El decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, define el plan de contigencia desarrollado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente a la supuesta avalancha, sobre los Juzgados, de demandas relacionadas con las cláusulas abusivas de las hipotecas con una palabra: «infamia».
«El plan del CGPJ de crear un juzgado único por provincia para resolver hipotecas favorece a la banca y perjudica a los consumidores», afirma Muelas. «Es una aberración. Porque tratan de la misma forma a Madrid, que tiene 6.500.000 habitantes, que a Soria, con una población de 90.040 habitantes».
De acuerdo con Muelas, esos juzgados, caso de ponerse en marcha, «nacen colapsados de antemano».
Y pone como ejemplo el caso de la Región de Murcia.
«El gobierno prevé 45.000 demandas sobre hipotecas por cláusulas suelo sólo en la región de Murcia. 6 millones en toda España. A mí el cálculo de 45.000 demandas me parece corto. Porque no contempla las que tienen cláusulas de gastos y otras cosas, que sumarían 130.000, el triple», explica.
«Admitamos que sólo fueran a juicio las 45.000 por cláusulas suelo. Eso, si se concentra en un sólo juzgado, son 45 años de trabajo. Al final, el Juzgado será una dirección de Lexnet donde irán las demandas que no se resolverán nunca. El mensaje que se manda a la sociedad es que eso no va a salir jamás», añade.
Las Salas de Gobierno de 5 TSJ no apoyan los juzgados para las cláusulas suelo https://t.co/YQYoZUzOEU pic.twitter.com/GZzuaADXJt
— Confilegal (@Confilegal) May 11, 2017
«Eso es lo que se está cociendo ahora y la gente no se está percatando. Piense en Madrid. Con una población de 6,5 millones de habitantes, el número de posible demandas por cláusulas suelo se elevaría a 206.144, según datos del Gobierno. Eso significa que el juzgado único de Madrid tardaría 206 años en resolver las demandas», señala.
«¿La solución? Lo lógico sería hacer lo que se hizo en Valencia: reforzar la planta judicial. Si se dividen las 45.000 demandas entre los 54 juzgados de primera instancia de la región de Murcia salen a 833 asuntos por juzgado. Si un juzgado resuelve a razón de una media de 1.000 asuntos al año eso suponen 8 meses de retraso, no 45 años. Y si refuerzas el problema se minimiza», indica.
Peaje en la sombra inducido
La implementación de un sólo juzgado especializado en la Región de Murcia, en opinión del decano del Colegio de Abogados de Cartagena, va a tener una consecuencia inesperda, lo que denomina el «peaje en la sombra inducido».
Y lo explica de la siguiente manera: «La región de Murcia, como le he explicado, tiene 54 juzgados, con los partidos judiciales correspondientes. Si se crea un solo juzgado en Murcia capital los residentes del resto de los partidos judiciales que tengan hipotecas tendrán que viajar a esta ciudad para resolver su hipoteca».
«Esto implica un pequeño gasto económico y, además, una pequeña pérdida de horas de trabajo. La hora de trabajo en España, desde 2012, está valorada 21,3 euros y si se va a la guía Michelín y calcula cuál es el gasto de ida y vuelta desde su partido judicial al juzgado único -y considera que va a juicio una sola persona, sin el abogado-, ese es el peaje en la sombra para los ciudadanos que no pueden litigar en su partido judicial. Mi cálculo es de 1.309.083,31 euros. Obviamente, a un juicio van dos personas y no una sola vez. Tienes que ir al abogado, tienes que llevar documentación. Para aquel que va a reclamar 600 euros el tener que gastar entre 150 y 200 euros hace que no reclame«, cuenta. «No hay que olvidar que dos terceras partes de la población española no vive en capitales de provincia».
«En resumen: Tratan de quitarse los juicios de las cláusulas de gasto, no las de suelo. De reclamaciones relativamente pequeñas que son una milllonada. Sobre seis millones de hipotecas en España, con que le saques un euro a cada una son 6 millones de euros. Si le sacas 1.000, son mil millones de euros. Y 1.000 es la media de las clásulas de gastos. ¿Por qué tiene que pagar un ciudadano por el hecho de no residir en la capital de la provincia?», remacha Muelas.
Eso, llevado a Cataluña, el impacto de ese paeje en la sombra «es un pastizal», afirma Muelas.
Concretamente 6.075.977,14 euros.
«Estas son las consecuencias de la ‘novedosa’ medida del CGPJ», concluye el decano de Cartagena.
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