El ministerio fiscal solicita un total de 9 años, 3 meses de cárcel, una multa de 54.000 euros y 10 años de inhabilitación para votar para Francisco Nicolás Gómez Iglesias, “el pequeño Nicolás”, en la causa que ha instruido el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid en torno a sus actividades.
«Procede imponer al acusado, Francisco Nicolás Gómez Iglesias, por el delito de pertenencia a grupo criminal, la pena de 1 año y 3 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena», dice Alfonso San Román, fiscal del caso.
«Por el delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, y de violación de secretos, la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena», continúa en su escrito.
«Por el delito de cohecho activo, la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 10 años, multa de 18 meses con una cuota diaria de 100 €, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, y costas», añade.
Para los dos policías municipales de Madrid, Jorge González Hormigos y Felipe Gallego Santos, San Román solicita 1 año de prisión por pertenencia a grupo criminal, 3 años y 6 meses de cárcel, 6.600 euros de multa e inhabilitación absoluta durante 11 años -lo que supondría su salida del cuerpo- por el delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, y 4 años de prisión y otra multa de 4.500 euros por un delito de cohecho pasivo.
En el caso de Francisco Javier Sánchez López, guardia civil de la Casa de S.M. el Rey -en 2014-, el ministerio fiscal solicita al tribunal 2 años y 8 meses de prisión, más una multa de 16.200 euros, por el delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Para el excoordinador de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García Grande, solicita una multa de 4.500 euros por un delito de violación de secretos.
El escrito de acusación sigue el guión del auto de continuación por trámite de procedimiento abreviado, suscrito por el anterior titular del Juzgado, el magistrado Arturo Zamarriego, ahora en la Audiencia Provincial de Madrid.
El modus operandi siempre era el mismo.
«El pequeño Nicolás» facilitaba a uno o a varios de los investigados placas de matriculas de vehículos, líneas de teléfonos o números de identificación «a la vez que les precisaba la información que necesitaba obtener al contrastarlas con las bases de datos policiales (titularidad, domicilio, teléfono, condición laboral, etc.)».
«Los datos relativos a las matrículas eran utilizados, en algunos casos, por el acusado, Francisco Nicolás Gómez Iglesias, para contactar con los titulares de las placas de matrícula, a quienes les hacía creer que tenía estrecha relación con distintos organismos y autoridades de las Administraciones Públicas, y les ofrecía su ayuda para hacer gestiones ante las mismas, con la única finalidad de obtener dinero a cambio de una intermediación que, en realidad, era ficticia», dice el escrito fiscal.
«Los dos funcionarios de la PMM citados, a cambio de la colaboración referida, recibían gratificaciones en dinero. Los tres acusados habían creado un grupo de WhatsApp llamado ‘Dpto Seguridad Nacional’, en el que se concretaba cuando había dinero para repartir a cambio de esta colaboración», añade, y relata, a continuación 5 casos específicos. En el último tomó parte el agente de la Benemérita, Sánchez López.
