El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado retener el importe que le ha salido a devolver en la declaración de la renta de Marta Ferrusola, mujer del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, y actualmente investigada por el origen presuntamente ilícito del patrimonio de la familia.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 adopta esta decisión de acuerdo con lo dispuesto por la Agencia Tributaria que ordena la retención de la cuantía, según recoge en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que no precisa a cuánto asciende el monto relativo al ejercicio de 2016.
Marta Ferrusola está siendo investigada junto con su marido y sus siete hijos en la Audiencia Nacional a raíz de las cuentas bancarias con fondos de origen desconocido que poseen en Andorra.
El magistrado atribuye a la matriarca el control del patrimonio de acuerdo con unos documentos aportados por la Fiscalía entre los que destaca una mención manuscrita de una hoja de solicitud de operaciones que autoriza atribuir a la mujer del expresidente catalán la «disposición de los fondos de la familia».
En concreto Ferrusola fue la receptora de una de las cuatro cuentas de la Fundación Kopeland, propiedad de su hijo mayor. También percibió la cuenta en la banca Reig (luego Andbank), que inicialmente se abrió en el año 2000 a nombre de Jordi Pujol Jr. con el ingreso de 307 millones de pesetas, según la información remitida por esta entidad bancaria.
En contra de la versión adoptada por la familia Pujol de que gran parte del patrimonio proviene de la herencia del abuelo Florenci, De la Mata apunta a que han coordinado durante años la gestión en Andorra de una fortuna de procedencia no determinada y que se ha asignado a negocios inmobiliarios y financieros en diferentes países.
El hijo mayor del matrimonio Jordi Pujol Ferrusola es el único de todos los investigados en la causa para el que se decretó prisión incondicional el pasado mes de abril por los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública pertenencia a organización criminal al haber desviado en el tiempo en el que se mantiene vigente la instrucción de la causa 30 millones de euros, según el magistrado instructor. (EP)
