Cerca de un millón de familias esperan que el Bono Social alivie su situación

Cerca de un millón de familias esperan que el Bono Social alivie su situación

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16/6/2017 04:58
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Actualizado: 15/6/2017 22:29
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El Bono Social Eléctrico sigue siendo fuente de conflictos. En su próxima regulación, el Gobierno pretende que los servicios sociales abonen la factura de aquellos hogares que acrediten su vulnerabilidad severa. Algo poco viable, ya que evitar ese corte de suministro a las cerca del millón de familias que están en esas condiciones supondría unos 300 millones de euros anuales, según un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha elaborado un proyecto de Real Decreto que regula el llamado Bono Social para los consumidores vulnerables de energía eléctrica. La norma regulará las condiciones para obtener descuentos en la factura en función de determinadas circunstancias y establece las situaciones en la que el suministro será considerado esencial, lo que impedirá el corte del mismo.

La idea que tiene el equipo de Álvaro Nadal es que aprobada dicha norma obtendrán descuentos del 25% en su factura quienes estén en condición de “vulnerable” y del 40% si se considera “vulnerabilidad severa”. Esta se mide en función de la renta anual con relación al IPREM junto a otras circunstancias, por ejemplo, familias numerosas o familias compuestas por pensionistas.

Para José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, es inviable que desde los servicios sociales de Ayuntamientos y CCAA se pudiera financiar esos 300 millones anuales para evitar los cortes de suministro eléctrico. “Lo ideal es que se hubiera metido la partida en los Presupuestos Generales del Estado del 2017 para que las diferentes administraciones recibieran una parte que les corresponde. Hay que darse cuenta que cierta información, por cuestión de datos personales no podría ser cedida a terceros”.

A juicio de este profesional de los servicios sociales “ un  primer cálculo de hogares potenciales que podrían beneficiarse de la medida nos lleva a estimar que -con toda seguridad- serán más de 900.000 familias las que entrarían en el rango de vulnerabilidad severa ya que sus ingresos son inferiores a la mediana de renta del primer decil por unidades de consumo, lo que las sitúa por debajo de los umbrales del Real Decreto”.

La idea que se baraja a nivel operativo es que el proceder de las eléctricas ante un impago “será informar a sus clientes de que acudan a los servicios sociales y si estos pagan el 50% de sus facturas, entonces no se les cortará el suministro.” Ramírez destaca que no se ha contado para nada con este colectivo a la hora de diseñar ese borrador de proyecto de ley que han confirmado a CONFILEGAL está ya en Consejo de Ministros.

Pobreza en España

La aprobación de esta medida deja clara que en un país como el nuestro, que ha sufrido bastante en los últimos años, tiene unas bolsas de pobreza importante que habrá que ver cómo gestionar. “Hablamos de cerca de un millón de familias en riesgo de exclusión. Ahora con la nueva norma la presión pasa a CCAA y Ayuntamientos que pueden aparecer “culpables” de los cortes de luz en el futuro. Sus Servicios sociales no tienen dinero para financiar esta partida porque ya lo invierten en otras cuestiones también importantes”.

José Manuel Ramírez

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Para este experto “la pobreza no tiene apellidos. No hay una pobreza alimentaria, otra energética sino que es algo general. Habría que ver la forma de garantizar un ingreso mínimo vital a estas familias que reunieran los requisitos para recibir la misma y cubrir sus necesidades básicas. Estamos hablando del desarrollo del salario social en las CCAA que tiene encada autonomía un nombre concreto”.

Esa renta básica garantizada se ha calculado en 7.000 millones de euros anuales para cubrir todo el país, según datos en los que han coincidido Cáritas, partidos políticos como Ciudadanos y otras entidades “ahí habría que calcular el llamado salario social que sería sobre 1200 millones, más pensiones no contributivas y ayudas de emergencia a las familias”.

Curiosamente nuestro interlocutor destaca que esta medida en el pacto político entre Ciudadanos con el PP no está en estos momentos.

Esta renta básica ya existe en cuatro CCAA españolas como son País Vasco, Navarra, Aragón y Castilla-León “esto haría que los 7.000 millones pudieran reducirse de forma global. Tendría un impacto global importante para frenar el tránsito que están realizando muchas familias de la pobreza a la exclusión social y muchas conductas antisociales. Recuperar a muchas familias cuesta aún mucho más dinero”, señala José Manuel Ramírez.

“Los profesionales de servicios sociales estamos hartos de que un Ministerio como Industria defina “vulnerabilidad” o de que el de Economía defina “riesgo de exclusión”, véase el Código de Buenas Prácticas Bancarias, cuando no deberían definir estos conceptos”, apunta nuestro interlocutor quien cree que ya ha llegado el momento que nuestros políticos “se tomen en serio a la ciudadanía y analicen el asunto desde la óptica de los derechos fundamentales”.

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