juristas afirman que en el marco constitucional y desde su principio democrático se reconoce un derecho -denominado «derecho a decidir»- que supuestamente otorga a sus titulares las «facultades de discrepar abiertamente del orden constitucional y también de la unidad territorial, de proponer alternativas expresadas a través de un proceso democrático, ordinariamente un referéndum, y de realizar de manera negociada con los representantes del Estado la consecución del resultado obtenido».
Los firmantes se posicionan en este debate dando «pleno apoyo» a la celebración de un referéndum sobre el futuro de Cataluña como comunidad política, por lo que aclaran que esta consulta tiene cabida en el marco constitucional español ya que, al constituir un Estado de derecho y democrático, ofrece los instrumentos suficientes para dar salida al conflicto.
«También consideramos que una negativa continuada del Estado legitimaría a abrir otras vías para que la ciudadanía de Cataluña expresase cómo quiere decidir si futuro», avisan en el documento, que sólo recoge a sus 30 primeros impulsores.
Aseguran que la celebración del referéndum no sólo es legítima sino que «también es legal, porque el derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña arranca de la Constitución de una ponderación de sus principios estructurales: El Estado de derecho y democrático, junto con el de unidad y soberanía del derecho español», motivo por el cual consideran que también es jurídicamente exigible al Estado.
Asens rechazó las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando afirmó que ni quería ni podía permitir la celebración del referéndum en Cataluña: «Que no quiere es una evidencia. Que no puede es una mentira», ha zanjado el teniente de alcalde de Barcelona, que asegura que se están negando el ejercicio de un derecho por la fuerza utilizando el derecho de forma incorrecta.
«Es una cuestión de voluntad política. El derecho no es la clave que abre todas las puertas, pero tampoco puede ser a puerta que cierra las esperanzas», razonó, y llamó a los juristas a trabajar para desmentir los usos ilegítimos del derecho.
La exdiputada republicana explilcó que, con el manifiesto, los juristas están invocando al derecho para dar una salida y diciéndole al Gobierno central que «repiensen lo que están haciendo porque a comunidad internacional está viendo que aquí se producirá por la vía de los hechos la decisión democrática».
Queralt ha bromeado sobre que sólo aparezcan 30 nombres de los más de 600 firmantes del manifiesto, algo que responde al «miedo a sanciones» para un colectivo que, según él, no tiene tanto dinero como la entidad soberanista ANC, también sancionada.
Sàmper defendió el derecho como un instrumento para resolver los problemas de la sociedad: «Tiene que haber seguridad jurídica, pero tras un cambio tiene que haber movimiento. El movimiento catalán es enorme, grandioso. El movimiento del proceso es pacífico. El derecho no puede darles la espalda, sino que tiene que ser el instrumento que lo legitime».
Elena fue el encargado de clausurar el acto de presentación del manifiesto y ha agradecido a los ponentes que desmientan algunas de las «falacias que se usan como que el referéndum es ilegal». EP.
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