Se cumplen cuatro años de la tragedia del tren Alvia 04155, que descarriló a escasos dos kilómetros de la estación de Santiago de Compostela, causando 80 muertos y lesiones a otros 144 pasajeros. Las víctimas y sus familiares no olvidan y siguen exigiendo justicia.
Este lunes marcharán de forma reivindicativa por las calles de la capital gallega para exigir justicia y responsabilidades políticas, por una tragedia ocurrida en vísperas del Día de Galicia y que creen podía haberse evitado.
El conocido como accidente de Angrois, por ser este el nombre del barrio donde aconteció, ha dado un drástico giro tanto político como judicial en el último año.
Afectados por el descarrilamiento en la curva de A Grandeira y sus familiares afrontan esta cita con el ánimo que supone el cambio en la causa, tanto en el plano judicial como en el político, con respecto a hace tan solo 12 meses. «El año pasado se iba a cerrar el caso en el juzgado y la comisión de investigación parecía inviable», recuerda, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de la plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez.
Desde el punto de vista político, el cambio de criterio de la nueva dirección del PSOE, contrario hasta ahora a que se constituyese una comisión de investigación en el Congreso, ha posibilitado que se investigue la tragedia ferroviaria.
Judicialmente, el cambio también ha sido importante, una vez que el juez imputase a quien en el momento del accidente era el director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, y el Gobierno europeo instara al Ministerio de Fomento a acometer una nueva investigación «independiente» del accidente.
Fue en mayo del año pasado cuando la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó al juzgado compostelano reabrir el caso, que el segundo juez instructor, Andrés Lago, con el apoyo de la Fiscalía, había cerrado con el maquinista como único imputado.
Los magistrados de la Audiencia coruñesa, que acaban de ratificar la situación procesal de Cortabitarte, detectan «indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos», responsabilidad que recaía entonces en quien ahora está reubicado en el administrador de infraestructuras ferroviarias como subdirector de Gestión Logística de Aprovisionamiento.
Conmemoraciones de este trágico 4º Aniversario
Las víctimas y familiares conmemorarán el cuarto aniversario del accidente con una marcha por las calles céntricas de Santiago de Compostela.
«Justicia y verdad» será la reivindicación de una movilización que afrontan con el ánimo renovado tras el cambio en la causa, tanto político como judicial.
La manifestación concluirá en la Plaza del Obradoiro pero partirá de la estación de tren de la capital gallega, una forma con la que los afectados por el accidente quieren hacer visibles la responsabilidad que según ellos tienen Renfe y Adif por la falta de sistemas de seguridad en el propio convoy y en la vía al no tener instalado el mecanismo de seguridad ERTMS, con el que el tren nunca habría llegado tan rápido a la curva de A Grandeira.
Precisamente, este pasado jueves el pleno municipal de Santiago de Compostela aprobó una moción del BNG que exigía la activación del citado sistema de seguridad en el tramo ferroviario Ourense-Santiago y la constitución de una comisión de investigación parlamentaria y técnica.
La propuesta salió adelante con el apoyo de Compostela Aberta, PSdeG y BNG y con la abstención del PPdeG.
También el jueves, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo que de constituirse la comisión de investigación sobre el accidente en el Congreso, la Xunta colaborará con lo que se le solicite, si bien criticó la utilización política del «dolor de las víctimas» por parte de diversos partidos y que haya formaciones que «en función de quien sea el secretario general cambia de opinión». (CONFILEGAL/EP)
