El juicio por el expolio del Palau de la Música perpetrado por Fèlix Millet y Jordi Montull quedará visto para sentencia tras el derecho a la última palabra por parte de los acusados, después de cuatro meses de sesiones centradas especialmente en tratar de determinar si CDC cobró «mordidas» de la constructora Ferrovial a través de la institución cultural.
Previsiblemente, habrá que esperar hasta después del verano para conocer el fallo .
Han pasado casi ocho años desde que en el verano de 2009 los Mossos d’Esquadra irrumpieran en el Palau de la Música para registrarlo.
El conocido como caso Palau, con una quincena de acusados, tiene dos vertientes: el expolio del Palau, llevado a cabo y confesado en parte por su entonces presidente, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, y el presunto cobro de 6,6 millones de euros en comisiones de CDC de Ferrovial a cambio de obra, usando el Palau como «cañería» para recibir el dinero, en definición del fiscal.
Pese al largo y accidentado proceso de instrucción –con cambios de jueces y resolución de recursos que provocaron grandes retrasos–, el punto de inflexión del caso se produjo semanas antes del juicio: las defensas de Millet, Montull y la hija de éste y exdirectora financiera, Gemma Montull, pactaron con el fiscal confesar las comisiones de CDC en busca de una rebaja de penas, especialmente para ella.
Sin embargo, ni los dos exresponsables de Ferrovial acusados en la causa ni el extesorero convergente Daniel Osàcar han reconocido los hechos, que para el fiscal Emilio Sánchez Ulled son claros y delictivos, no sólo por las confesiones de Millet y los Montull si no, sobre todo, por la numerosa documentación exhibida en juicio que él considera que demuestra las comisiones.
El fiscal reclama 14 años y nueve meses de cárcel para Millet; diez años y diez meses para Montull; ocho años de cárcel para Osàcar y dos para Gemma Montull, como principales acusados en la causa.
En la última sesión el abogado de CDC, Xavier Melero, expondrá su informe final, algo que también harán las empresas acusadas como responsables civiles, para acabar con el derecho de los acusados a intervenir con su derecho a la última palabra, algo que al menos Gemma Montull tiene la intención de utilizar. (CONFILEGAL/EP)
