El juez de Púnica, Manuel García Castellón, cita como investigados, entre el 20 y el 27 de julio, a 12 responsables de Arpegio, entre ellos el exviceconsejero madrileño de Medio Ambiente Miguel Ángel Ruiz y el ex consejero delegado de la empresa pública Eduardo Larraz.
El magistrado ha señalado en una providencia que la ronda de declaraciones comience con el día 20 con exconsejero delegado de Arpegio y exdirector del Gabinete de Celia Villalobos en el Ministerio de Sanidad y Consumo, Eduardo Larraz y la esposa de éste, María de los Ángeles de Diego Suso. A los que se investiga, entre otros aspectos, en relación con la cuenta que el matrimonio abrió en el Julius Bar & Co de Zurich en 2016.
El día siguiente será el turno de la que fuera directora de Proyectos del Plan Prisma, Pilar Rubio Izquierdo, así como de María Dolores Nogal González, Pilar Roca Suárez-Inclán y Francisco Esquivias Ferriz, exsecretario de la Fundación Arpegio que declaró como testigo en el juicio por la primera época de Gürtel .
Para el 25 de julio han sido llamados a declarar Adolfo Fernández Maestre, que asesoró a Arpegio, Sagrario Gómez Hernando y José Luis Jaraba Pérez, así como Tomás Fernández Jiménez y Pedro Bernad Moreno.
Finalmente, el día 27, ha sido citado Miguel Ángel Ruiz López, que fue consejero delegado de Arpegio en 2008-2010 y exviceconsejero de Medio Ambiente, cargo del que tuvo que dimitir recientemente tras ser imputado en el caso Púnica. Ese día también ha sido llamada a declarar como testigo Susana Magro Andrade.
Declaraciones en la comisión de investigación de la Asamblea
El propio Miguel Ángel Ruiz declaró ante la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid, sobre su actividad en Arpegio, por unos gastos de 22,5 millones, de los que seis millones se destinaron a allanar y compactar un descampado en Arganda del Rey para usarlo como aparcamiento y otros 16,5 millones de una factura de promoción del plan regional de inversiones y servicios de Madrid (Prisma).
Según su declaración, el aparcamiento «sirvió de base para adelantar las obras de edificación» del proyecto urbanístico de Arganda del Rey, donde la Comunidad de Madrid invertió 55 millones en comprar la parcela, de más de tres millones de metros cuadrados, y en acondicionarla para albergar tres conciertos de Rock in Río.
Ruiz también asumió los conceptos de una factura de 16,5 millones de euros producto del Plan Prisma 2006-2008 que Arpegio envió a la Comunidad en enero de 2010 y que la Intervención General de la región de Madrid no ha admitido.
En dicha explanada estaba previsto construir una infraestructura logística con un coste de 120 millones, unas obras que no se acometieron.
A Eduardo Larraz, la Agencia Tributaria habría «revelado la existencia de un flujo de fondos hacia cuentas abiertas por Adolfo Fernández Maestre en entidades bancarias suizas, según señaló Anticorrupción al solicitar la ampliación de la comisión rogatoria remitida a Suiza en relación a esas cuentas.
Fernández Maestre asesoró a Arpegio como administrador de la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos (DUSA), que fue subcontratada por la empresa pública para gestionar las licitaciones públicas del plan Prisma, y se le investiga junto a Larraz por la gestión que hicieron ambos en Arpegio.
