La Guardia Civil está investigando si el Departamento de Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña, dependiente de la Consejería de Trabajo y Asuntos, ha estado desviando fondos para realizar los procesos informáticos que necesitaban los convocantes del referéndum ilegal de independencia que se celebró el pasado 1 de octubre.
Según consta en el sumario que está instruyendo el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, la Guardia Civil emitió un informe para el juez en el que se recogían dos denuncias anónimas, recibidas en fechas y lugares diferentes, en las que se apuntaba este hecho, a las que los agentes dieron verosimilitud.
El informe recoge íntegras ambas denuncias.
DOS DENUNCIAS
La primera fue recibida el pasado 21 de julio en la Brigada Provincial de Información de Barcelona. En ella se explica que la empresa DXC Technologies está participando en un proyecto considerado por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña (CTiTI) «de alto secreto» y la fecha límite para la entrega era a «primeros de septiembre» para poder instalar las aplicaciones.
En el texto se explica que el CTiTI ha solicitado a sus proveedores de IT habituales la participación en la creación de los diferentes sistemas informáticos para dotar de medios a las estructuras de Estado que quería crear la Generalitat de Cataluña.
«Es ‘vox pópuli’ dentro de los proveedores IT que trabajan para el CTiTI que IBM directamente o mediante alguna de sus filiales está trabajando en la futura ‘hacienda catalana'», relata la denuncia.
Pero añade que hay otros sistemas informáticos tan importantes como el de Hacienda que se han asignado a otros proveedores. «De éstos, el que probablemente esté pasando más desapercibido a los investigadores de este despropósito es uno nuevo: DXC Technologies».
Según el denunciante, esta es una empresa creada recientemente a partir de la fusión de una parte escindida de HPE (Hewell Packard Enterprises) y CSC (Computer Sciences Corporation) y aclara que actualmente DXC gestiona más de 500 servidores para el CTiTI, donde se alojan multitud de sistemas de información, entre los que cita Enseñanza y Presidencia.
Expone que recientemente -la denuncia es de julio- el CTiTI ha solicitado a DXC un número considerable de servidores (más de 100) para un nuevo proyecto denominado internamente como TAULAT y relata las «peculiaridades» de ese proyecto que, afirma, «hacen sospechar que forma parte de las denominadas estructuras de Estado».
Así, apunta que el proyecto ha sido considerado por el CTiTI «de alto secreto», pero reconoce que «este secretismo» nunca se había solicitado en ningún otro proyecto asignado a DXC o anteriormente a HPE.
«Se ha declarado como el proyecto más prioritario de todos los asignados a DXC. Siendo un proyecto del Departamento de Bienestar Social (Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias) parece curioso que éste sea más prioritario que otros proyectos solicitados por el Departamento de Presidencia», argumenta la denuncia, en la que también se expone que la fecha límite para la provisión de los sistemas es a primeros de septiembre para disponer de tiempo para instalar las aplicaciones antes del 1 de octubre.
En la denuncia se precisa que «tecnológicamente» el proyecto tiene unos requerimientos muy grandes de infraestructura de comunicaciones ya que dispondrá de más de 4 millones de personas y 0,7 millones de instituciones como usuarios potenciales.
PRESUPUESTO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL REFERÉNDUM
La Guardia Civil aporta una segunda denuncia anónima recibida el 26 de septiembre en la aplicación de colaboración ciudadana de la Policía Nacional. En ella, un comunicante, también de forma anónima, dice lo siguiente: «Informo sobre el Referéndum. Están realizando software con referencial al 1 de octubre en el Departamento de Bienestar, en sus oficinas de la calle Taulat en la Agencia de Protección Social, software sobre el número de ciudadanos que van a votar,… y utilizan presupuesto de otros gastos de prestaciones para contratar personal para ese fin».
La Guardia Civil destaca en el informe que remite al juez que ambas comunicaciones se han recibido en dependencias de forma anónima e independiente y que ambas hacen mención a que el organismo utilizado para «dar cobertura al proceso de independencia y a la preparación del referéndum del 1 de octubre es el departamento de Bienestar Social, lo cual podría confirmar lo expuesto por ambos comunicantes de forma separada».
No obstante, la Guardia Civil ha hecho comprobaciones sobre la empresa DXC y le informa al juez de que se trata de una empresa propiedad de CSC Computer Sciences Holding Frans, de Francia y que, actualmente, junto con la empresa HP forman DXC. Los agentes, que hacen una detallada exposición del trabajo que realiza esta empresa, explican también que en 2013, HP logró un contrato de 62 millones de euros con el CTiTI de la Generalitat de Cataluña a desarrollar en 10 años, según el blog de Comisiones Obreras en esa empresa.
En el mismo blog, advierte el sindicato el 30 de junio de este año, que «la Generalitat es cliente de DCX y el hecho de cometer faltas muy graves, como es la cesión ilegal, puede suponer que la empresa pierda la capacidad de trabajar para la Administración».
El informe precisa que uno de los hechos «más importantes» es que la empresa DXC es un servicio externalizado «ajeno habitualmente a los intereses de los propios investigados y por práctica habitual, atienden los requerimientos judiciales entregando la información que se les solicita de forma completa».
Por ello, reclamaron al juez que les autorizara a realizar las gestiones necesarias para averiguar donde se encontraban los servidores con las réplicas de la información relativa al referéndum. EP.
