Manuel Ruiz de Lara en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados; es magistrado de lo Mercantil de Barcelona y portavoz de la Plataforma. Carlos Berbell/Confilegal.
Manuel Ruiz de Lara: «La soberanía nacional alaba los debates jurídicos y, a mí, por impulsarlos me abren expediente disciplinario»
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22/7/2017 05:04
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Actualizado: 22/7/2017 08:01
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Manuel Ruiz de Lara, de 37 años, titular del Juzgado de lo Mercantil 10 de Barcelona, está exultante. Son las 7 de la tarde del viernes y acaba de terminar la Final de la Copa Másters de Debate Judicial Universitario, el culmen de la Segunda Liga Nacional de Debate Jurídico, celebrada en el Salón Ernest Lluch, del Congreso de los Diputados.
La organización del evento, la traca final después de celebrar las preliminares el pasado lunes y martes en la sede del Parlamento de Bruselas, y las semifinales en el Senado, se producía en la sede de Las Cortes. Y salió perfecto. Mejor, imposible.
Para Ruiz de Lara el «invento» es un hijo suyo. Algo que contribuyó a echar a andar hace tres años, por hobby, por interés personal, sin llevarse nada a cambio, ya es mayor de edad, ya tiene vida propia, aunque también es el origen de los dolores de cabeza recientes.
El CGPJ le abrió, precisamente un expediente disciplinario, por ello. Aunque luego se pudo colegir que lo que molestaba de él era su pertenencia a la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, una organización transversal formada por magistrados, fiscales, abogados, juristas y ciudadanos que realiza periódicamente estudios de los nombramientos discrecionales que lleva a cabo el Consejo.
Los resultados suelen ser hipercríticos y negativos y ponen en tela de juicio la tan publicitada tansparencia del órgano de gobierno de los jueces.
En ese contexto tiene lugar la entrevista.
¿Usted es profesor de Universidad, señor Ruiz de Lara?
No, no lo soy.
Entonces, ¿por qué se metió en esto?
Me metí por puro idealismo. Empezó hace tres años. Conocí a una chica universitaria. Me enseñó los debates que hacían y se me ocurrió impulsarlos. Lo hice antes de que naciera la Fundación, con unos chicos.
¿Y qué chicos eran?
Bueno, pues la que ahora es la presidenta de la Fundación Española del Debate Jurídico, Ana Fúnez, también Berta Ruiz, que era de la Universidad de Córdoba, Diego Rubio, de la Universidad de Málaga…
¿Cómo los conoció?
A Berta en una conferencia que fui a dar a Córdoba. A los demás porque me los presentó Berta y en los distintos torneos de debate jurídico universitario que se hicieron ese año.
¿Dónde comenzaron los debates que ahora han desembocado en esta Liga Nacional?
En Barcelona. La verdad es que, para mí, se convirtió en una pasión. La idea de ayudar formar a jóvenes en la oratoria, en el debate vivo jurídico, se convirtió en un reto. Fue –es- un hobby que al principio me costó dinero.
El primer viaje que se hizo a Bruselas y París lo pagué de mi bolsillo. Fueron casi 10.000 euros.
¿Por qué lo hizo?
Por idealismo. Me parecía muy bonito que los chavales aprendieran derecho de esta forma, que fomententaran sus cualidades oratorias y que aprendiran a pensar por sí mismos. Ellos son el futuro de nuestro país.
Ya sabe que en España hay un viejo dicho: “piensa mal y acertarás”. ¿De qué forma se puede pensar mal respecto a usted en esta actividad? ¿Me lo puede decir?
Bueno, yo no formo parte de la Fundación y no recibo ni un euro por ello. Colaboro con ella en la organización. Aporto mis amistades, mis conocimientos, para que formen parte de los jurados. No hay nada más. Soy transparente.
El magistrado de lo Mercantil 10 de Barcelona en los asientos que normalmente ocupan los señores diputados. Carlos Berbell/Confilegal.
¿Y cómo se explica lo del expediente disciplinario que le abrió el anterior promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial?
La verdad es que surrealista. No estoy nada preocupado porque no hay nada. El promotor ha hecho una especie de causa general prospectiva, para ver si me pueden imputar algún tipo de falta disciplinaria. Lo que sí lamento es el enorme desprestigio que este expediente supone para el propio CGPJ.
Resalto la responsabilidad que tienen los promotores de ese expediente disciplinario, la imagen que están dando a la carrera judicial. Y no puedo sino ligarlo, a una especia de represalia por los informes que, desde la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, de la que soy portavoz, hacemos de los nombramientos del Consejo.
¿Quiere usted decir que esto de la Liga de Debates Jurídicos Universitarios es una especie de cortina de humo para ajustarle las cuentas por ser miembro de la Plataforma?
Sí, es que no me cabe ninguna duda, porque esta es una actividad no retribuida y privada. No recibo nada por ella. Y encima me quieren imputar una falta disciplinaria por una supuesta incompatibilidad cuando el Supremo dice que no se necesita compatibilidad para pertenecer a la Junta Directiva de la Plataforma.
Por supuesto que es una represalia.
Es más, yo lo residenciaría en la Presidencia del Tribunal Supremo que parece que no le gusta mucho los informes que la Plataforma hace de los nombramientos del Consejo.
El impulsor de mi expediente disciplinario reside en la Presidencia del Tribunal Supremo
Espera un archivo de su expediente, ¿verdad?
No queda otra. En este procedimiento se está vulnerando el principio de presunción de inocencia. Parece que soy yo el que tengo que probar que no he cometido ninguna falta disciplinaria y sobre todo yo destaco tres cosas: primero, que se sobrepasó todo el tiempo de duración previsto y se utilizaron las diligencias informativas en fraude de ley; en segundo lugar, no hay ningún soporte probativo para imputarme ninguna de las tres faltas que me imputan, porque hasta el promotor se olvida de sentencias del Supremo y de la compatibilidad con una actividad no retribuida –no se puede probar lo que no existe- y el hecho particularmente grave de que el CGPJ utilice su oficina de prensa para divulgar unas diligencias que son declaradas por ellos mismos reservadas y secretas.
El único motivo es manchar la imagen de un magistrado como represalia a las acciones que hacemos desde la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.
Evidentemente el fondo es la plataforma. ¿Tiene algo que ver la sentencia que le ganó al CGPJ en la Sala Tercera del Supremo por la que obtuvo la plaza que actualmente ostenta en el Juzgado 10 de lo Mercantil de Barcelona, y que parecía estar pensada para otra persona…?
Supongo que eso particularmente no sentaría bien a quien promueve este expediente disciplinario, que fue precisamente la revocación de la decisión tomada por el CGPJ. Lo residencio más a los informes que hace la Plataforma. Pero estoy seguro de que todo el CGPJ no estaba al tanto de este expediente disciplinario. El impulsor de mi expediente disciplinario reside en la Presidencia del Tribunal Supremo.
Los debates de la final de la Liga de Debates Jurídicos han ido sobre cómo se hacen los nombramientos en el CGPJ, ¿verdad?-
Han ido sobre los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, sí. Y se ha hablado de todo. Desde el nombramiento de Carlos Lesmes como presidente del Supremo, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la Presidencia de la Audiencia Provincial de Málaga, la propia Presidencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo… Y se ha debatido si esos nombramientos se ajustaban a los parámetros de mérito y capacidad, si concurrían una serie de incompatibilidades…
¿Y cuál ha sido la postura ganadora?
La de que hay que reformar el sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial para que no suponga una amenaza a la independencia del poder judicial, se ajuste a criterios objetivos de mérito y capacidad y los nombramientos estén suficientemente motivados.
Con Ana Túnez, presidenta de la Fundación que organiza la Liga Nacional de Debate Judicial Universitario. Carlos Berbell/Confilegal.
¿Y sobre el CGPJ?
También ha versado sobre un cambio de elección de vocales del CGPJ.
¿Quién ha ganado?
La postura a favor de que se pase de una elección política a una elección por los jueces y magistrados de los 12 miembros vocales judiciales del CGPJ.
Como establece el Consejo de Europa.
Como establece el Consejo de Europa y la sentencia del Constitucional 108/1986, que recomendaba que fuera elegido por los jueces.
Se ha incidido durante los debates en la necesidad de cambiar el sistema de nombramientos
Desde fuera del mundo judicial mucha gente ve esta forma de elección como una provocación.
Más que una provocación, es una lucha por la independencia judicial y por garantizar un sistema objetivo de nombramientos y eliminar esa categoría, a la que dio luz la última reforma política, de magistrados con padrinos políticos.
Otra cosa es que el presidente del Tribunal Supremo no sea tan favorable a la independencia judicial y a un sistema de nombramientos judiciales y de vocales del CGPJ.
Recientemente se produjo la sentencia sobre la Presidencia del TSJ que hizo que el Pleno de la Sala Tercera se partiera en dos, 17 a 15, a favor de dar manga ancha al Consejo en lo que a nombramientos discrecionales se refiere. ¿Se ha debatido sobre esto también en esta final liguera?
Sí, se ha debatido sobre la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y se ha resaltado la motivación sobre la que se ajustó el Tribunal Supremo. Y se ha incidido, durante los debates, en la necesidad de cambiar el sistema de nombramientos.
Para que se basen en criterios objetivos, para que haya una seguridad jurídica y se sepa por qué se elige a un candidato, para que haya una motivación, que muchas veces las del Consejo obedecen a un corta y pega o a los intentos de influir del presidente, como pasó en la Sala Tercera, precisamente, que no se renovó a José Manuel Sieira, que había hecho un magnífico mandato, y se provocó el nombramiento de Luis María Díez Picazo en una Sala que es especialmente sensible para controlar los actos del Consejo General del Poder Judicial.
El magistrado, como cualquier otro asistente, no se recató de hacer fotos. Carlos Berbell/Confilegal.
Por lo que he visto, cuentan con promotores importantes como el bufete Legal y Económico y la Mutualidad de la Abogacía Española, Fe de Erratas e, incluso, Wolters Kluwer. Esto no es un negocio. ¿Se mantiene bien con esos ingresos?
La Fundación es gestionada y organizada por los universitarios que dirigen la Asociación de Debates. Son ellos los que conciertan con ciertos patrocinadores. Es una entidad absolutamente privada de la que no formamos parte jueces y magistrados. Nuestro compromiso, como jueces y magistrados, es acudir a presenciar los debates, ejercer la función de jurado, de manera completamente altruista, y sin recibir ninguna retribución.
Los universitarios son los que tienen el concierto con el apoyo de determinadas entidades para organizar los debates.
¿Esta ha sido la segunda o la tercera liga nacional?
En realidad es la tercera. Hace tres años, cuando no existía la Fundación, les apoyé en este proyecto de ir a París y Bruselas y a partir de ahí ese grupo decidió constituir la Asociación de Debates.
Con la Asociación de Debates, entonces, son dos años.
Así es.
Los chavales sacan, sobre todo conocimiento jurídico, el fomentar las habilidades oratorias, el aprender a pensar por sí mismos, acercarse a instituciones del Estado y tener contacto profesional con jueces y magistrados y abogados
El hecho de que tanto el Parlamento Europeo como el Senado y el Congreso de los Diputados ceda a la Fundación el espacio para celebrar sus finales supone un reconocimiento a su labor. ¿Lo ve usted así también?
Es un gran reconocimiento público, sí. A estas tres instituciones tenemos que sumar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Lo que me parece sorprendente es que el presidente del Tribunal Supremo impulse un expediente disciplinario cuando la sede de la soberanía nacional precisamente alaba esta iniciativa. Cuando no se puede imputar ninguna falta disciplinaria a un magistrado.
Es curioso y paradójico: La soberanía nacional alaba los debates jurídicos, como los que organiza la Fundación, y, a mí, por impulsarlos me abren expediente disciplinario.
Lo que tendría que hacer el CGPJ, desde mi punto de vista, es apoyar estos debates, promover la oratoria y, quizás, acogerlo en el propio Consejo o en el propio Tribunal Supremo.
¿Qué sacan los chavales de participar en esta liga?
Sobre todo conocimiento jurídico, el fomentar las habilidades oratorias, el aprender a pensar por sí mismos, acercarse a instituciones del Estado y tener contacto profesional con jueces y magistrados y abogados. Y posiblemente descubrir una posible vocación. Orientarse por la judicatura, la abogacía, el mundo profesional y vivir la experiencia personal. Ellos van a ser los futuros juristas, jueces, magistrados, fiscales, abogados y políticos del país.
Pedro Martín Molina, socio director de Legal y Económico, uno de los patrocinadores, ha dicho que posiblemente el año que viene podrá haber una liga iberoamericana…
De aquí sale la selección española de debate jurídico. El año pasado la selección española participó en una serie de debates en Buenos Aires y Santiago de Chile contra universidades de allí.
¿Va a ser un campeonato mundial? ¿Cuántos países va a haber?
Sí, en eso están.
Ganadores, organizadores y jueces posando para la clásica foto de familia; Ruiz de Lara, al fondo a la izquierda. Carlos Berbell/Confilegal.
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