La Audiencia de Palma ha condenado a 3 años y 6 meses de prisión al empresario Jaime Fernández Abad, acusado de estafa agravada por quedarse alrededor de 44.000 euros de un pensionista tras ganarse su confianza y convencerlo de invertirlos en la construcción de un parque acuático en Calvià. Se da la circunstancia de que Abad ya fue enjuiciado y absuelto en el caso Scala de corrupción política.
La sentencia considera acreditado que Fernández, tras ganarse la confianza de la víctima, le convenció para que invirtiera los 44.000 euros en un negocio supuestamente «próspero y rentable», la construcción de un parque acuático en Palmanova.
La víctima le entregó el dinero y el acusado lo incorporó a su patrimonio. Fernández no ha dado ninguna explicación al tribunal acerca del destino que dio al dinero estafado.
El acusado también deberá indemnizar a la víctima. Se trata de un pensionista, que cobra una pensión de menos de 600 euros al mes y que carece de vivienda propia. La cantidad defraudada constituía sus únicos ahorros, fruto de la venta que tenía en propiedad con su esposa.
SE HABÍA VUELTO «IMPRESCINDIBLE»
Según recoge la sentencia tras practicar el juicio oral a finales de mayo, Fernández Abad -que es perito judicial tasador- se presentó ante la víctima como asesor y le asistió durante años en la administración y gestión de su patrimonio hasta volverse «imprescindible».
Como ejemplos, Fernández se encargó de la venta de la vivienda que tenía en común la víctima con su esposa, le buscó letrado y procurador para un procedimiento ordinario civil -para el que le llegó a prestar 12.000 euros-, le buscaba contratos de telefonía móvil, le consiguió el ingreso en una residencia para ancianos y guardaba joyas de la familia y documentación.
De hecho, la víctima acudía siempre a él con cualquier carta o gestión que le fuera difícil entender. Además, el empresario cuenta con un despacho profesional que contribuyó a inspirar mayor confianza sobre la víctima.
El tribunal considera ampliamente demostrado el control que ejercía Fernández sobre el afectado, pese a que la víctima tuvo dificultades para declarar -de entendimiento y de memoria- por su avanzada edad. El hombre no recordaba que le había firmado un poder general en 2008. Durante el juicio, el acusado negó la estafa e intentó desacreditar su testimonio diciendo que el anciano «estaba como una cabra».
Por otro lado, también ha sido determinante el testimonio del cajero de la sucursal bancaria de la víctima, presente el día que ésta acudió con Fernández para retirar el dinero, así como otros testigos que presenciaron la entrega.
CASO SCALA
Jaime Fernández Abad fue procesado en el caso Scala, una compleja trama corrupción política centrada en el desvío de unos siete millones de euros desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB).
En 2013, Fernández Abad fue absuelto junto a otro acusado, contra el que la Fiscalía retiró los cargos. La mujer de Fernández fue condenada a cuatro meses de prisión. (EP)
