El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid incoa diligencias previas por presunto delito societario contra la actual delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, por su actuación en Mercamadrid cuando era concejala del Ayuntamiento de la capital. Esto supone su automática imputación y atiende la solicitud realizada en este sentido por la Fiscalía de Madrid.
Así se recoge en el auto del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que les da traslado de la denuncia formulada contra ellos por la Fiscalía y les advierte de que figuran como investigados (imputados), y que además ofrece acciones a los posibles perjudicados de Mercamadrid, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Además de Dancausa, se abre causa por un presunto delito societario contra otras 15 personas, entre ellas, Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad madrileña Ignacio González, y en prisión por la Operación Lezo.
El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la presidenta de Mercamadrid, Marta Higueras, presentaron hace un año ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito de denuncia por presuntas «prácticas irregulares» encontradas en la sociedad mixta Mercamadrid, participada por el Ayuntamiento en un 51 por ciento.
Posteriormente, el Ministerio Público presentó una denuncia poniendo el foco en las irregularidades en los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L. que –dice– han supuesto un “importante perjuicio patrimonial” para la primera, “a la vez que un enriquecimiento ilícito para Merca Ocio”, que valora en casi de 700.000 euros. Dancausa se encontraba en aquella etapa al frente del Consejo de Administración del ente.
También figuran ya como imputados el que fuera director de Mercamadrid José Manuel Torrecilla, su vicepresidenta primera María Jesús Prieto y la segunda María Dolores Flores Cerdán. En el mismo auto de incoación de previas el juzgado hace ofrecimiento de acciones a los posibles perjudicados por Mercamadrid.
En su denuncia la Fiscalía recuerda que en 2001 la empresa Mercamadrid S.A. convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A.
Mercamadrid S.A. estableció a la empresa la obligación de abonar en concepto de canon superficiario para el hotel 97.604,37 euros anuales y para la otra superficie impuso otro canon que ascendía a 41.830,44 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22, S.A. cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22, quien se subrogó en la posición de la primera.
