La Audiencia de Palma ha desestimado hoy ordenar el ingreso en prisión de los seis hermanos Ruiz–Mateos condenados por estafa y alzamiento de bienes hace dos semanas, solicitado por la Fiscalía, y deja en suspenso la ejecución de las penas hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso que han planteado.
El rechazo de las medidas cautelares pedidas el pasado lunes por el fiscal anticorrupción Joan Carrau supone que Alfonso, José María, Pablo y Zoilo Ruíz-Mateos Rivero continuarán en libertad mientras el alto tribunal estudia sus alegaciones, mientras que Javier y Álvaro seguirán cumpliendo las penas cárcel que pesan sobre ellos por otras causas, aunque ya disfrutan de permisos.
En su auto, la Sala entiende que aunque «los acusados han sido inicialmente condenados como autores de dos delitos, alguno de ellos grava, a penas que, salvo en un caso superan los seis años de prisión, lo que justificaría el que se acordara su ingreso en prisión», «pese a la existencia de arraigo personal y familiar». Sin embargo, «ponderando ambas circunstancias en el presente caso -arraigo y actitud procesal durante varios años (situación personal) y condena impuesta- la Sala considera razonable mantener su situación de libertad provisional».
En este sentido, subraya que «no hay motivos para pensar que no puedan ser suficientes las medidas ya acordadas».
Además, destaca que «los acusados, en ningún momento han tratado de eludir la acción de la justicia y, pese a las penas a que han sido inicialmente condenados, han comparecido en el día de hoya a la hora indicada». Siempre han cumplido «como consta en las respectivas piezas de situación personal, con las comparecencias apud-acta que se les impuso judicialmente».
No compartía este criterio el fiscal Carrau quien había solicitado para los seis hijos varones de José María Ruiz–Mateos prisión comunicada. Todos ello fueron condenados el pasado 4 de julio a penas de entre 6 años y medio y 5 años y 11 meses por estafa y alzamiento de bienes en la compra de sendos hoteles en Mallorca y Las Palmas.
El fiscal argumentaba que, además de esta condena, todos tienen pendientes tres juicios en los que se enfrentarán a peticiones de pena de 26 años para cada uno, y además disponen de recursos económicos en el extranjero, lo que representa un riesgo de fuga.
