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Se abre hasta octubre una consulta pública sobre la futura Ley de Cambio Climático

Muchas zonas de España ya presentan un aspecto totalmente desértico.
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Buscar el máximo consenso entre los interlocutores y sectores de la sociedad es lo que busca el Gobierno al abrir este viernes un proceso de consulta pública que culminará el próximo 10 de octubre con la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Con esta nueva norma se pretende cumplir los objetivos en materia de energía y clima de la Unión Europea y los recogidos en el Acuerdo de París.

Todo el que lo desee puede hacer su aportación en el portal puesto en marcha http://www.lccte.gob.es/.

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El Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015, del que ahora Donald Trump quiere sacar a EEUU, fue un hito de importancia histórica en la lucha mundial contra el cambio climático. Fue suscrito por 195 países y su objetivo principal es una transición global que culminará en un modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático.

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En este contexto los firmantes se comprometen a mantener el aumento de la temperatura en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados, e impulsar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a otros niveles más bajos.

Nuestro país ratificó el citado Acuerdo de París en abril del 2016 que entraría en vigor en España el pasado 11 de febrero del 2017.  Ahora, los ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) son las entidades públicas que han abierto dicho proceso de consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Así, todo el que lo desee, y hasta el próximo 10 de octubre, puede aportar sus contribuciones al futuro anteproyecto de ley en el portal web .

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La idea de nuestro Gobierno es encontrar el máximo consenso posible porque se piensa en la importancia de dicha norma, trascendente para nuestro actual modelo de producción y de consumo. La futura Ley servirá para cumplir con los objetivos de la Unión Europea en materia de sostenibilidad, así como los recogidos en el Acuerdo de París donde señala que cada país tendrá que diseñar un plan sobre esta cuestión. Se trata de buscar una transición ordenada de nuestra economía hacia un modelo bajo en carbono y que se adapte a los retos del clima.

Según algunos expertos consultados en este tema, se trata de elaborar un instrumento que marque el camino para alcanzar los compromisos internacionales adquiridos en materia de cambio climático y energía y aprovechar además las posibilidades de desarrollo que puedan surgir del nuevo modelo económico, con el menor coste posible y generando crecimiento económico, empleo y bienestar a los ciudadanos.

Se trata de un procedimiento “novedoso”, según fuentes ministeriales, porque deja a la ciudadanía expresar sus opiniones para modelar una ley sin la base de un borrador previo, tan solo mediante un formulario de 24 preguntas concretas, aunque también se incluirán cuestiones de carácter más general.

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Hay que recordar una cuestión como el cambio climático fue uno de los protagonistas de la última cumbre del G.20 celebrada a primeros de julio del 2017. Tras la decisión del Donald Trump de que EEUU abandone dicho Acuerdo de París, los mandatarios de los países más importantes del globo, ratificaron no obstante su compromiso con esa iniciativa. De hecho llegaron a señalar que dicho Acuerdo de París es irreversible.

Norma transversal, abierta a la participación de muchos expertos

Para la elaboración de este anteproyecto de Ley, y dada la transversalidad de las políticas en materia de cambio climático, en abril de puso en marcha un grupo de trabajo interministerial con representantes de los ministerios involucrados.

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Posteriormente, MAPAMA y MINETAD organizaron unas jornadas de debate que reunieron a más de 400 expertos para abordar propuestas de los diferentes sectores. La iniciativa permitió recabar aportaciones y constituyó una ambiciosa fase previa al lanzamiento formal de la tramitación de la Ley.

Además, el pasado 14 de julio, el Consejo de Ministros aprobaba la creación de una Comisión de Expertos para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética para analizar posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico y que permitan cumplir con los objetivos establecidos de la forma más eficiente posible.

Propuestas ya entregadas desde el mundo de la empresa por Forética

En cuanto a las propuestas, organizaciones como Forética reunió hace unos días  a los responsables de las estrategias frente al cambio climático de las 50 empresas miembro del Clúster de Cambio Climático, que la organización coordina en España, como único representante en nuestro país del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), entidad referente a nivel mundial a nivel de desarrollo sostenible. Su director Roland Hunziker mantuvo una reunión con este grupo de empresas.

En el encuentro, Germán Granda, como director General de Forética y en representación de las 50 empresas del Clúster, hizo entrega a Valvanera Ulargui, directora de la Oficina del Cambio Climático, de un documento con las diferentes propuestas que aporta dicha organización.

Entre las principales propuestas recogidas en este documento se encuentran: el establecimiento de objetivos ambiciosos 2030 y 2050, una hoja de ruta clara y un seguimiento y revisión programado cada cinco años, un sistema de transparencia y reporting de la evolución del cumplimiento de objetivos, un sistema de gobernanza climática, establecimiento de incentivos o el fomento de los criterios climáticos entre los criterios de compra pública responsable.

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En palabras de Granda, el Clúster de Cambio Climático, referente empresarial en materia de cambio climático, como parte de su objetivo de colaboración con las Administraciones Públicas, busca, a través de este documento, ofrecer su apoyo y demostrar el compromiso empresarial activo en la lucha contra el cambio climático”.  En este Cluster participan empresas como Calidad Pascual, Gas Natural Fenosa, Grupo Cooperativo Cajamar, IKEA, OHL y Sanitas, muy interesados en ofrecer su aportación para crear entornos urbanos más sostenibles.

Greenpeace y su Alianza del Clima en pro de frenar el cambio climático

Con motivo de las Jornadas Debate sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que tuvieron lugar el pasado mes de mayo, Greenpeace publica un documento con propuestas sobre el contenido que debería tener la ley para cumplir con los objetivos de proteger el medio ambiente y a la ciudadanía.  A su juicio debe darse un paso más allá de lo que señala la UE y apostar por unos objetivos de reducción lo suficientemente ambiciosos como para contribuir a frenar el cambio climático.

“La ley que necesitamos tiene que democratizar la energía y marcar claramente la ruta hacia un sistema eficiente, inteligente y 100% renovable. Esta es la oportunidad para que el Gobierno deje de defender y subvencionar las energías sucias y peligrosas como el carbón y la nuclear, y acabe con inventos injustificables como el impuesto al sol”, declaraba José Luis García Ortega, responsable del área de campañas de Greenpeace. 

Greenpeace también señala las políticas que se deben aplicar en otros sectores con una gran contribución al cambio climático, como el agrícola, con medidas que fomenten una agricultura sostenible que permita alimentar a las personas, fijar población en el entorno rural y reducir drásticamente las emisiones provenientes de la fertilización química y de la ganadería industrial.  Además de la aplicación de políticas de “Residuo Cero” basadas en los principios de una Economía Circular.

Esta entidad junto a otras organizaciones crearon la llamada Alianza por el Clima, quien también participa en dicho documento. A lo largo del mismo estos expertos abordan también la biodiversidad y la gestión sostenible del medio natural, terrestre y marino, como elemento clave que contribuye a la reducción de las emisiones de efecto invernadero. Y dedica un apartado a la política fiscal que se debería aplicar basada en el principio de “quien contamina, paga”, adoptado por la Unión Europea como una de las estrategias fundamentales de su política ambiental. La futura ley no puede obviar la dimensión social y los distintos impactos que está provocando el cambio climático, tanto dentro como fuera de nuestras frontera.