La Subcomisión del Congreso que estudia un Pacto contra la Violencia de Género aprobó ayer lunes 24 de julio por unanimidad un total de 200 medidas, con 1.000 millones de euros de presupuesto para los próximos cinco años.
En cualquier caso, los grupos parlamentarios, como PSOE y Podemos, anunciaron que presentarán votos particulares con más medidas durante el debate del acuerdo, que previsiblemente se aprobará el próximo viernes 28 de julio en la Comisión de Igualdad del Congreso.
Entre las medidas acordadas, destaca la que permitirá a los servicios sociales y sanitarios acreditar a víctimas de violencia de género que no hayan presentado denuncia; o la introducción de asignaturas obligatorias y evaluables sobre violencia de género en las carreras del ámbito judicial, educativo, sanitario y policial.
El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, destacó que se trata de un acuerdo «sin precedentes» en el que «nuevos partidos, grandes y pequeños» han dado «una respuesta con altura de miras».
Además, ha puesto de relieve que no se trata solo de una recopilación de sugerencias sino que estas van acompañadas de «un esfuerzo de 1.000 millones de euros».
Maroto reconoció que ha habido medidas que «ha costado mucho sacar adelante» y ha destacado algunas como que todos los partidos van a pedir a partir de ahora «que en todas las escuelas haya asignaturas obligatorias en las que se hable de igualdad y respeto»; que haya una coordinación en la Sanidad para interpretar los signos de violencia machista; que una mujer maltratada sin trabajo pueda tener seis meses de prestación por desempleo; o perseguir las calumnias en Internet y las redes sociales en relación a la violencia de género. Además, ha añadido que el PP no presentará votos particulares.
Por su parte, la portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, ha manifestado que ha sido «duro» alcanzar este acuerdo, pero ha destacado que el PSOE ha conseguido «arrastrar al PP» a este pacto. «Este país tiene que felicitarse porque hemos sido capaces de llegar a un acuerdo de mínimos», ha destacado. En todo caso, ha indicado que, de cara al próximo viernes, el PSOE presentará «una batería de votos particulares» ya que «no todas las demandas han quedado satisfechas en este pacto».
Entre los votos particulares del PSOE se encontrará el asunto de la derogación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que exime a la víctima de declarar contra su agresor, según indicó Álvarez a Europa Press.
Para la portavoz de Igualdad de Podemos, Ángela Rodríguez, el acuerdo pactado es «insuficiente» porque «adolece de cuestiones fundamentales» y de falto de un «enfoque feminista».
PACTO «DESCAFEINADO»
«Este pacto es descafeinado en algunas cuestiones no solo por la capacidad que tiene de exigirle al Ejecutivo el cumplimiento de las medidas, no solo por la ‘calendarización’ de estas medidas, no solo por la posible ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, sino por el enfoque», matizó.
Mientras, la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Patricia Reyes, celebró que todos los grupos hayan llegado este lunes a «200 medidas de consenso» y con un compromiso económico de 1.000 millones de euros. «Nos parece que hoy es un día importante porque se ha conseguido que todos los grupos lleguen a un acuerdo», ha destacado.
Entre las medidas acordadas, Reyes ha puesto de relieve la que permitirá que servicios sociales y sanitarios acrediten a las víctimas de violencia machista sin denuncia ya que, según ha recordado, «el 80 por ciento de las mujeres no denuncia».
«Por eso nos parecía importante ayudar a todas estas mujeres que hasta ahora no han tenido prácticamente ningún apoyo porque todo estaba supeditado a la demanda judicial», ha subrayado.
También ha destacado que para vigilar el cumplimiento de las propuestas se creará una comisión de seguimiento en el Congreso que se encargará también de revisarlo. Sobre los votos particulares, Reyes ha precisado a Europa Press que tendrán que valorarlo.
Por otro lado, la diputada de Compromís, Marta Sorlí, ha indicado que lo más importante del pacto es «el acuerdo económico que respeta las competencias autonómicas» y «dota presupuestariamente a autonomías y ayuntamientos, que son los que hacen el trabajo directo con las mujeres». Si bien, ha precisado que este acuerdo es «insuficiente» y que hay que ir «más allá» porque «la violencia machista es mucho más que la violencia dentro de la pareja». EP.
