El partido gobernante ha solicitado este lunes a la Audiencia Nacional el ingreso en prisión preventiva del que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez —cargo que ocupó entre 2013 y 2016 bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy— y del comisario Andrés Gómez Gordo.
El motivo: riesgo de fuga a escasos días del inicio del juicio oral por la ‘Operación Kitchen’, fijado para el próximo 6 de abril.
La petición llega en vísperas de un proceso judicial que promete convertirse en uno de los más políticamente explosivos de la última década.
La ‘Kitchen’ fue, según la acusación, un operativo parapolicial organizado presuntamente desde las propias entrañas del Estado para sustraer documentación comprometedora al extesorero del PP Luis Bárcenas.
Un acusado con pasaporte de uso frecuente y tres causas abiertas
El PSOE, que ejerce la acusación popular en la causa, no se limita a invocar el riesgo abstracto de fuga.
Lo construye con detalle.
Martínez está acusado de delitos que superan «sobradamente» el umbral de los dos años de prisión —malversación, organización criminal, vulneración de la intimidad, revelación de secretos, cohecho—,
Y acumula una historia procesal que, según los socialistas, se extiende desde 2013 hasta su última detención e ingreso en prisión preventiva en junio de 2025 por presuntamente pertenecer a una organización que ejecutaba ciberataques contra bases de datos de la Administración Pública.
Hay un dato que el escrito subraya con especial énfasis: Martínez está casado con una ciudadana mexicana. Viaja habitualmente a México por razones familiares. Para el PSOE, eso no es un detalle menor. Es un vector de fuga.
Pero la solicitud va más lejos. Con una precisión que roza lo forense, los socialistas llaman la atención sobre una incongruencia económica que consideran inexplicable: cómo sostiene Martínez los desplazamientos transnacionales frecuentes, las cargas familiares y, simultáneamente, la defensa letrada en tres causas penales de complejidad extraordinaria con el sueldo de letrado de las Cortes —su actual destino como funcionario— sin posibilidad legal de complementarlo con actividad privada.
La conclusión que se infiere en el escrito es directa: cabría sospechar que dispone de fuentes de ingresos no declaradas.
El comisario Gómez Gordo, ante la pérdida de su vínculo profesional con España
El caso del comisario Gómez Gordo presenta una geometría jurídica diferente, aunque igualmente preocupante para la acusación.
El PSOE señala que sobre él pesa ya una resolución judicial que contempla una pena de inhabilitación. Eso, en términos prácticos, significa la ruptura de su vínculo laboral con el territorio nacional como miembro de la Policía Nacional: elimina lo que la doctrina procesalista llama los «elementos de sujeción al proceso».
Sin empleo público en España, sin arraigo funcional, el incentivo para ausentarse de la jurisdicción crece.
La misma pregunta económica que se formula respecto a Martínez se proyecta sobre el comisario: cómo afronta los costes de su defensa en varias causas penales complejas con los ingresos propios de un funcionario.
El escrito apunta a «fuentes de ingresos adicionales no esclarecidas».
Una acusación popular con capacidad de presión procesal
Que sea el PSOE —y no la Fiscalía o la acusación particular— quien solicite estas medidas cautelares tiene un significado procesal que no conviene ignorar.
La acusación popular puede instar la prisión provisional, pero la decisión corresponde en exclusiva al tribunal.
La Audiencia Nacional deberá ahora ponderar si los indicios aportados alcanzan el estándar legal exigido por el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: riesgo concreto y fundado, no mera especulación.
El reloj corre. El juicio arranca el 6 de abril.
